Expropiaciones silenciosas

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Por Duyerling Ríos

No me quisieron agarrar abono, lo que me dijo Hugo Huete, te voy a quitar tu casa, te voy a dejar en la calle”, es parte de la denuncia de Denis Caparros, originario de Managua, ante la oficina de la Organización para la Defensa del Consumidor, ODC.

Caparros, adquirió una deuda de doce mil dólares originalmente con FINDESA, la que se convirtió posteriormente en Banex (Banco del Éxito). Abonó siete mil trecientos dólares de su deuda y quedó pendiente con cuatro mil setecientos dólares. Gestionó en varias cartas la restructuración de la deuda pendiente, pero Banex se negó y lo demandó por doce mil dólares. Banex desapareció posteriormente.

El Juez V, Javier Aguirre Aragón, se atribuyó de oficio el proceso. La Superintendencia de Bancos actuó de oficio suspendiendo el sigilo bancario y le recomendó al juez que debería de notificarle al Banpro, quien supuestamente compro la deuda que corresponde a Caparros. “El superintendente de banco se pronunció contra mí… me manda a Banpro que se pronuncien para que me embarguen, yo no tengo cuenta con Banpro”, refiere Caparros.   

Ricardo Osejo, directo de la ODC y quien ha acompañado por más de cinco años a Caparros y otros productores que usan créditos financieros, asegura estar preocupado por el actuar de los bancos. “Hemos llevado juicios en defensa de la propiedad porque vemos una expropiación ilegal, ilegitima, inexistente, desde el principio empiezan a cobrar montos alterados, altas tasas de interés que los usuarios no pactaron de inicio. También vemos a la Superintendencia que se está vinculando a juicios que solamente le competen a la Corte Suprema, qué tiene que ver el Superintendente en un juicio que no es parte, hay todo un juego de las leyes; y vemos que jueces de oficio continúan promoviendo los procesos”.

Mafia financiera

Adolfo Muñoz, estiliano, asegura que el despojo de bienes es generalizado. “No sólo te quitan tu propiedad, tu bienes, sino que después todavía quedás pagando. En el caso de los cheques de los usuarios que son trabajadores del Estado igual ocurre, les hacen el embargo, terminan de pagar su deuda, pero el embargo siempre continua”.

Adolfo adquirió un crédito de 20 mil córdobas con la financiera Ceprodel. Pese a haber pagado el monto en su totalidad, fue demando ante los juzgados por 26 mil córdobas. “Aquí ando los papeles donde yo cancelé con un cheque en efectivo a Ceprodel y todavía me están cobrando y es más, en una reunión con ellos dijo el gerente de Ceprodel que aunque pagáramos todos los que habíamos sido del Movimiento de Productores no se les iba a levantar su situación o sea siempre vamos a estar metidos en la cartera de riesgo para ellos. Quiere decir que por esa razón me están cobrando, es como una sanción”.

Estos casos no son los únicos. La Organización para la Defensa del Consumir asesora más once casos similares. “En Masaya tenemos el caso de doña Rosita, donde el Bancentro vino comprando a través de una cadena de intermediarios financieros, que comienza con Asodemic, vino comprando la cartera BDF y luego traspasó la cartera a Bancentro, de cinco mil dólares, le está cobrando 24 mil dólares el Bancentro. El caso está en el Tribunal de Apelaciones de Masaya”.

El origen del todo el emporio de Bancentro es porque compraron cartera de bajo costo, ahora está comprando deuda que no pueden cobrar los otros bancos que ya no existen… no les interesa recuperar el dinero sino expropiar el bien y vender el bien porque les renta económicamente para sus intereses financieros, enfatizó Osejo.

Consecuencias en la salud

Muchas personas han resultado enfermas, aseguró Osejo. Denis Caparros compartió durante la conferencia de prensa que a raíz de las constantes presiones del Banco se le sube la presión, provocándole se le revientan los vasos sanguíneos de los ojos.

Una situación similar vive Juan Reyes González, perseguido por una financiera. Se retrasó a  mitad de la deuda de cinco mil dólares, porque quebró su negocio. La financiera no aceptó ningún tipo de arreglo y se vio obligado a abandonar su casa.  “La gerente nos dijo que buscáramos cómo pagar y nos subió a una tarifa mucho más grande que la que pagábamos, hasta tal punto que tenía que pagar 750 dólares mensual la tarifa. Tuvimos que abandonar nuestra vivienda para tratar de solventar la presión que teníamos de parte de Fundeser y estamos alojados donde un familiar, mientras arreglamos este tipo de problemas y poder pagar la deuda”.

¿Quién garantiza a la ciudadanía el derecho constitucional a la no expropiación? ¿Ante quién deben ampararse ciudadanas y ciudadanos?

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