¿Qué pasa en el Poder Judicial en Bluefields? Por donde apretemos sale pus

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Escrito por: Ileana Lacayo Ortiz

La separación de poderes, tradicionalmente Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está basada en la necesidad de que existan, como postularon John Locke y Montesquieu, contrapesos y equilibrios, un balance entre los distintos poderes de un estado para que, a través de los controles  entre  unos  y  otros,  se  garantice  la  igualdad  de  derechos  inherente  a  una democracia,  mediante  la  distribución  de  responsabilidades  y  controles  entre  los  distintos poderes.

En  Nicaragua  a  partir  de  1991  con  la  instalación  del  primer gobierno  “democrático”,  se sentaron nuevas base para que la administración de justicia contara con la  independencia, profesionalismo  y  principios  rectores  del  derecho  universal;  esas  bases  no  fueron cimentadas fuertemente y ya en 1995, los liberales y la repartición de cuotas con el FSLN, se empieza a fregar la cuestión. Es así que desde hace más de 23 años los magistrados, jueces y funcionarios judiciales son nombrados en base a propuestas hechas por los dos principales partidos en el poder. 

Entiendo que ya hay una camada de jueces y magistrados que han llegado al cargo por oposición,  es  decir  han  tenido  que  hacer  exámenes  y  calificar  al  cargo.  En  Bluefields  la única magistrada que ha llegado bajo ese proceso ha sido Suyen Bolaños Chow.

La  fase  más  aguda  del  secuestro  de  los  poderes  se  vive  desde  que  el  FSLN  de  Daniel Ortega regreso al poder, este órgano  judicial perdió la vergüenza y la poca dignidad que tenía,  al  declarar  “inconstitucional” a  la  “Constitución  Política  de  Nicaragua”,  cuando la modificaron  para  eliminar  el  artículo  que  prohibía  la  reelección  de  presidentes  y  vicepresidentes. (Artículo 147 Cn).

Pero ¿por qué es importante la separación de poderes? y, en concreto, ¿por qué es un secuestro democrático el reparto entre los partidos políticos de los miembros de organismos judiciales? 

Lo  principal  es  que  si  los  mismos  organismos  que  deben  controlar  y  fiscalizar  al  poder legislativo y ejecutivo, lo conforman miembros afines o nombrados por ese mismo poder, lo que  sucede  es  que  desaparece  la  soberanía  popular.  Dejan  de  existir  poderes  que garanticen la salud democrática de las instituciones y que estas sigan bajo la supervisión y control de los ciudadanos.

Lo que pasa en Nicaragua es una perversión del sentido de la separación de poderes y, dicho sea de paso, una manipulación sobre el verdadero sentido de la soberanía popular, donde el ciudadano debe tener órganos “independientes” que ejerzan de control sobre el resto.

Además, está el hecho de que los partidos políticos son organizaciones catalizadoras de las distintas sensibilidades e ideologías, pero no son el poder ejecutivo (el gobierno) ni el legislativo  (La  Asamblea  Nacional),  que  es  a  quien  deben  controlar  y  vigilar  el  resto de poderes, en este caso el judicial; porque si no ¿quién vigila al vigilante?, pues vigilantes puestos por los mismos vigilantes.

Especialmente vergonzoso y frágil es que prácticamente todos los funcionarios judiciales, o al menos el 90% de estos hayan sido impuestos por el FSLN, o en tiempos pasados se han repartido la tarta judicial con el partido PACTISTA PLC. Instalando así una perversión de los valores democráticos y constitucionales de nuestra país.

Eso da como resultado que desde hace años lo que importaba para administrar justicia en general era ser de x o y partido. Con la crisis sociopolítica de Nicaragua a partir de abril del 2018, lo único que cuenta es ser orteguista; los que más fieles y arrastrados demuestren ser,  son  los  que  alcanzan  los  premios  mayores.  Miramos  a  un  poder  judicial  asignando condenas enormes a jóvenes, hombres y mujeres que participaron en las protestas cívicas emprendidas desde abril. 

Poder  judicial  que  aplica  la  Ley  Antiterrorismo,  misma  que  fue  aprobada,  después  de cometidos  los  supuestos  delitos.  En  mis  clases  de  formación  de  derecho,  aprendí  un principio fundamental “retroactividad de la ley”. En materia penal rige el principio de que la nueva ley no afectará al demandado, cuando el delito por el cual lo acusan resulto ante de la aprobación de la nueva ley; sin embargo, lo que a una simple estudiante de derecho lo tiene muy claro y presente, a estos magistrados se les olvidó.

Dentro de la institución, por ejemplo, en el Complejo Judicial en Bluefields (TAB), donde operan al menos 8 salas de juicio, la defensoría pública y medicina legal; en ese edificio, desde  el  18  de  abril  del  2018,  se  ha  instalado  un  submundo  (para no llamarla mara) conspirativo  e  inquisidor,  conformado  por  directivos  de  los  sindicatos  y  aquellos  que además de judiciales son de la cúpula líder del Orteguismo en el Caribe Sur. Dicen fuentes ligadas  a  la  institución  que incluso vehículos y un comando de trabajadores judiciales participaron en los operativos limpiezas, atacando a civiles que mantenían tranques en la zona de Nueva Guinea.

Una curiosa y lejana queja justificó la destitución del cargo al juez Martin Henríquez

En Bluefields, Caribe Sur, no se ha escuchado de jueces destituidos por mal comportamiento y  proceder  en  años,  quizás  los  casos  más  sonado  fue  en  los  90´s el caso del juez Axel Waters con el Neptuno I (1995), se especuló que a Waters lo destituyeron porque se prestó a  declarar no culpable a la tripulación del barco que transportaba más de 1400 kilos de cocaína.

Este 23 de octubre, la Corte Suprema de Justicia, notificó a través de una cédula judicial que destituía de su cargo de juez de distrito de audiencia y especializado en violencia al Msc. Martin  Henriquez  Sotelo,  esto  en  base  a  lo  resulto  por  9  Magistrados  de  la  Corte Suprema de Justicia, entre ellos, la costeña Hellen Lewis.

Los hechos que inspiraron la inusual destitución son los siguientes: en el 2014, Lisa Ivoni Downs  Wagon,  se  declaró  falsamente  pariente  de  unos  reos  hondureños  acusados  por narcotráfico,  y  decidió  nombra  al  abogado  Rigoberto  Peña  (sobrino  de  la  presidente  del Tribunal  de Apelaciones de Bluefields, Teresa Peña) representante legal del grupo de hondureños;  enfrente  de  las  autoridades  y  funcionarios  judiciales  los  acusados  dijeron desconocer a la señora Downs y nombraron como defensor a otro abogado, los señores fueron a prisión y condenados por el delito. La queja interpuesta por la señora Downs y el abogado Peña fue porque  supuestamente  el  juez  favoreció  con  el  caso  a  otro  abogado. 

Esa queja quedo en el baúl de los recuerdos y sirvió ahora, 4 años después, para justificar lo injustificable. Lisa  Ivoni  Downs  Wagon,  ha  sido  procesada  en  varias  ocasiones  por  delito  de  asalto, secuestro  y  robo  con  fuerza.  Adicionalmente  el  Juez  Henríquez,  en  varias  ocasiones autorizó requisas y allanamiento en su morada en busca de objetos robados y evidencias de otros ilícitos. Los magistrados que administran la justicia en nuestro país, escucharon la queja de la señora Downs, sin escuchar a las partes y menos la versión del juez Henríquez con 14 años de ser funcionario judicial.

Juez Henríquez renunció el 16 y lo destituyen el 22 de octubre

¿Se puede destituir a un funcionario cuando este renunció antes?;  hay un principió que dice: primero en tiempo, primero en derecho. Pude corroborar que la carta de renuncia del señor Henríquez fue presentada y recibida a las 12:02 del mediodía del 16 de octubre del 2018. Este es otro principio universal del derecho que a los honorables magistrados se les olvidó.

La noticia de la renuncia del juez Henríquez se filtró en los medios de comunicación locales y redes sociales, generando una ola de mensajes de simpatía y solidaridad con el ex juez, y por supuesto generando serios cuestionamientos a la tan cada vez más obvia incapacidad de administrar justicia el poder judicial.

Carmen Merlo Narváez, la juez de distrito de juicio, es la segunda defenestrada de su cargo, por una queja que nunca existió. Carmen  Merlo,  estudió derecho de adulta, se graduó en la universidad BICU, tiene un doctorado y varias especialidades. La Juez Merlo fue muy criticada por la población, cuando esperando que hiciera público su posición por la detención, acusación y condena contra su nieto mayor Brandon Lovo, acusado por el asesinato del periodista Ángel Gahona López, y ella no dio ninguna declaración pública. De  manera  personal  me  consta  el  dolor, consternación y angustia que vive Carmen por el proceso ilegal que tiene condenado a su nieto  y  otro  joven  costeño,  solo  un  grupo  selecto  de  personas  conocieron  realmente su situación ante el caso.

 ¿Corte Suprema de Justicia inventa queja que justifica destituir a Jueza Merlo?

Mishell Morgan Hebbert víctima de lesiones graves y su abogada Marta Barillas confirman que ellas NUNCA introdujeron una queja contra la juez Carmen Merlo, y que se asustaron de lo que argumenta la cédula judicial que notifica la destitución de Merlo.

¿Entonces de dónde sacó la CSJ y los honorables magistrados la famosa queja, será que la falta de escrúpulos los ha llevado tan lejos como para inventarse una queja?

¡Y mientras, una joven costeña queda sin tener justicia!

Hace unos días leí la noticia que un jurado de conciencia (inconsciente) declaró un veredicto de No Culpabilidad al hombre que, por homofobia y machismo, hirió mortalmente a Mitchell hace un par de años en Corn Island. Soy testigo de cómo ella ha buscado justicia a toda costa,  creyendo  que  en  Poder  Judicial  lo  iba  encontrar,  ahora  queda  desprotegida,  con lesiones  graves  permanentes  y  un  rostro  desfigurado  que  nos  recordará  toda  la  vida  lo monstruoso de nuestro sistema de administración de justicia.

Carmen Merlo como juez de juicio en dos ocasiones se inhibió de examinar el caso, alegó  ante  sus  superiores tener  amistad  con  la familia  del  agresor, cuando residió como jueza local en Corn Island; remitió la causa al juzgado especializado en violencia contra la mujer y allí el Juez  Henríquez se negó a conocerlo, ya que la excelentísima Corte había modificado la interpretación de la ley 779 (de manera ilegal a  través de un memorándum interno) diciendo que solo se aplicaría la ley a relaciones de pareja y no en otros ámbitos. 

En ese ir y venir (pin pon) pasaron casi ocho meses y la juez Merlo emite una resolución donde declara extinguida la acción penal por vencerse el término contemplado en el Código Penal; pero además vuelve y repite que a su criterio la acción penal debió de conocerla un juzgado  especializado en violencia contra la mujer. La fiscalía y la acusadora privada apelan la resolución ante el Tribunal de Apelaciones de Bluefields y este mandata a que la Juez Merlo celebre el juicio bajo su responsabilidad; el abogado defensor del acusado introduce un recurso de casación por la resolución del Tribunal y al final la Corte de Justicia resuelve que el juicio debe darse y ser atendido por la Juez Merlo.

Al  final el 22 de octubre, la jueza celebra el juicio y el jurado de conciencia declara No Culpable al ciudadano Hansell Sincair, quien en 2016 hirió en el rostro a Mitchell, usando una botella de vidrio. Ese mismo día la CSJ resolvió destituir a Carmen Merlo a causa de una queja ficticia que nunca existió.

Los y las aspirantes al cargo

Nada se sabe con certeza, los rumores y serruchaderas de piso se escuchan de todos lados, la posición más clara es que la exfiscal Slilmalila Zuñiga será la sucesora del Juez Henriquez, otros nombres que se mencionan en los suburbios del Complejo Judicial de Bluefields son los de: Mario Arróliga, Sandra Hodgson y Shura Welcome.

Nota: Para la realización de este artículo de opinión se contó con información proporcionada directamente por algunas de las personas citadas en este escrito, además con las copias digitales de los documentos.

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