La poca información publicada, en su mayoría, no cuenta con niveles de desagregación
Julissa Berrios / Onda Local

Acceso a la información pública más limitada que antes de abril 2018

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En ocasión del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, conocido también como el derecho a saber, designado por la Conferencia General de la UNESCO, Onda Local presentó los resultados principales del estudio “Situación actual del acceso y disponibilidad de la información pública en Nicaragua”, realizado en coordinación con investigadores del Colectivo Transparencia Nicaragua.

Dayra Valle, investigadora a cargo, explicó que parte del acceso a la información pública está relacionada con la transparencia de la gestión que “se complementa el tema de la rendición de cuentas, de la probidad pública y todo tiene que ver con que los ciudadanos y ciudadanas estemos informados”.

La metodología utilizada para el desarrollo de este estudio fue adaptada de Transparencia Internacional y se denomina “transparencia focalizada”. Según argumentó Valle, la misma se basa en “ir al punto de investigación y focalizar elementos de la transparencia”.

“Para esta investigación nos hemos concentrado en la obligación de brindar información que tiene las instituciones públicas, según la Ley de Acceso a la Información Pública, ley que ha sido azotada por una política de secretismo y falta de voluntad para su implementación. Lo que hicimos fue contrastar los elementos legales de la Ley en especial los contemplados en el artículo 20, que mandata que las instituciones públicas u otros entes, que estuviesen subordinados a la gestión pública, están sometidos al escrutinio público”, detalló.

La investigadora considera que la Ley de Acceso a la Información Pública, solamente se quedó en la parte normativa ya que varias Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP), ni siquiera fueron creadas, tampoco se elaboraron manuales y procedimientos para la atención, ni se crearon las instancias de revisión y apelación de las solicitudes para hacer que las autoridades respondieran frente a esta obligación.

El proceso de centralización y de cierre de información como política gubernamental fue evolucionando desde que este gobierno inicia su gestión, considera Valle: “Hay algunos que piensan que esta política inicio desde 2007, otros que piensan que hubo una evolución alrededor del 2012 en el que se dio otra fuerte restricción de la información, otro momento en el último período electoral en el que se da un cierre de tuerca más fuerte porque los resultados electorales fueron muy cuestionados y, hay un último quiebre que es la crisis de abril de 2018 que marco otro ajuste mucho más fuerte de secretismo en la política gubernamental”.

Para la investigación se verificaron 64 sitios web, incluyendo ministerios, empresas del Estado y alcaldías municipales. En el caso de las alcaldías, detalla la investigadora: “En su mayoría, no cuentan con sitios web, sino que con perfiles en Facebook; y las que tienen, la información es sumamente limitada y parecen reproductores de las noticias del gobierno central, no son noticias locales en su mayoría”.

Agregó que en el ámbito municipal por un problema de recursos “no se crearon las OIAP, las oficinas de divulgación y de participación ciudadana fueron cargadas con la atribución del acceso a la información, pero lo peor es que desde el año pasado muchas de estas oficinas que brindaban cierta información, ahora son utilizadas para conocer el comportamiento de la ciudadanía y sus acciones cívicas”.

La ciudadanía que se acerca a solicitar información pública es indagada fuertemente detalla, “la acción de los funcionarios es restrictiva y ahora encontramos que ni siquiera te reciben la solicitud, por el contrario indagan sobre los motivos por los cuales llegas a preguntar, hay un elemento de criminalización a la solicitud”.

Entre otros hallazgos del estudio se encuentran: “la poca información que se publica en su mayoría a través de portales web no cuenta con niveles de desagregación que permita conocer detalle de la situación que las cifras o la información en general indique; el manejo de la información está sumamente centralizado, ni los mismos funcionarios de los ministerios o entidades tienen acceso a la información, salvo que estén en el canal autorizado y la misma se canaliza hacia el despacho ministerial; se ha dado eliminación de información pública disponible en páginas web. En ocasiones se coloca por cierto tiempo y semanas o días después no aparece”.

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