Marcha contra la minería en Rancho Grande, el 03 de octubre de 2015
Julio López / Onda Local

Minería en Nicaragua continúa impactando los territorios

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Isayara López / Onda Local

Cuando las empresas mineras entran a los municipios ofrecen empleo, productividad y grandeza. Sin embargo, en las comunidades donde se lleva a cabo la actividad minera sus pobladores han liderado una batalla histórica por la protección y conservación ambiental. Hasta la fecha, sus demandas no son escuchadas.

La Libertad en Santo Domingo, Santa Cruz de la India, San Albino en Nueva Segovia y Rancho Grande son algunos de los lugares donde la minería a cielo abierto o subterránea ha cobrado altos costos a las riquezas naturales que poseen estas comunidades.

Según el Diagnóstico de los Impactos Ambientales de la minería metálica en Nicaragua, realizado por Centro Humboldt en 2019, el país cuenta con 72 áreas protegidas que ocupan 33,305 kilómetros cuadrados, un poco menos de la tercera parte de los cuales corresponde a reservas mineras y concesiones otorgadas por el actual régimen.

En octubre de 2015,  miles de personas se dieron cita en El Comején, a la entrada del municipio de Rancho Grande, Matagalpa, para protestar contra la explotación minera de la B2Gold; la victoria del municipio contra esta empresa y el gobierno, fue histórica. Sin embargo, cinco años más tarde, Reyna Huerta de la comunidad Buenos Aires Uno, en Rancho Grande, e integrante del Movimiento Guardianes de Yaoska, explica que las comunidades de la zona continúan en resistencia.

“…del 18 de abril del 2018, la empresa mandó a unos guiriceros a trabajar para después ellos instalarse, eso era un engaño, ellos querían que pensáramos que era la minería artesanal, pero nosotros no estamos ciegos, ahora nos damos cuenta que ya es la mera empresa minera…y seguimos teniendo la lucha…como Rancho Grande, no queremos ni minería artesanal, ni minería industrial... No vivimos de la minería artesanal ni la industrial, vivimos de lo que nosotros cosechamos…”, aseguró Reyna Huerta.

El artículo 64 de la Ley 387, Ley Especial sobre exploración y explotación de minas, prohíbe el vertimiento de residuos o desechos resultantes de la producción minera, hacia cuerpos de aguas. Huerta, señala que las malas prácticas de la actividad minera están afectando la vida de las comunidades,“…las aguas están contaminadas cuando nos bañanos nos salen llagas, las aguas no las podemos tomar nos enferma el estómago y también nos impacta económicamente porque ahora las hortalizas que nosotros sembrábamos, lo que nosotros cultivábamos antes ya no es lo mismo, está contaminado”.

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