Gilberto Lindo, investigador experto en municipalismo
Isayara López / Onda Local

Poca transparencia en la gestión presupuestaria municipal

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La crisis sociopolítica de 2018, generó un retroceso en la poca transparencia de la gestión presupuestaria municipal, un estudio realizado por Expediente Público sobre la Transparencia y rendición de cuentas presupuestaria en 20 gobiernos municipales de Nicaragua, confirma la política de secretismo de la gestión pública practicada por el Estado y las restricciones financieras impuestas a los municipios cuyos gobiernos pertenecen a partidos de oposición.

“Las municipalidades que facilitaron abiertamente la información pertenecen a la oposición, y en ella se perciben muchas áreas de mejora, igualmente, es destacable la disposición a la evaluación e interés en los resultados de este estudio. En cambio, los municipios de corte oficialista se mostraron cerrados y sin interés en transparentar la información, argumentando la falta de permisos o cualquier excusa que denota la poca transparencia con que han venido funcionando y el incumplimiento de la Ley de acceso a la información pública”, señala Expediente Público.

Al respecto, Gilberto Lindo, experto en municipalismo e investigador de este estudio expresó que, “la ley establece que cualquier ciudadano puede solicitar información de carácter pública y debe ser facilitada tal y como la ley lo señala, es la transparencia que el régimen debería de tener, para llenar de confianza a la ciudadanía”.

Algunos de los hallazgos encontrados por Expediente Público durante la investigación, son los siguientes:

  • De los veinte municipios a los cuales se les solicitó información, solamente siete la brindaron. De los resultados encontrados, los municipios muestran un desempeño en el ciclo de presupuesto regular.
     
  • La fase que muestra el mayor desempeño es la de evaluación de la rendición de cuentas, está compuesta por la realización de cabildos ordinarios y el envío de los informes financieros a las instituciones de Gobierno.
     
  • Lo más débil es el tema de los cabildos que, aunque se realizan, son deficientes con respecto a lo establecido por la Ley, principalmente el contenido y la ausencia del acta de realización de estos. El contenido se limita, según la evidencia, a una presentación de datos numéricos de ingresos y egresos y al listado de proyectos ejecutados, sin ahondar en logros y metas alcanzadas.
     
  • Otro aspecto recurrente es la omisión de asambleas de rendición de cuentas del cierre de año en las comunidades donde se consultó el presupuesto; esta actividad se limita únicamente a la realización de un cabildo en el casco urbano, cabecera del municipio, restringiendo de esta manera la justificación de gastos e ingresos a los pobladores de esas comunidades.
     
  • Se evidencia la poca asistencia a los cabildos, en los que los alcaldes y alcaldesas deben cerrar las oficinas de las municipalidades para que sean los empleados quienes asistan a estos.
     
  • La fase que corresponde a la ejecución presupuestaria, alcanza un rendimiento regular, la debilidad en esta fase se centra en la gestión de las modificaciones presupuestarias, que carecen de cumplimiento de la Ley.
     
  • La fase de menor desempeño es la de programación, valorada como deficiente en la investigación. Esta únicamente se limita una administración de desarrollo y dificulta valorar efectos e impactos logrados por el Gobierno, que se evidencia en la falta de informes de logro de objetivos y la identificación de áreas de mejora. 

Es importante mencionar que, en el estudio, evaluaron el uso de las redes sociales y las páginas webs destinadas a evidenciar la transparencia presupuestaria. A lo que Lindo, mencionó que “los municipios deben tratar de ser más eficientes en la comunicación…usar las redes para divulgar la información, pero una información que sea realmente de la gestión del municipio, no tanto propagandizarse…la información de los municipios debe ser concertada y consultada con los ciudadanos”.

Un estudio de Onda Local, realizado con el Colectivo Transparencia Nicaragua, evidenció que, “la revisión efectuada en 64 instituciones públicas y las 153 municipalidades del país, indica que la mayoría incumple la Ley 621 en cuanto a la información básica que debe ser difundida en sus sitios web y el procedimiento para que el ejercicio del derecho de acceso a la información sea una realidad para la ciudadanía, así como para periodistas e investigadores independientes”.

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