Seguridad de las mujeres en Centroamérica

Quiero compartir con ustedes que en junio de 2012, hace exactamente un año y cuatro meses, estuvimos en este mismo salón, en un foro convocado por el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana, FMICA, para compartir nuestros puntos de vista y propuestas con relación a la Estrategia Regional de Seguridad.

Dieciséis meses han pasado y todo parece indicar que casi nada de lo que dijimos y propusimos las feministas, que no éramos pocas, se consideró e incorporó en la Estrategia de Seguridad, de acuerdo a lo que nos han presentado esta mañana.

Voy a compartir reflexiones que hemos analizado entre las feministas que integramos las Petateras, ya que nos hemos dado el tiempo, desde hace algunos años, en reflexionar y hacer propuestas relacionadas con la seguridad o más bien el militarismo que prevalece en Mesoamérica.

Asimismo, voy a compartir reflexiones y propuestas de varias feministas que han estudiado este tema con detenimiento, entre ellas María Villellas Ariño, quien señala que desde los años noventa el concepto de seguridad ha evolucionado. Desde concepciones únicamente militaristas hacia enfoques más globales, en los que se entiende la seguridad no únicamente como protección del Estado frente a las agresiones externas, sino que la seguridad, y por tanto la inseguridad, está muy relacionada con las vidas de las personas.

Ciertamente, muchas de las amenazas actuales inciden de manera directa en las personas, las mujeres sobre todo, como los conflictos étnico-políticos, el empobrecimiento, la violencia contra las mujeres o la degradación ambiental.

La seguridad humana, según el PNUD 1994, implica la protección frente a amenazas crónicas como el hambre, las enfermedades o la represión; y la protección frente a las disrupciones repentinas y dañinas en la vida cotidiana, los hogares, el trabajo o la comunidad.

Pero la seguridad humana es resultado de intensos debates desde las feministas. Desde principios de siglo se han aludido otras formas de seguridad alejadas del marco de referencia militarista. En los ochenta, grupos de mujeres definieron la seguridad como libertad frente a la amenaza de la guerra y de las crisis económicas originadas por la deuda externa, el desempleo, trabajo en condiciones de inseguridad, y enfatizaron cómo la seguridad carecía de significado si era construida a costa de la inseguridad de otros.

Pero, la concepción tradicional de la seguridad ha girado en torno a la protección de las fronteras estatales de amenazas externas, o la protección de la autoridad del Estado en caso de conflictos internos, y ha concebido la seguridad como ausencia de amenazas o conflicto violento. Por ello, aunque sea parte del objetivo general de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México “alcanzar los objetivos de desarrollo humano”, no es raro que se aluda únicamente a las autoridades locales de los “municipios transfronterizos”.

Así, el Estado prioriza la defensa de la integridad territorial por encima de otras cuestiones. Esto también puede ilustrarse con la diferente asignación de recursos que en la mayoría de presupuestos nacionales se hace a la defensa nacional, como se evidencia en Costa Rica, por ejemplo; así como a los diferentes elementos que componen la seguridad humana: educación, salud, atención social, prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros. Se trata de un discurso de carácter militarista que avala el monopolio del uso de la fuerza por parte de los Estados.

La primacía que se ha concedido tradicionalmente a la seguridad política y militar, se muestra en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, al precisar como “Componente A el Combate al Delito”. Se ha excluido otras cuestiones del ámbito de la seguridad, sumamente relevantes para ésta, como las cuestiones de género, pese a que en la misma Estrategia se habla de “equidad de las personas”, de seguridad de las personas.

Desde el feminismo se ha venido planteando la urgente ampliación del concepto de seguridad, trasladando el objeto de referencia más allá del Estado, para incluir la inseguridad individual, regional y global.

Además, la propia existencia y naturaleza de los Estados puede contribuir al aumento de la inseguridad más que a su reducción. Esta afirmación supone una completa subversión de las nociones de seguridad imperantes, que están traduciéndose en más armas, más hombres en armas, más recursos para combatir el delito.

Una ampliación que busca revertir el papel del Estado como objeto a proteger frente la inseguridad definiéndolo en cambio, como generador de inseguridad; y no como aparece en el Modelo de Seguridad de la Estrategia De Centroamérica y México.

El referente principal en cuestiones de seguridad debe ser la persona, más que el Estado, en consonancia con las propuestas del discurso sobre Seguridad Humana.

Otro señalamiento es la división socio-sexual del espacio público (espacio a proteger en los discursos tradicionales sobre la seguridad, y cuya salvaguarda garantiza el Estado de derecho) y el espacio privado (históricamente asignado a las mujeres). Esta división socio-sexual deja al espacio privado al margen de la protección del Estado, con graves consecuencias en la seguridad de las mujeres.

Por tanto, un nuevo concepto de seguridad implica cuestionar el espacio privado -casa, familia, hogar o como quiera llamársele- como espacio de seguridad en sí mismo, puesto que la mayoría de agresiones y amenazas que sufren las mujeres tienen lugar en este espacio, los datos de femicidios en toda Mesoamérica así lo demuestras; por tanto, debería ser también objeto de las preocupaciones sobre la seguridad.

El concepto de seguridad humana se ha utilizado de forma complementaria a las concepciones tradicionales de la seguridad, y no de manera sustitutiva. Esto ha motivado que el Estado siga jugando un papel central como objeto principal a proteger. Bajo la pretendida naturaleza “universal” de la seguridad humana no debería obviarse que cuestiones centrales, como la democracia o los derechos humanos (ambas parte del núcleo duro de la seguridad humana) tienen impactos diferentes en mujeres y hombres. Pero se mantiene una visión de seguridad represiva y no preventiva.

Detrás de la militarización de la política exterior de países como Estados Unidos, se encuentra una ideología patriarcal que promueve la pervivencia de una política masculinizada. Esta situación se ilustra en un fenómeno creciente que caracteriza la política de ese país: cada vez mayor presencia de políticos que anteriormente han sido militares y han desempeñado cargos de importancia en las FFAA, y cómo la experiencia en el campo militar se iguala al liderazgo político…

Esta militarización de la política nacional también se observa en la región:

• En Nicaragua, el vicepresidente de la república y el Embajador ante la OEA, fueron militares. El Director General de las Zonas Francas también fue militar de alto cargo. El Director de Petronic, el Presidente ejecutivo y el Subdirector del Instituto Nicaragüense de Seguridad INSS, igual.
• Asimismo, fueron militares, el Director de la recién instaurada Unidad de Análisis Financiero (OAF), creada para “poner en orden” a las personas críticas al gobierno, el Secretario General del Ministerio de Educación y el Director de ALBA Forestal. El actual Procurador de Derechos Humanos fue viceministro del Interior. Unos cuarenta ex altos oficiales de las Fuerza Armadas hoy ocupan altos cargos.

• En Guatemala, el general en retiro Otto Pérez, es Presidente de la República. En la Policía Nacional Civil (PNC) de este país, los militares dictan las órdenes. En los puestos altos fungen treinta militares colocados por el director de la PNC, contraviniendo los Acuerdos de Paz y las normas que rigen los requisitos para ocupar un cargo de alta jerarquía. 

El problema no son las personas en los cargos sino su visión de la seguridad, de una seguridad represiva. 

En Nicaragua, la militarización de la política ha venido acompañada de políticas regresivas hacia los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, como la penalización total del aborto y la reforma a la Ley 779, que producirá más impunidad y muerte para las mujeres.

Tampoco se ha hecho nada por las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, quienes cotidianamente enfrentan abusos, chantajes, amenazas e intimidaciones de familiares de los agresores, pero también de efectivos de la Policía Nacional y hasta de autoridades judiciales, en diferentes departamentos de Nicaragua.

Otro resultado de las políticas de seguridad represivas es la criminalización de la protesta social, expresada en distintas acciones contra el legítimo derecho humano a expresar públicamente las opiniones o desacuerdos con la gestión estatal. Ejemplo reciente de esta realidad es el caso de Bertha Cáceres, perseguida política por defender los derechos humanos de pueblo indígenas lencos; también hay situaciones de criminalización de la protesta social en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

Además, se manifiesta una invasión de roles de seguridad de parte de los ejércitos en tareas que les corresponden a las policías nacionales. Todo, con la justificación del combate al narcotráfico, cuando en la realidad regional encontramos narco-Estados o Estados y Gobiernos paralelos.

En Honduras, hay una existencia práctica de tres ejércitos: la Policía Nacional, el Ejército Nacional y un ejército compuesto por cuerpos de protección física o vigilantes particulares, que actúan militarmente en coordinación con los dos anteriores.

La militarización de la política ha significado también la pérdida de importancia en la agenda de políticas encaminadas al logro de la seguridad humana, como las políticas educativas, sociales y de salud, entre otras.

Es necesario que la seguridad incorpore la perspectiva de género y las aportaciones del feminismo, de manera que se contrarresten las concepciones militaristas imperantes, que no sólo se han mostrado altamente ineficaces en lo que respecta a garantizar la seguridad global, sino que además han sido fuente de inseguridad.

Mientras esto no ocurra, las mujeres tenemos que hacer uso de nuestros derechos como ciudadanas. Reclamar sin cansarnos el derecho que nos asiste de vivir libres de violencia y a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Exijamos que la seguridad sea realmente una seguridad ciudadana, que incluya la integridad física y sicológica de las mujeres, somos ciudadanas, la mitad de la población y tenemos derechos.

Un reto de la Estrategia Regional de Seguridad de Centroamérica y México será la puesto en marcha de un Observatorio de Seguridad de las Mujeres, real, que incluya la nueva visión acá propuesta, no familista. Además, hace falta que la Política de Género de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) comparta cuáles son los resultados de sus iniciativas para erradicar la violencia.

Nos preguntamos, ¿hay seguridad democrática en Mesoamérica, cuando la mayoría no conoce la Estrategia Regional, menos aún el Plan de Acción y la Estrategia de Comunicación para la Prevención de la Violencia o los proyectos de prevención?