Padre y madre de Richard Pavón
Niú

Nicaragua exige verdad por graves violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 328 personas asesinadas durante las protestas contra la dictadura Ortega Murillo, inicialmente por la eliminación de las reformas a la seguridad social que afectaban a las personas jubiladas; y posteriormente en demanda de justicia por las víctimas de la represión.

La información obtenida por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, en su informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 31 de mayo de 2018, demuestra que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril a una etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de armas contra la población civil, principalmente armas de fuego, incluyendo armas de guerra.

El informe del GIEI agrega que los operativos policiales incurrieron en el uso desproporcionado de la fuerza, que puso en peligro la vida y la integridad física de gran número de personas, muchos de los cuales, resultaron heridos y muertos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, pudo identificar que, en el transcurso del 18 de abril al 30 de mayo, fue progresiva la utilización de armas de fuego...

La Policía para dispersar a los manifestantes, señala el GIEI, pasó de utilizar escopetas adaptadas para disparar bombas lacrimógenas a escopetas con balas de goma y balas de plomo.

El actuar desproporcionado, por parte de la Policía quedó evidenciado en miles de videos documentados por periodistas y la ciudadanía en general.  

La Policía disparaba a manifestantes, a distancias cortas, utilizando fusiles AK47, AR15, e incluso Dragunov … Estas armas ofensivas son de uso exclusivo del ejército, los cuales están clasificadas como armas de guerra que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser utilizadas para bloquear una protesta por parte de las fuerzas policiales.

El 24 de marzo de cada año, se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, como lo ocurrido en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018.

Con el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, se rinde homenaje a la memoria de Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 por denunciar activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador.

El llamamiento que Romero hacía a las fuerzas armadas de El Salvador, eran vigentes para las fuerzas policiales de Nicaragua en 2018, 38 años después.

Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como sus familiares, tienen el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones. El Estado de Nicaragua ha negado este derecho a familiares de las víctimas de la represión. Carlos Pavón denunció el asesinato de su hijo Richard, el propio 19 de abril, sin encontrar respaldo de las instituciones del Estado nicaragüense.

“El mismo 19 de abril del 2018, que fue asesinado, se puso la denuncia, fue llevado a medicina legal, donde le realizaron la autopsia, el dictamen dice que fallece por arma de fuego a causa de hemorragia pulmonar. El 2 de mayo del 2018 me citaron en la fiscalía, buscamos a un testigo de los hechos, nos piden declaraciones y después de esto nos llevan al lugar de los hechos donde se hace el levantamiento del croquis. El fiscal nos pide simplemente buscar más testigos y que nos retiremos y que ellos nos iban a volver a llamar. Seguimos esperando que nos llamen”, señaló Pavón.  

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