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La propiedad comunal, un derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes

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Isayara López / Onda Local

Cada 12 de octubre Nicaragua conmemora el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular; esta fecha recuerda la diversidad cultural que posee el país, las raíces de un pueblo multiétnico y multilingüe y la lucha de los pueblos originarios por la reivindicación de sus derechos ancestrales.

En el artículo 89 de la Constitución Política de Nicaragua se reconoce la existencia de la propiedad comunal de los pueblos indígenas. La Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz estabece este derecho. 

“La propiedad comunal, es una propiedad colectiva, pertenece al pueblo, a la comunidad; el entendimiento de la propiedad comunal está constituida por las tierras, las aguas, bosques y otros recursos naturales que se contienen en ese territorio que el pueblo ancestral originario lo ha abordado como un bien colectivo", aseguró Dollene Miller, de la comunidad Creole afrodescendiente de Bluefieds.

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Para Becky Mc Cray, abogada, del pueblo indígena Rama Cay territorio Rama, las comunidades indígenas tienen su propia forma de gobierno y han administrado sus recursos naturales, desde tiempos ancestrales. “De acuerdo con la historia, antes que las regiones autónomas fueran parte del Estado de Nicaragua era una región Mosquitia que contábamos con nuestra propia forma de gobierno, en ese caso había un rey de la Mosquitia iniciando desde ese antecedente, esa historia; los pueblos indígenas siempre hemos contado con nuestra propia forma de gobierno hasta incluso una propia forma de administración de recursos naturales, particularmente a nivel de territorio y a nivel comunal”, señaló Mc Cray.

Internacionalmente existen leyes y convenios que reconocen los derechos ancestrales. Aunque Nicaragua forma parte de estos tratados, los pueblos originarios tienen más de un siglo se encuentran en una constante lucha de resistencia para que se les respeten sus derechos, particularmente sus territorios. “A nivel internacional está el convenio 169, también está la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y recientemente la declaración americana sobre a los derechos de los pueblos indígenas. En estos preceptos internacionales, se prioriza a que todos los Estados, parte de donde tengan presencia de pueblos indígenas respeten los derechos colectivos que estas tienen principalmente sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y hacer políticas públicas para mejorar la vida de estas comunidades indígenas”, destacó José Coleman, defensor de derechos humanos.

El Estado de Nicaragua tiene una deuda pendiente con los pueblos indígenas Miskitus, Mayangnas, Ramas, Garífunas, Creoles y Ulwas. En el año 2001, la Corte Interamericana resolvió que el Estado había violado los derechos de propiedad de los indígenas y le ordenó remediarlo indemnizando a la comunidad y promulgando una ley para demarcar y titular todas las áreas habitadas tradicionalmente por los pueblos indígenas de la Costa Caribe. El Estado no ha cumplido la última etapa del proceso de demarcación, referida al saneamiento de los territorios indígenas.

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