Mujeres durante una protesta en 2017
Duyerling Ríos / Onda Local

Violencia contra la mujer: Un problema de salud pública y de derechos humanos

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Católicas por el Derecho a Decidir registra 42 femicidios y 55 feminicidios en grado de frustración, hasta julio de 2020. “La violencia contra las mujeres es un problema público y de derechos humanos; debería ser tratado como tal; no como un problema de pareja o de familia, ese es el enfoque que la sociedad y las autoridades le han querido dar”,  Maryce Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia. 

Mejía agrega que la  violencia es un problema multidimensional y estructural; es una pandemia social que no sólo se debe atender a nivel jurídico. Asimismo, explicó que actualmente las situaciones de violencia se han agudizado debido a la crisis sanitaria de la Covid-19 y la permisividad del Estado, “que al ver la violencia no se pronuncian e indultan a hombres con antecedentes penales como femicidas y violadores”, agregó.

El pasado 20 de agosto, Fátima Martínez de 29 años, con seis meses de gestación fue asesinada junto a su hija de cuatro años por Alexander Castellón, en el barrio Sabadell del municipio de Matagalpa.

Mamá de Fátima Martínez, asesinada el pasado 20 de agosto. Fotografía: Radio Vos

El 31 de agosto la jueza Maribel Parrilla, condenó a Castellón por el delito de femicidio, aborto sin consentimiento, asesinato agravado, delito de violencia patrimonial y económica. La acumulación de la pena es de 71 años, de los cuales deberá cumplir 30 años en prisión, ya que es lo máximo permitido en Nicaragua

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Para Marelin Somarriba, integrante del Observatorio de Violencia en Matagalpa, esta sanción debe de ser cumplida en todas sus magnitudes, sin requerimiento de valoraciones y sin que haya otro tipo de medios “normalmente, este tipo de cosas se usan para que algunos agresores o algunas personas que han sido condenadas en los casos de femicidios se ameriten a sanciones menores o que en algunos casos se revisen estas sanciones”

Mercy, manifestó que con las últimas dos reformas se ha cercenado la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, Ley 779, “estas reformas incluyen la mediación, consejerías familiares y hace que esta situación se vea como un problema que tiene que ver con principios religiosos-cristianos, ha perdido el propósito de la ley que es protección para las mujeres”.

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