Régimen Ortega-Murillo recurre a las desapariciones forzosas como mecanismo de represión

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Once expresiones de la sociedad civil como la Articulación de Movimientos Sociales, #OcupaINNS, Grito por Nicaragua, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Frente Amplio por la Democracia, entre otras, suscribieron un documento en el cual condenan las detenciones forzadas como parte de otra forma de reprimir del régimen Ortega-Murillo.

Más de 130 personas, sobre todo jóvenes, estudiantes y pobladores de diversos oficios y profesiones, han sido llevadas a tribunales acusados de diversos delitos, como el terrorismo, la figura jurídica preferida de Ortega para criminalizar la protesta cívica, denunciaron. Además, recordaron que en la década del 70, la dictadura somocista también llamó terrorista a las y los guerrilleros.

Igualmente condenaron “los procedimientos burdos e ilegales de la dictadura para convertir en un crimen la protesta pacífica de millones de nicaragüenses” y exigieron la liberación de las y los prisioneros políticos, incluyendo a quienes están en los calabozos clandestinos del régimen.

                         

En concordancia con los organismos internacionales de derechos humanos, las organizaciones civiles consideran que las detenciones sin orden y ejecutadas por paramilitares, no son capturas sino desapariciones forzadas. “Eso es precisamente lo que está haciendo la dictadura orteguista en todo el país, principalmente en Masaya, León, Jinotepe, Diriamba y Jinotega”.  

Representantes de las organizaciones manifestaron que como parte de la represión, “la ciudadanía es intimidada, amenazada y secuestrada por fuerzas paramilitares auspiciadas por el gobierno, quienes cuentan con el apoyo de la policía, lo que les permite actuar en total impunidad”.

El gobierno ha emprendido esta estrategia para inculpar a las personas detenidas por varios delitos, pero “quienes los acusan son los mismos que los capturaron ilegalmente o los torturaron en las mazmorras de la familia Ortega-Murillo”, denunciaron.  

A tono con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones instaron al gobierno a elaborar y hacer público un registro con la lista de personas detenidas desde el 18 de abril, así como de las personas liberadas hasta la fecha.    

El registro público que la CIDH solicitó al gobierno debe tener la siguiente información: número de personas detenidas desde el inicio de las protestas, causas de su detención, duración de la privación de libertad, lugar de detención, personas que se encuentran detenidas con motivo de las protestas y número de personas excarceladas. La información debe incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas. 

Las organizaciones invitaron a participar este fin de semana en la jornada cívica “Nicaragua exige justicia, vida y libertad” en apoyo a los presos políticos; convocaron a una marcha nacional el sábado 11 de agosto, a las dos de la tarde, que saldrá de la Rotonda Jean Paul Genie hacia la Catedral de Managua; también a la Carrera 5K, corriendo o pedaleando, el domingo 12 de agosto, a las nueve de la mañana, partiendo de la Rotonda Jean Paul Genie.

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