Periodismo: “Un auténtico derecho de resistencia”

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Ante la censura oficial, el derecho a informar y recibir información se ha constituido en una auténtica acción de resistencia del periodismo nicaragüense, una labor de alto riesgo que este año le costó la vida al periodista Ángel Gahona y agresiones directas a decenas de periodistas en Nicaragua.  

Gabriel Álvarez, expecialista en derecho constitucional, en el Foro Nacional: “Libertad de prensa en Nicaragua, situación actual y perspectivas”, organizado por la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y Onda Local, enfatizó que el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua, establece el derecho a buscar y recibir información, del cual se desprende la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene su correlato en la obligación de funcionarios públicos de facilitar información de interés público. Pero, en la práctica los funcionarios “niegan la información a los medios de comunicación independientes y a la ciudadanía”, destacó Gabriel älvarez.  , 

 Relelato oficial: ¿Verdad abasoluta?

Para el jurista, en el contexto político que vive Nicaragua, el tema de la veracidad, como límite del derecho a información, “adquiere ribetes verdaderamente patológicos”. La información generada por medios comunicación independientes es presentada a veces como presuntamente delictiva. Por ejemplo,  el pasado jueves  08 de noviembre de 2018, el Ministerio de Gobernación, responsanilizó al director de Radio La Casteñísima, Sergio León, por el motín ocurrido en días anteriores, en la cárcel de Bluefields, en la Costa Caribe Sur.

El gobierno pretenda a toda costa imponer el relato oficial como una verdad infalible e incuestionable. Las alocuciones de los principales personeros del gobierno, además de no cumplir con un mínimo control de veracidad, distorsionan los hechos. “Llaman paz y reconciliación al sometimiento y la represión, llaman terrorismo y golpismo al derecho constitucional de reunión pacífica y manifestación”, ejemplificó Álvarez.

El constitucionalista recordó que desde hace varios años se venía observando varios tipos de ataques al derecho de informar y ser informados como la utilización de la publicidad estatal como mecanismo de recompensa o castigo a los medios de comunicación, el procesamiento o condena a periodistas por ejercer un trabajo crítico, la expropiación de equipos, negación o suspensión de licencias y allanamiento ilegal contra los medios independientes. “Aunque parezca imposible, esta situación se ha agravado, sobre todo a partir de la grave crísis que sufrimos desde el 18 de abril de 2018”, manifestó.

Un informe realizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) acerca de las violaciones a la libertad de prensa entre el 01 de abril y el 18 de octubre de 2018, corrobora la aseveración de Gabriel Álvarez. El documento registra 420 violaciones, por parte de simpatizantes del FSLN, grupos paramilitares, la Policía Nacional y TELCOR. Todos los casos han ameritado la condena de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), La Comisión Intermericana de Derechos Humanos, entre otras personalidades y organizaciones defensoras del derechos humanos.  

A la FVBCH le preocupa que a partir de la crisis socio-política que inició en el mes de abril, el país ha "transitado del reprochable cierre y expulsión de los periodistas de las instituciones públicas, como máxima expresión de la censura, trasladada a la violencia contra los comunicadores independientes, manifestadas en: golpes, heridas, agresiones físicas, asaltos, asedio, libertad de desplazamiento impedida, destrucción y robos de equipos e instrumentos de trabajo a los periodistas; así como publicaciones falsas que incitan al odio y el desprecio del trabajo periodístico, hasta llegar a la muerte, como fue el caso del periodista Ángel Gahona". 

En el mes de julio se registra el mayor número de agresiones contra periodistas en Nicaragua con 111 casos, detalla la Fundación Violeta Barrios. 

“Este vaciamiento del derecho a la información se debe principalmente al colapso total del estado de derecho en Nicaragua”, expuso Álvarez. Agregó que en el país no existe independencia de poderes, pese a estar consignado en la Constitución Política como un principio garantista de la libertad.  Para Álvarez,  la inexistencia de un Poder Judicial independiente, que controle al resto de poderes, en la práctica lo que hace es usurpar la soberanía que legalmente debe ejercer el pueblo. Bajo estas condiciones, el derecho a informar y ser informado, prácticamente ha dejado de ser uno de los clásicos derechos de libertad. Mas bien, se ha constituido en un auténtico derecho de resistencia, que implica ser una actividad de alto riesgo para la vida y seguridad de periodistas, los medios de comunicación independientes y de la ciudadanía”, concluyó. 

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