Amenazas a defensoras del Norte de Nicaragua

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La situación de pobreza, migración, contaminación de los ríos por transnacionales, violencia hacia las mujeres y la inseguridad en la zona Norte de Nicaragua la hemos conocido por medio de las constantes denuncias realizadas por la defensora de los derechos políticos, civiles, económicos y ambientales, Haydée Castillo.

Castillo es directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, líder del Movimiento de Mujeres Segovianas y del Foro de Mujeres para la integración Centroamericana y del Caribe, FMICAC. “En nuestra comunidad se ha generado una especie de terrorismo de Estado, influyéndole a la gente temor. En las dos últimas elecciones municipales lo que ha habido es violencia institucional”, denunció hace meses la feminista ocotaliana.

Esta mañana, Haydée denunció que amanecieron letrero en su casa con un #13. Y en varias paredes del pueblo de Ocotal pintas que dicen “Haydee vandálica”. “Seguro porque saben que vamos a arreciar con los tranques”, expresó.

El número 13 y 18 son representativos de las pandillas en El Salvador, o quizás el 18 recuerda la fecha en que el estudiantado se levantó masivamente contra el gobierno, y comenzó a ser masacrado… o serán números de una lista de más asesinatos?

Mientras nos comunicamos con Haydée para profundizar los detalles de las amenazas recibidas. “Nos rodearon y todo, uno va herido para el hospital de Ocotal. Estamos refugiadas en unas casas y a otras compañeras que están en otra casa las están atacando. Son paramilitares, andan armas, andan morteros y están atacando ahorita” nos dice rápidamente, desde un tranque en el empalme entre Ocotal y Somoto, en la carretera panamericana que conduce a las frontera con Honduras.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su Informe Preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, reiteró que los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras, no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental de la sociedad. La Comisión también le recordó al Estado de Nicaragua, que debe garantizar en todas las circunstancias que defensoras y defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos, libres de cualquier restricción y sin temor a sufrir represalias. El Estado debe diseñar e implementar una política de protección integral para defensores de derechos humanos, que atienda los factores de riesgo específicos del país. 

La iniciativa nicaragüense de defensoras de derechos humanos denunció que en Nicaragua cada día se incrementan las campañas de desprestigio, amenazas, intimidación y criminalización en contra de defensoras de derechos humanos. 389 agresiones ocurridas entre 2015 y 2017 en contra de 202 defensoras. La Policía Nacional aparece involucrada en una de cada cuatro agresiones.

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