Informar es un derecho
Concentrada frente a su escritorio Arlen Cerda, periodista y co-editora de la Revista Confidencial, luce seria, aunque risueña. Prefiere vivir la libertad de expresión desde el ejercicio de su trabajo. Para ella, hay que tener el valor y el compromiso de lo que significa que la gente confíe en lo que ha decidido desempeñar. Ejerce su labor no por fama sino porque le gusta escribir, contar historias y en el proceso se ha ido comprometiendo “con la defensa de los derechos de la gente”.
Advierte que en la actualidad ser periodista en Nicaragua, es ser un blanco fácil. “Se han incrementado los riesgos de la libertad. Lo vemos en la calle”. Recuerda que en el país hace unos quince años, el gremio periodístico gozaba de gran simpatía y confianza para desempeñar su trabajo. “(la gente) te abrían las puertas”. Pero las condiciones de seguridad para el periodismo han cambiado. Mucha gente llega al extremo de decir, “es periodista hay que atacarlo”, refiere Arlen.
Lo relatado por Arlen, refleja el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en el país. Derechos que se agravan día a día, con cada agresión, amenaza, robo, censura y hostigamiento hacia quienes hacen del periodismo una voz al servicio de la ciudadanía.
Onda local, te comparte un recuento de los acontecimientos relevantes que caracterizan la libertad de expresión en Nicaragua, incluyendo el testimonio de quienes enfrentan el poder que les quiere callar.
“Desde que empezó esto (protestas ciudadanas desde abril 2018) he recibido amenazas de muerte. Nuestra única arma es el micrófono y la cámara; ya ni eso, porque la cámara me la robaron” expresó un tanto desmotivado el periodista Jackson Orozco, de la televisora 100 % Noticias, horas después de ser agredido por turbas afines al partido de gobierno, en el municipio de Diriamba.
Hay periodistas que no llegan a sus casas por seguridad, comentan varios colegas. Otros huyen para preservar su vida. Es lo que ha tenido que vivir el periodista jinotegano Francisco Espinoza, quien se encuentra clandestino para resguardar su vida, porque tiene una orden de captura de la Policía Nacional, lo acusan de terrorismo, robo y tortura. Como Francisco, varias y varios colegas han enfrentado situaciones similares.
Los relatos evidencian lo dicho en el informe “El estado de la libertad de expresión y acceso a la información pública en Nicaragua”, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En el documento, se registran 195 casos de violación a la libertad de expresión, entre abril y junio de 2018.
Tres de agosto. Diez de la mañana. Una fuerte lluvia cae en Managua. “Somos periodistas, no somos terroristas”, gritan en medio de la lluvia un grupo de periodistas que se convocaron en un plantón en la Rotonda Rubén Darío, en el nuevo centro de la capital. Exigen respeto a la libertad de expresión y de prensa. Es la segunda vez en menos de siete días que reporteros, camarógrafos, fotógrafos, editores directores de medios, blogueros y ciudadanía, se pronuncian antes las constantes violaciones a la libertad de expresión y de prensa. La primera manifestación pública fue el lunes 30 de julio, en la Rotonda El Periodista.
Mientras el gremio periodístico realizaban su manifestación, unos hombres intentaban borrar sin éxito una pinta en honor a Ángel Gahona, periodista de Bluefields. El 21 de abril, Gahona fue asesinado mientras transmitía en vivo las protestas ciudadanas. En los videos de pobladores se aprecia que Gahona al momento de ser asesinado se encontraba rodeado de policías. No obstante, el juez Ernesto Rodríguez declaró culpable a dos jóvenes afrodescendientes, Brandon Cristofer Lovo Tayler y Glen Abraham Slate, pero esto no es aceptado por la familia de Gahona.
El 29 de julio, la ciudadanía había registrado el momento en que el periodista Roberto Collado Urbina, corresponsal de la televisora Canal 10, fue secuestrado por paramilitares encapuchados cuando daba cobertura a una marcha ciudadana en la ciudad de Granada. Lo golpearon con AK 47 y lo mantuvieron detenido cuatro horas. El hecho motivó a periodistas a manifestarse, lo cual representa una muestra de solidaridad entre el gremio afirmó el periodista Carlos Fernando Chamorro. “Juntarnos fue una expresión de unidad de la prensa independiente frente a la campaña de difamación, persecución, que muchos colegas enfrentan.”, dijo Chamorro.
El periodista de Onda Local, Julio López Chavarría, fue agredido el día miércoles 18 de abril por grupos afines al partido de gobierno, mientras realizaba cobertura en vivo a un plantón de jóvenes universitarios y ciudadanía que se manifestaban contra la reforma a la seguridad social (decreto presidencial 03-2018). La manifestación fue atacada por los grupos antes mencionados, con piedras, palos de madera y tubos de hierro, y que de la misma forma atentaron contra la integridad del periodista, lo cual le provocó la pérdida de recuerdos sobre lo ocurrido y de acontecimientos próximos al hecho. En el hospital le diagnosticarían la pérdida de memora a corto plazo a causa del trauma.
En el video producido por Human Rights Watch se puede apreciar la magnitud de la agresión y el testimonio de Julio López, quién ha sido atacado en par de ocasiones mientras realizaba su labor informativa. La primera fue el 29 de noviembre 2016, dando cobertura a una marcha de campesinos y campesinas, que exigían la derogación de la ley canalera (Ley 840).
Para Arlen Cerda las dificultades en el ejercicio periodístico en Nicaragua, pasa del premio o castigo con que el gobierno emplea la publicidad estatal - otorgada a discrecionalidad a medios de comunicación afines. Se suma el elemento de la agresión, que llegó al ámbito personal. “Se vuelve algo físico y personal contra el periodista”. Los periodistas que están en la calle son los más perjudicados, asegura.
Estos tres meses le ha tocado vivir momentos difíciles, reflexiona Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66. “Implica andarnos cuidando, es ejercer (el periodismo) con miedo, es de repente abstenerte de ir a cubrir algunos eventos, para evitar que nos roben... a mí me roban un teléfono, me inhabilitan”.
Durante la crisis socio–política en Nicaragua, a varios canales de televisión de nuevo se les censuró. Ya enfrentaban la obligación impuesta por el ente regulador de los servicios de telecomunicaciones, TELCOR, de encadenarse cada vez que Daniel Ortega comparecía en actos partidarios. Así lo han manifestado representantes de los medios televisivos que enfrentaron esta medida, Canal 15, Canal 12, Vos TV Canal 14, Canal 23, Canal 10, TeleNorte en la ciudad de Estelí, Canal 51 y 100% Noticias. En abril, este último permaneció cinco días fuera del sistema de cable. “(La empresa) Claro dijo que eran órdenes directas de TELCOR cortar la transmisión”, denunció Miguel Mora, director de 100% Noticias.
El asedio contra 100% noticias continuó. En reiteradas ocasiones, grupos afines al gobierno, atacaron las instalaciones del canal. El cuatro de agosto durante la oficialista “Caminata por la paz y la justicia”, cuyo recorrido pasaba por las instalaciones de 100% Noticias, “quebraron los vidrios, tiraron aceite negro, piedras, latas de cervezas, rayaron las paredes y le colgaron una bandera roja y negra”, denunció el medio en su sitio web.
Desde el 18 de abril 100% noticias y sus periodistas enfrentan una campaña sostenida de difamación. La mañana del 19 de junio, parapoliciales armados de fusiles AK-47 encañonaron y asaltaron a un grupo de personas de prensa y camarógrafos. Leticia Gaitán de dicha televisora y Daliana Ocaña de Canal 12, fueron asaltadas y agredidas de manera física y psicológica, mientras se disponían a realizar cobertura al desalojo de un tranque ubicado en el Km 14 de la carretera a Masaya.
Pero los ataques contra la libertad de expresión continúan. “Estos son los viejos que deben morir para que el INSS sobreviva”, una frase que corresponde a uno de los últimos episodios que vimos del programa satírico “La Tajona”, producido por la periodistas y bloguera Maryórit Guevara. Desde este espacio, Guevara cuestionaba la gestión gubernamental, hacía un recuento de los problemas del país y los ponía al debate público. Uno de los temas es el ejercicio periodístico, el cual en Nicaragua, es tarea de alto riesgo explica Maryórit. “No sólo porque sus medios (oficialistas) tengan campaña contra otros medios y contra otros periodistas, sino también porque esa fanaticada está alimentada de odio y se cree impune”.
Las amenazas hacia Guevara han estado a la orden del día. “Vía redes sociales en contra de mi vida y de mi familia, en la que me han dicho que me van a ir a quemar la casa, que me van a violar y me van a matar. Se han hecho post públicos en Facebook desde perfiles falsos en los que se me difama. Se han dado la tarea a brindar información de donde vivo”. Por lo que parte de las medidas de seguridad que ha adoptado la periodista, es dejar de producir su programa.
En la siguiente infografía presentamos los cuatro casos más recientes de periodistas y las situaciones de violencia que atraviesa por realizar su trabajo.
En el caribe nicaragüense, las condiciones para ejercer el periodismo no muestran mejoría. De la censura a Yolidia Navas en el 2016 (su noticiero fue clausurado por órdenes del Frente Sandinista) hasta culpabilizar a varios periodistas del asesinato de Ángel Gahona en abril de este año. Onda Local en la edición del 10 de agosto de 2018 conversó con Sergio León y Jesús Salgado, periodistas bluefileños, quienes explicaron cómo les han querido desprestigiar, por la posición crítica hacia el poder que mantiene desde sus medios.
El 18 de noviembre de 2017, el leonés Pedro Altamirano había publicado en sus redes sociales la denuncia de Reynaldo Castillo, quien acusó a su empleador Luis Tomás Urroz, propietario de Mini Ferretería Urroz, por incumplimiento de acuerdos laborales. Urroz fue encontrado culpable laboral, y emprendió un proceso judicial por injurias y calumnias contra del periodista. Finalmente la jueza Ligia Marín declaró no culpable a Altamirano al no encontrar suficientes evidencias.
Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, declaró que el hecho, más allá de una acusación contra el periodista, representaba una amenaza en contra de la libertad de prensa. “El banquillo del acusado no estaría ocupado por Pedro... es la misma libertad de prensa la que se juega el pellejo en este proceso”, manifestó.
Uno de los principales obstáculos para la libertad de expresión y la libertad de prensa, es la falta de acceso a la información pública. Aunque existe desde el 2007 la Ley (621) de Acceso a la Información Pública, en la práctica es papel mojado. “Un funcionario de gobierno no te da declaraciones, la policía saca comunicados y no podés preguntar, cuestionar, ninguno de los ministros del gobierno da información. Todo eso hace que la libertad de prensa sea aplastada”, refiere el foto periodista Carlos Herrera.
El monopolio de los medios de comunicación, la falta de licencias para que otros medios operen, el engavetamiento de una iniciativa de ley de radios comunitarias y el cierre de espacios informativos, emerge en la lista de factores que limitan el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nicaragua. Situación que se ha agravado desde hace unos cuatro meses, con el incremento de la criminalización de la protesta ciudadana. En consecuencia, el pasado 31 de mayo, el Parlamento Europeo solicitó al gobierno de Daniel Ortega, poner fin a todos los actos de violencia contra las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe del 22 de junio de 2018 “Grave Situación de Derechos Humanos en Nicaragua”, confirmó que los medios de comunicación independientes, han visto afectada su labor periodística tanto por la interferencia de agentes del Estado, como por la violencia ejercida por simpatizantes orteguistas. La CIDH, reconoció que una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático. Así mismo, que la violencia contra periodistas no sólo vulnera la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además, afectan la dimensión colectiva de este derecho.
El 14 de agosto del mismo año, una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de Reporteros Sin Fronteras (RSF), visitaron el país, para conocer in situ la situación de la libertad de expresión y de prensa.
Ambas organizaciones, coincidieron en que la libertad de prensa está bajo un claro acoso por autoridades y agentes de la policía. Denunciaron las prácticas oficiales de asfixia económica en contra de los medios a través del uso de la publicidad estatal y el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, restricciones a la importación de insumos y equipos periodísticos, periódicas investigaciones impositivas, provisionales y laborales y presión a anunciantes privados para que retiren la pauta de los medios independientes.
El gobierno de Daniel Ortega ha tratado de silenciar las voces críticas a su gestión. En reiteradas ocasiones ha intentado controlar el acceso a internet y las redes sociales. La última vez sucedió el pasado 13 de marzo, cuando Rosario Murillo, anunció que las redes sociales significaban una amenaza para la juventud y las familias, por lo que debían ser reguladas. Sin embargo este y otros intentos, han fracasado. El internet se ha convertido en una ventana desde donde la ciudadanía ventila sus percepciones sobre la realidad que vive. Es también la ruta de escape del aparato comunicacional estatal, por donde se pretende contar una realidad, con el objetivo de favorecer al gobierno de Ortega; pero que contrasta con las evidencias registradas por la ciudadanía twittera y facebookera de Nicaragua. Un ejemplo es que “muchos ciudadanos que estaban con su teléfono informando sobre el ataque del barrio Sandino de Jinotega; desde horas de la noche nos damos cuenta. La tecnología me resulta mágica”, expresó Álvaro Navarro.
En las actuales circunstancias de violencia y múltiples acontecimientos que vive el país, para el periodismo es difícil cubrirlo todo. Es la misma ciudadanía la que ha contribuido con la generación de información oportuna, analiza Carlos Herrera. “Los medios de comunicación están recibiendo, procesando, viene de la misma población. Nosotros no tenemos la capacidad de ir en medio de un tiroteo y grabar paramilitares, es la misma gente con sus celulares y desde el resguardo de sus casas es la que está haciendo el trabajo de documentación”, puntualiza.
En el país hay más celulares que habitantes reportó la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones en 2016. Más de ocho millones de celulares y seis millones de habitantes. Estas herramientas han sido fundamentales para reunir pruebas sobre robos, asesinatos, secuestros, allanamientos, entre otros tipo de violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía y paramilitares en contra la ciudadanía. “El hecho de haber grabado a este grupo de paramilitares en Catarina, diciendo que “el que levante un adoquín le van a volar la cabeza, y que este video se haya difundido en las redes sociales para el mundo, eso es súper importante para que se conozca esa realidad”, agregó Maryórit Guevara.
El trabajo periodístico se ha mejorado un montón a partir de la información publicada a través de redes sociales, aunque significa un reto, analiza Arlen Cerda. “Uno no puede fiarse completamente de todo lo que mira en las redes sociales. Se tiene que saber hacer la correduría necesaria para filtrar toda la información”.
Arlen Centeno, comunicadora de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, encuentra en las redes un espacio que difícilmente da lugar a la censura; y además sirve para verificar mentiras y manipulaciones. “Cada ciudadano se vuelve un testigo y aporta pruebas…Vos podes hacer cortes, como intentó hacer el oficialismo editando un video mal intencionado cambiando los tiempos, pero vos tenés las transmisiones en vivo que no dan chance a la edición”.
Diversos especialistas en comunicación coinciden que el verdadero periodismo debe situarse en la acera contraria al poder, cuestionarle siempre; cosa contraria es propaganda. Ocho de los nueve canales de televisión abierta existentes en Nicaragua, un grupo de radioemisoras y medios digitales nutren el aparato comunicacional gubernamental. Ninguno cumple con esta aseveración de las y los especialistas. Su cercanía con el poder les aleja de la ciudadanía y por consiguiente poco aportan al pensamiento crítico y a la democracia.
Periodistas nicaragüenses coinciden en que los medios de comunicación oficialistas no aportan al derecho de la libertad de expresión. “Siento que han cruzado una línea de no informar, sino insultar, descalificar, denigrar, atacar directamente, sumarse a una campaña oficialista para los objetivos del gobierno y eso ya no es libertad de expresión. La libertad de expresión no es una carta en blanco, no es hacer lo que querrás. Todo derecho tiene una gran responsabilidad, tiene límites”. refiere Arlen Cerda.
Carlos Herrera califica a los medios oficialistas de propagandistas y relacionistas públicos. “Ahí no veo en que puedan aportar a nuestras libertades individuales, están haciendo uso de su derecho a expresarse sí, pero no están haciendo prensa”.
El régimen Ortega-Murillo busca aumentar su sistema de medios. Se ha conocido recientemente su interés de apropiarse de la empresa Radio Televisión Nicaraguense Inmobiliaria SA (Ratensa) más conocida como Canal 10 de Televisión y de Noticias Diez SA, propietaria del telediario Acción 10. Media el interés por la cobertura geográfica que dicho medio ha alcanzado y su preferencia entre el sector de la población más empobrecida.
No obstante, las y los periodistas que laboran en Acción 10 han manifestado su firmeza de continuar informando a la ciudadanía:
Si bien, se puede hacer periodismo desde un medio oficialista, en Nicaragua eso pareciera un sueño. Dichos medios son empleados para otros fines, afirma Álvaro Navarro.“Son más bien como armas de ataque de difamación, de injurias, de tratar de desacreditar hasta más no poder y con saña, a otros periodistas”.
Añade que varios de los periodistas oficialistas, descalifican como “vándalos”, “delincuentes”, “pagados por Estados Unidos y el narcotráfico” a varias de las personas que han participado de las actividades de protesta. “Te das cuenta que no hay ningún aporte a la diversidad de voces”, que debería de haber por parte de estos medios, agrega Navarro.
Salir a la calle sin miedo, no es algo que se pueda decir con certeza en estos días en Nicaragua. Con los niveles de violencia existentes, salir a la calle implica tomar medidas para evitar robos, secuestros, gente encapuchada que te puede disparar, preocuparte cuando ves venir a un patrulla de la policía y hasta de salir corriendo cuando miras motos o vehículos con paramilitares. Ello puede generar miedo y traducirse en autocensura.
En Nicaragua quienes han sido perseguidos por realizar periodismo crítico, resisten, saben que el desafío de revelar lo que el sistema quiere ocultar les puede quitar la vida. “Son derechos elementales para la vida, el informarnos, el tener un criterio propio, el que nadie te marque qué pensar y qué decir”, señala Arlen Centeno.
La apuesta es que las y los periodistas contribuyan desde los medios de comunicación a que prevalezca la lucha de las ideas en el debate. Una lucha que la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli ha venido promoviendo desde el PEN-Nicaragua; y que recientemente le ha hecho merecedora del premio alemán Hermann Kesten 2018, por ser “una voz poderosa para la libertad de la palabra”.
