Procuraduría expropia más de 36 hectáreas por construcción de la costanera

La Procuraduría General de la República (PGR), al servicio de la dictadura Ortega Murillo, a través de acuerdo administrativo 08-2024, declaró de utilidad pública un total de 36 hectáreas, 8 mil 591.02 metros.

Los terrenos expropiados se ubican en la comarca El Coyol, en el municipio de Tola y en la comarca Las Marías en San Juan del Sur, específicamente en la ruta de la carretera costanera que el régimen construye a través del proyecto “Construcción de la Carretera Litoral del Pacífico”.

Según el acuerdo administrativo, publicado en el Diario Oficial La Gaceta este 20 de marzo, el área expropiada pasa a ser propiedad del Estado de Nicaragua, nombrándose al Ministerio de Transporte e Infraestructura como la unidad ejecutora del proyecto de construcción de la mencionada carretera.

Las entidades afectadas parcialmente con la expropiación son la Promotora de Desarrollo Ecoforestal Sociedad Anónima (Ecoforestal S.A.), Desarrolladora de Subproyecto 1 Sociedad Anónima, Inversiones Brito, Sociedad Anónima, Hábitat y Ecosistemas Sostenibles del Pacífico Sociedad Anónima y los ciudadanos Andes Adolfo Pastora Torrez y Zoe Cruz.

El artículo 1, del Acuerdo Administrativo 08-2024 de la PGR, establece que “Para la continuación del proyecto “Construcción de la Carretera Litoral del Pacifico”, se declara de Utilidad Pública un área de terreno de 36 Has. 8,591.02 m, segmentada en diez lotes que se encuentran ubicados en la comarca El Coyol, sector Brito, Municipio de Tola; y en la comarca Las Marías, municipio de San Juan del Sur, ambos del departamento de Rivas”.

Afectados deben ser indemnizados según la Ley

La Ley 229 o Ley de Expropiación, establece en su artículo 4, que no podrá llevarse a cabo ninguna expropiación, sin la previa declaración de utilidad pública o de interés social, el mismo artículo agrega en los numerales 3 y 4, que debe fijarse una justa indemnización, la cual deberá pagarse en efectivo a quien corresponda.

En tanto, el artículo 24 de la misma Ley estatuye que el monto de la indemnización será establecido a través de un dictamen hecho por peritos que valuarán los bienes o propiedades expropiadas.

“El monto de la indemnización lo establecerán los peritos en su dictamen, de la manera siguiente: valuarán detalladamente los bienes y, si se tratare de inmuebles, los terrenos, labranzas, plantaciones, cercas, edificios y todos los demás accesorios del predio, que hayan de expropiarse. Si la expropiación no fuere de la totalidad del inmueble, solo se valorará lo efectivamente expropiable, pero se hará una apreciación de los perjuicios efectivos que se ocasionen al propietario con motivo de la expropiación, a fin de que sea tomada en cuenta en la indemnización”, se lee en la parte medular del artículo 24.

Cabe resaltar que la Ley de Expropiación vigente, fue aprobada el 3 de marzo de 1976 bajo la administración de Anastasio Somoza Debayle.

No son ni serán las únicas expropiaciones

En la medida que los tramos de la costanera avanzan se van dando las expropiaciones. Las anunciadas este 20 de marzo en La Gaceta, corresponden al segundo tramo, el que va desde playa El Remanso en San Juan del Sur, hasta el empalme El Coyol-Brito, en Tola.

Onda Local conoció de la expropiación de terrenos en comunidades y comarcas asentadas en el primer tramo, el cual comienza en El Naranjo, frontera con Costa Rica y finaliza en El Remanso, San Juan del Sur.

Varios de los afectados, son personas de escasos recursos propietarias de pequeños terrenos y que viven en condiciones precarias. Estos fueron, según una fuente vinculada a la construcción de este tramo, indemnizados con montos irrisorios que van entre los 3 mil y 7 mil dólares.

Los cuatro tramos de la costanera

De acuerdo al proyecto, la costanera comprende 4 tramos que van desde El Naranjo, hasta Masachapa.

El primer tramo comienza en El Naranjo y finaliza en El Remanso, el segundo tramo va de playa El Remanso hacia el empalme El Coyol-Brito. El tercer tramo va desde El Coyol-Brito hasta El Astillero y el último de Tupilapa hacia Masachapa. De acuerdo al Ministerio de Construcción y Transporte, la carretera estaría finalizada en febrero del año 2026.

Según el MTI, la costanera tendrá una longitud de 120 kilómetros y servirá para promover el desarrollo turístico y comercial de los municipios y comunidades aledañas a las costas del pacifico nicaragüense. 

Diferencia entre expropiación y confiscación

Los términos expropiación y confiscación jurídicamente tienen significados distintos, pero muchas veces tienden a confundirse o verse como sinónimos, sobre todo dado el contexto que se vive en el país

La literatura jurídica, establece que expropiar se refiere a despojar de algo a su propietario, pero a cambio de una indemnización. Pero la expropiación se efectúa legalmente tras declarar de utilidad pública las propiedades o bienes afectados.  En cambio, la confiscación es una acción punitiva, que se aplica a personas que cometen algún delito, en este caso, la personas o entidad confiscada pierde la totalidad de sus bienes, sin ser indemnizado.

El jurista Uriel Pineda, en una entrevista reciente a Onda Local, explicó lo anterior refiriendo que la expropiación se da cuando una propiedad es declarada de utilidad pública por determinada circunstancia, pero para que esta se haga efectiva, debe mediar un proceso de indemnización o compensación, lo que debe hacerse antes de la ocupación del inmueble, pero en el caso de las confiscaciones, “estas son una pena accesoria a un castigo impuesto penalmente”.

El experto, quien fue desterrado por la dictadura Ortega Murillo, aseveró que, en el caso de las confiscaciones, de la que él también fue víctima, estas han sido una venganza política y por tanto no han seguido el debido proceso. “Aquí nos han acusado de traición a la patria, por eso decomisan nuestros bienes, obviamente con violación al debido proceso, pero dentro de esa lógica la confiscación implica una sanción accesoria por la responsabilidad penal que según ellos tenemos” argumentó.