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Sede del Parlamento Europeo en Francia.
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Eurodiputados piden sanciones e investigar operaciones financieras ilícitas del régimen de Nicaragua

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En una resolución aprobada este jueves, con 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, el pleno del Parlamento Europeo (PE) condenó las acciones represivas del régimen de Nicaragua en contra sectores de la oposición nicaragüense y periodistas. Eurodiputados además pidieron sanciones y que se investigue operaciones finacciera ilícitas del régimen Ortega-Murillo.

A Juicio del eurodiputado José Ramón Bauzá la resolución es considerada una nueva derrota para el régimen Ortega-Murillo, pues el parlamento con amplia mayoría ha rechazado las acciones represivas del régimen y han solicitado nuevas sanciones contra personeros y miembros del mismo. “¡VAMOS NICARAGUA! El Parlamento Europeo condena rotundamente los crímenes de Ortega y Murillo y exige que se les sancione de inmediato. Esta victoria pertenece a los miles de nicaragüenses valientes que cada día plantáis cara al régimen. No os quepa duda: ¡Se van!”, dijo Bauzá en su cuenta oficial de Twitter.

Los eurodiputados exigieron la “libertad inmediata e incondicional” de las personas detenidas, incluyendo aspirantes presidenciales, activistas y periodistas convertidas en presos políticos, quienes fueron detenidos de forma arbitraria. De igual manera las autoridades europeas reclaman pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas y detalles sobre su paradero.

En su resolución de este jueves, el Parlamento Europeo denunció la reciente “deriva del régimen hacia el autoritarismo, lo que ha estrechado espacios para la democracia, el entendimiento a escala nacional y la mediación internacional de cara a una solución pacífica del conflicto, y obstaculizar la celebración de elecciones libres y justas el próximo siete de noviembre”.

“Tras meses de trabajo, mandamos un claro mensaje a los Ortega. Esta deriva no es aceptable y debe ser contestada por la Unión Eropea con TODAS las herramientas necesarias, incluyendo sanciones”, manifestó la también eurodiputada Soraya Rodríguez.

La autoridad europea además condenó que el gobierno de Nicaragua ha creado leyes restrictivas y punitivas con el objetivo de institucionalizar la represión y legalizar actos represivos y violatorios de los derechos humanos.

“Las citadas leyes deben ser derogadas de inmediato y el diálogo y la democracia restauradas, como la única vía para encontrar una solución pacífica a la crisis política, económica y social que vive el país”, dio a conocer el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados apelan al gobierno nicaragüense para que levante el estado de sitio de facto, respete la función de la Policía Nacional como una fuerza no política, no partidista, y desarme a las fuerzas paramilitares.

Puntos aprobados en Resolución del Parlamento Europeo

1.         Expresa su solidaridad con la población de Nicaragua y condena firmemente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses contra partidos de la oposición democrática y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, así como contra sus familiares, y especialmente las muertes que han provocado; pide que se ponga fin inmediatamente a la imposición de medidas restrictivas, la represión y las violaciones de los derechos humanos, y pide que se rindan cuentas por las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde 2018;

2.          Solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluidos los candidatos a la presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, los dirigentes políticos José Pallais, José Adán Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Pedro Joaquín Chamorro, y otros activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas; pide, por otra parte, que se garanticen el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos; pide que el Gobierno aporte inmediatamente pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero; recuerda que deben ofrecerse plenas garantías a las personas exiliadas, de manera que puedan regresar a su país;

3.         Pide que el Gobierno de Nicaragua levante el estado de sitio de facto, respete la función de la policía nacional como una fuerza no política, no partidista y no deliberativa, desarme a las fuerzas paramilitares, respete los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restablezca los derechos de los ciudadanos; reitera su llamamiento al Gobierno para que permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en un entorno seguro y favorable, sin temor a represalias;

4.         Reitera su llamamiento para que se restablezcan un diálogo integrador y la democracia como única salida pacífica a la crisis política, económica y social que atraviesa Nicaragua; destaca la necesidad de adoptar reformas de manera integradora y transparente; pide a la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua que prosiga e intensifique su acción diplomática de cara al proceso electoral y que siga dialogando con las autoridades para intentar encontrar una solución política para la crisis en Nicaragua;

5.         Insta a las autoridades nicaragüenses a que modifiquen inmediatamente la ley electoral de conformidad con los parámetros internacionales solicitados por la OEA en su Resolución de 21 de octubre de 2020, nombren a personas imparciales en las distintas estructuras electorales, restablezcan el estatuto jurídico de los partidos a los que se privó de él, respeten el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos, y garanticen la presencia sin restricciones de órganos nacionales e internacionales de observación electoral, comprometiéndose al mismo tiempo a respetar la convivencia política tras las elecciones; subraya que, para que el Parlamento Europeo reconozca las elecciones y el Gobierno resultante de ellas, deben aplicarse los cambios solicitados por la OEA y las organizaciones internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y las libertades que permiten un proceso electoral libre, creíble y equitativo;

6.         Condena la adopción y aplicación de las leyes restrictivas y punitivas y reclama su derogación inmediata; destaca que dichas leyes van en contra de los derechos y las libertades de los nicaragüenses, consagrados en la Constitución de la República de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y otros tratados internacionales de los que Nicaragua es signataria; rechaza el uso indebido que hace el Gobierno autoritario nicaragüense de las instituciones y las leyes con objeto de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y a los opositores políticos;

7.         Reitera su llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que permitan un acceso sin trabas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, a las organizaciones internacionales de la sociedad civil y a las instituciones europeas, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en Nicaragua; reitera su llamamiento para que se restablezca inmediatamente la personalidad jurídica de las organizaciones de defensores de los derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos;

8.         Pide al Gobierno de Nicaragua que cree una unidad de investigación independiente en la que participen expertos internacionales para supervisar investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas por parte de la Fiscalía General sobre la supuesta responsabilidad de altos funcionarios policiales por violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la represión de 2018 y con posterioridad;

9.          Pide al Sistema de la Integración Centroamericana y a sus Estados miembros que desempeñen un papel activo en la defensa, protección y promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, tal como se establece en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995, en cuyo artículo 1 se estipula que la democracia se basa en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana;

10.       Pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos; subraya que Nicaragua figura en la lista negra del GAFI desde octubre de 2020;

11.       Pide al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados, velando especialmente porque no resulte perjudicado el pueblo nicaragüense; subraya la necesidad de mantener y garantizar que la ayuda de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y el pueblo de Nicaragua a través de los programas humanitarios y de desarrollo de la Unión, entre otros, llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al Gobierno y a las autoridades, con el fin de mitigar el impacto de la COVID‑19 y de la actual represión gubernamental e impedir que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria; recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su llamamiento para que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación;

12.       Elogia y respalda los esfuerzos y la labor positiva que realiza la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua en un entorno extremadamente complejo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que supervisen de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes y embajadas en Nicaragua, inclusive mediante la supervisión de juicios y visitando a críticos y líderes de la oposición en prisión o bajo arresto domiciliario;

13.       Pide a la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y a los Estados miembros que, cuando proceda, faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos en los Estados miembros;

14.       Pide que la Conferencia de Presidentes envíe una misión de investigación a Nicaragua, en la que participe su Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, con el fin de evaluar la situación política y de los derechos humanos;

15.       Recuerda su llamamiento, formulado en su Resolución de 14 de marzo de 2019, en favor de la extradición inmediata de Alessio Casimirri, que sigue viviendo en Managua bajo la protección del Gobierno nicaragüense, a Italia, donde debe cumplir seis sentencias firmes a cadena perpetua por su probada implicación en el secuestro y asesinato del antiguo primer ministro y líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro y el asesinato de sus escoltas en Roma el 16 de marzo de 1978;

16.       Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro‑Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima y al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.

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