Organizaciones civiles denuncian violaciones a sus derechos ante CIDH

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La Plataforma de Organismos No Gubernamentales y Movimientos Sociales de Nicaragua, un espacio de articulación que representa a más de 100 organizaciones de todo el país, compartió el comunicado entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La plataforma respalda y reconoce las denuncias de cientos de madres y familiares de estudiantes y pobladores por los asesinatos y desapariciones, particularmente de jóvenes durante las protestas pacíficas ocurridas en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018. “Al igual que ellos responsabilizamos de estos crímenes a las fuerzas paramilitares del Gobierno y a la Policía Nacional. Nos sumamos a su clamor de justicia”, señala el comunicado. 

                     

Las Organizaciones de la Sociedad Civil pusieron en conocimiento de la CIDH las agresiones, intimidaciones y amenazas que han sufrido de parte del Gobierno de Nicaragua, desde el año 2007, muchas de las cuáles no las han hecho públicas por temor a represalias.

En estos últimos 30 días, agregan, la actitud del Gobierno hacia las organizaciones civiles “ha sido la misma de los últimos 11 años; las OSC hemos sido víctimas de todo tipo de agravios, desde sufrir amenazas de muerte y amenazas de daños a la propiedad como los casos del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Asociación para el Desarrollo Local (ASODEL), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.

Dirigentes de estas organizaciones  han recibido mensajes anónimos, han sido perseguidos por vehículos hasta sus casas, sufren vigilancia en sus centros de trabajo e incluso han recibido amenazas públicas de incendiarles las oficinas por apoyar la participación ciudadana.

No han faltado las campañas de desprestigio, acusándoles de ser “manipuladores de la población, agentes de la CIA o lavadores de dinero”.

También, destacaron que las organizaciones civiles han sido víctimas de persecución institucional, la cual ha sido operativizada a través del Instituto de Seguridad Social, la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Gobernación. La Fundación del Río, la Fundación Popol Na y otras organizaciones,  que en el 2018, a pesar de haber presentado toda la documentación legal no han recibido los permisos de operación.

Destacan que desde 2007 el Gobierno de Nicaragua se ha negado a entablar relaciones de colaboración con las organizaciones civiles. Más bien, la presidencia ha desmantelado el marco jurídico que promueve la participación ciudadana, la autonomía municipal y la autonomía regional de la Costa Caribe. Asimismo, informaron el gobierno de Ortega y Rosario Murillo ha limitado profundamente el ejercicio de la libre expresión, la libre movilización y la incidencia en las políticas públicas por parte de la ciudadanía.

Las organizaciones temen que el gobierno tome represalias contra las organizaciones civiles y sus dirigentes por su papel en la construcción de ciudadanía y en la denuncia a nivel nacional e internacional por los atropellos a la integridad física de los liderazgos sociales y a la institucionalidad del país.

Las Organizaciones pidieron a la CIDH reflejar en su informe las amenazas e intimidaciones por las políticas de represión de la que han sido víctimas, “no nos sentimos en la libertad de actuar sin temor a represalias y tememos por nuestras vidas y la integridad física y legal de nuestras organizaciones”, señalaron.

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