Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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Coalición Nacional pide a Michelle Bachelet pronunciarse ante violaciones de derechos humanos en Nicaragua

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La Coalición Nacional envió una misiva a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que le expresa su preocupación por la continua violación de derechos humanos en Nicaragua, en el contexto de la pandemia del Covid-19 y en el marco del segundo aniversario de las protestas cívicas en Nicaragua.

“Desde la Coalición Nacional, y mediante el monitoreo desarrollado por nuestras organizaciones y partidos, realizamos un seguimiento continuo de todas las denuncias de violación a los derechos humanos que incluyen asesinatos, asedios, agresiones y detenciones ilegales cometidas por la Policía Nacional y grupos paraestatales. Esta situación se ha agravado en los días previos y posteriores a la conmemoración del segundo aniversario de la insurrección cívica de abril 2018” expresó la Coalición.

Mediante un monitoreo desarrollado por organizaciones nacionales entre el 17 y el 19 de abril se reportaron 65 incidentes entre las que persisten agresiones físicas, amenazas, asedios, y ataques a viviendas. 32 de estos incidentes, fueron agresiones dirigidas a mujeres activistas y sus familias entre los cuales se destacan insultos y amenazas de índole sexual.

Reporte del monitoreo de la Coalición Nacional en los últimos días

La Coalición Nacional informa sobre la represión en la Isla de Ometepe, donde fueron atacados pobladores de la comunidad de Esquipulas, municipio de Moyogalpa; cinco personas opositoras fueron secuestradas por protestar cívicamente. 

El régimen de Daniel Ortega desplazó la madrugada del 20 de abril a centenares de antimotines para impedir cualquier protesta o movilización, reprimiendo a la ciudadanía con armas de fuego e hiriendo a al menos dos personas. 

Además, cerró la entrada y salida de personas a la isla. Se conoció que la Policía Nacional, controlada plenamente por Ortega, acusará ante el Ministerio Público a las personas detenidas, y existe la amenaza real que el número de detenidos aumente. 

La Coalición Nacional sostiene que existe un evidente contubernio del Ministerio Público y todo el sistema legal, para criminalizar las protestas y dar “legalidad” a la acción represiva del régimen. 

En la carta también se denuncia el asesinato el opositor Félix Lacayo, con posibles connotaciones políticas, ocurrido en el Palenque Los Chiles, San Carlos, Rio San Juan, el 18 de abril en horas de la tarde. 

Asimismo, se reporta que indígenas Mayagnas de las comunidades de Wasakin, Costa Caribe Norte, siguen sin acceso a la justicia, al no haber una investigación sobre los recientes casos de asesinatos e invasión a sus tierras comunales, así como acerca del asedio y amenazas de muerte a los líderes de la comunidad de Alal por parte del Ejército de Nicaragua. 

El reporte presentado informa sobre 39 detenciones ilegales de opositores por razones políticas, las últimas 8 realizadas en Ometepe; 132 reportes de asedios a viviendas o negocios de personas opositoras al régimen por parte de paramilitares, en muchos casos bajo la vista y presencia de la Policía Nacional y en distintas partes del país, principalmente en: León, Masaya, Granada, Managua, Jinotega, San Rafael del Sur, Estelí, Matagalpa, Boaco, Juigalpa-Chontales, Río San Juan, Nueva Guinea y Rivas.

Otras de las violaciones a los derechos humanos incluyen 25 reportes de agresiones a ciudadanos y ciudadanas, viviendas, templos o iglesias; 10 allanamientos extrajudiciales a viviendas de opositores al régimen; 23 citaciones a la policía para la firma de “documentos” y amenazas. 

También es motivo de preocupación que más de 80 ciudadanos nicaragüenses permanecen en la frontera del norte del país, y 160 ciudadanos en la isla del Gran Caimán, sin poder ingresar a Nicaragua, lo cual representa una violación a sus derechos y una medida arbitraria, típica de una dictadura. 

Más de 70 presos políticos continúan encarcelados en condiciones de hacinamiento, detalla la Coalición Nacional. Agrega que la práctica del régimen sigue siendo el de la puerta giratoria: excarcela a un pequeño grupo de reos políticos, pero encarcela a una mayor cantidad de personas acusándolas de delitos comunes que no han cometido, en una clara muestra del asedio y la persecución política que vivimos en el país.

Solicitud de la Coalición al bloque europeo frente al Covid-19

La Coalición Nacional también envió este martes una carta al embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, en la que solicitan que el bloque europeo pida al gobierno de Daniel Ortega una estrategia para prevenir el coronavirus antes de desembolsar fondos para hacer frente a la pandemia.

La solicitud de la Coalición se da luego que la Unión Europea dispusiera un fondo de más de 900 millones de euros para América Latina y el Caribe, a fin de dar respuesta a la pandemia del Covid-19.

Cabe destacar que el régimen Ortega-Murillo ha recibido un millón de dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otro millón otorgado por Taiwán. Sin embargo, aún no se informa de cómo se están implementando estos fondos, ya que hasta el momento en el país no existe una estrategia para prevenir la propagación del virus.

"Conscientes de lo anterior sugerimos respetuosamente a la Unión Europea solicite al Gobierno de Nicaragua el cumplimiento de condiciones que garanticen que los recursos que eventualmente serán puestos a su disposición por la Unión Europea, sean utilizados en condiciones amparadas en el respeto a los derechos humanos", expresa la Coalición en la misiva.

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