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Hostigamiento: Estrategia de represión de Daniel Ortega, según monitoreo Azul y Blanco

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El monitoreo Azul y Blanco reporta en su más reciente informe, más de mil hostigamientos perpetrados por el Estado de Nicaragua hacia personas opositoras en seis meses. 9 de cada 10 hostigamientos fueron realizados por la Policía. 

El monitoreo Azul y Blanco considera hostigamiento a la forma de abuso constate que busca someter y condicionar tanto a personas individuales, como a colectivos, esta acción atenta contra la vida, la libertad, la integridad moral, el honor, el patrimonio y la integridad física y psicológica.  

El hostigamiento del Estado es la forma de represión más utilizada por el régimen Ortega-Murillo, según el informe Hostigamientos: parte de la estrategia represiva del Estado en Nicaragua, presentado la mañana de este 11 de junio. “Constituyen violaciones a los derechos humanos porque atentan contra la integridad física, psicológica, libertad individual, libertad de movilización, opinión, expresión, circulación, pensamiento, derecho a participar en los asuntos públicos, a elegir y ser elegidos, el derecho a la vida privada y la inviolabilidad del domicilio”, agrega.

Sin embargo, la retórica del “Gobierno de Nicaragua” a nivel interno y externo es que la “Policía Nacional” cumple con el compromiso de resguardar a la ciudadanía nicaragüense, y que, es una responsabilidad del Estado de Nicaragua, velar por la seguridad del país.

 

No obstante, excarcelados políticos y presos políticos han denunciado que en el Sistemas Penitenciario del país hay agresiones físicas, psicológicas y torturas por parte de las autoridades del penitenciario nacional.

A continuación, algunos de los principales hallazgos del informe:

•        El 90 % de los hostigamientos son realizados por la Policía Nacional solos o acompañados de posibles para policías o civiles no identificados.

•        Dos de cada tres hostigamientos se han producido en las casas de habitación o cerca de ellas (66.8 %).

•        En 167 casos se registraron amenazas directas; en nueve incidentes las personas agredidas reportaron lesiones o heridas, y en cuatro casos se reportaron víctimas de violencia de género y agresiones sexuales.

•        En 153 incidentes se reportaron agresiones hacia la integridad física de las personas o hacia su patrimonio; esto incluye pedradas o pintas con la frase "PLOMO" sobre las paredes y puertas de hogares, entre otras.

• Abril y diciembre son los meses con mayor cantidad de hostigamientos, aunque estos se mantienen de forma permanente. En abril de 2021 hubo 384 acciones de hostigamiento, seguido de diciembre de 2020 con 223.

•        Hay reportes de hostigamiento personal o grupal en todas las cabeceras departamentales y regiones autónomas.

•        La cantidad mínima de incidentes reportados por persona fue uno y la máxima 37.

•        También prevalecen otras formas de violencia estatal como detenciones arbitrarias e ilegales, judicializaciones, agresiones, amenazas, torturas y malos tratos.

Durante la presentación del informe se expuso que, recientemente la ciudadanía nicaragüense, ha sido testigo de las arbitrariedades cometidas en contra de aspirantes presidenciales y opositores. El monitoreo señala que, a las personas detenidas en los últimos días, se les han violentado el derecho a la defensa como lo establecen las “leyes” del país. El caso de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro es un ejemplo del incumplimiento jurídico realizados por la dictadura, ya que se le ha negado la presencia de su abogada en audiencias realizadas en su casa de habitación, en donde permanece bajo arresto domiciliar desde el pasado 2 de junio del 2021.

Por su parte, la coordinación del Monitoreo Azul y Blanco instó a la población a denunciar los hostigamientos realizados por parte de la policía, paramilitares y simpatizantes del régimen, con el objetivo de dejar registro y para que esta acción no se haga costumbre.

Este monitoreo se realiza con el propósito de recabar, analizar, documentar y difundir información periódica sobre las violaciones de derechos humanos en contra de personas opositoras al Gobierno de Nicaragua en la actual crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el 18 de abril de 2018, cuando miles de personas empezaron a protestar por las reformas al seguro social y, posteriormente, por los asesinatos, detenciones y otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de la protesta.

Algunos de estos hechos han sido considerados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

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