Nicaragua: Represión provoca 317 asesinatos, según la CIDH

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, actualizó 317 la cifra de víctimas de la represión de la Policía Nacional y paramilitares al mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, verificó la persecución y criminalización por parte del Estado en contra de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta desde el 18 de abril de 2018.

De acuerdo a la información registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), al completar su quinta semana de trabajo en el país, hasta el 30 de julio, el número de personas fallecidas aumenta a 317; de las cuales 21 personas son policías. Asimismo, la CIDH constató que el número de niñas, niños y adolescentes fallecidos en el contexto de la crisis en Nicaragua es de 23.

“La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, dijo la Relatora de país, Comisionada Antonia Urrejola.  

El informe de la CIDH señala que el MESENI constató y documentó en terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales en el contexto de la llamada “operación por la paz”, acción que habría cumplido con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades del país.

Agrega que, entre el 19 y 30 de julio, el MESENI recibió información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen Ortega-Murillo, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos.

La Comisión advirtió que tras el levantamiento de tranques en diferentes lugares del país, mediante el uso de la fuerza, las autoridades realizaron numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados. Las personas detenidas ilegalmente reportaron que sufrieron malos tratos antes de ser entregados a comisarías de la Policía Nacional o a la Dirección de  Auxilio Judicial, en Managua. La CIDH agrega que las personas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan; no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que fueron llevados.

El MESENI mencionó la detención de Irlanda Jerez Barrera, líder de los comerciantes autoconvocados del Mercado Oriental, “por ser encontrada culpable de fraude y estelionato” y quién presuntamente habría sido interrogada por su rol en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril en Nicaragua. De igual manera, mencionó la detención, el 23 de julio, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, de Christian Rodrigo Fajardo Caballero y María Adilia Peralta Cerrato, integrantes del movimiento 19 de Abril en Masaya, quienes son acusados de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos. Adicionalmente, la Comisión conoció la situación de Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes se cree permanecieron detenidos en el Chipote hasta el 25 de julio, lugar en el que habrían recibido golpes y malos tratos; posteriormente, fueron trasladados a la cárcel “Modelo”.

“Hemos tomado conocimiento con suma preocupación del aumento vertiginoso de personas detenidas sin las garantías del debido proceso y hacemos un llamado urgente al Estado a asegurar el estricto cumplimiento de la ley y demás garantías procesales de todos las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia. El Estado debe dar pronta liberación a todas las personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados", manifestó el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas se la Libertad.

Por otra parte, la CIDH dijo estar enterada de  los obstáculos existentes para acceder a una defensa legal adecuada consistentes en la restricción de acceso a audiencias a abogados y organizaciones de la sociedad civil, y la negativa a proporcionar datos sobre la situación jurídica y estado de salud de las personas detenidas. Al respecto, la CIDH reiteró al Estado la recomendación de elaborar y dar a conocer un registro público que contenga la siguiente información: número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril; causas de detención; duración de la privación de libertad; lugar de detención; número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas que han tenido lugar desde el 18 de abril; y número de personas excarceladas. La información debe incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas. 

Además, la CIDH advirtió que el uso de la persecución judicial y la criminalización se enmarca en un contexto de declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a las personas como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes” en el contexto de investigaciones judiciales en curso.  Sobre ese particular, el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado Francisco Eguiguren, expresó: “Es de suma preocupación el uso indebido del derecho penal y, en particular, la recién ley aprobada contra el terrorismo, con el objeto de criminalizar el ejercicio de los derechos a la protesta social y la defensa de derechos humanos. Llamamos al Estado a cesar la criminalización de quienes participan pacíficamente en manifestaciones y abstenerse de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales".

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