En 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica a nueve organizaciones civiles
Onda Local

Organizaciones civiles canceladas y confiscadas por Daniel Ortega, denuncian retardación de justicia

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Las organizaciones civiles a las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les canceló la personería jurídica y confiscó sus bienes, denunciaron en la edición de Onda Local del 18 de septiembre, que hay retardación de justicia ya que el Poder Judicial no ha dado respuesta a los recursos interpuestos. Ante esa situación, no les ha quedado más alternativa que trasladar la denuncia ante instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).  

En 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica a nueve organizaciones civiles como represalia por su posición crítica, las acusó de desnaturalizar sus personerías jurídicas y de ser parte un supuesto “intento de golpe de Estado fallido”. Casi dos años después, estas organizaciones no han recibido respuestas a sus reclamos y sus bienes continúan confiscados. 

El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégico y Políticas Públicas (IEEPP), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Hagamos Democracia, el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), la Fundación Popol Na, el Instituto de Liderazgo de las Segovia (ILS), la Fundación del Río y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) fueron las organizaciones a las que la Asamblea Nacional les canceló la personería jurídica y las señaló de “gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”, sin mostrar las evidencias y negarles el derecho a la defensa. 

“Nos imputaron actos delictivos, por el simple hecho de defender derechos, además violaron el derecho a libertad de asociación”, explicó Marlín Sierra, Directora Ejecutiva del CENIDH.

Sierra, también destacó que hay una condición del aparataje estatal como de todos los poderes del Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. “Seguimos siendo criminalizados, perseguidos y no nos dejan ejercer nuestra labor”.

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Ana Quirós, directora de CISAS, explicó que las organizaciones han sido castigadas desde siempre, “el tema principal ha sido la persecución porque pensamos diferente… las organizaciones civiles y no gubernamentales hemos sido la voz de los sin voz, hemos sido ese megáfono para que la gente pueda poner sus denuncias, sus demandas”

Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río, aseguró que en Nicaragua el régimen ha continuado reprimiendo a las organizaciones de sociedad civil porque han dado acompañamiento a la ciudadanía. “Ha habido una violación sistemática hacia las organizaciones… nosotros hemos agotado todas las vías legales y no hemos tenido acceso justicia…las organizaciones se han convertido en un símbolo de lucha”.

Quirós manifestó que en el país las leyes se usan para motivos diferentes a los originales “en todos esos usos lo que está detrás es castigar a quienes se oponen a sus opiniones”

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