Policía perdió credibilidad

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La Policía, ha estado en el centro de las controversias. La opinión generalizada es que durante el año 2018 se terminó de enterrar la profesionalización de la Policía, que por mucho tiempo destacó entre las instituciones con mayor credibilidad ante la opinión pública. En los medios de comunicación independientes ya no se le llama “Policía Nacional”, sino “Policía Orteguista”.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha planteado que en Nicaragua se ha instalado un Estado Policíaco, donde se han suprimido los derechos humanos relativos a las libertades públicas.

Para el constitucionalista, Fanor Avendaño, la primera fisura se dio cuando no se respetó el relevo policial. A esto se sumó, los encantos de estar cerca o del ardo del poder. “Los cargos (públicos) a los ex Comisionados, a los hijos de los Comisionados, a los parientes amigos y socios de los Comisionados. Adiós profesionalización”.

Los informes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos involucran directamente a la Policía en la represión contra los manifestantes y de actuar de forma coordinada con los paramilitares. La última versión, proporcionada por Daniel Ortega a medios internacionales, da cuenta que los paramilitares eran policías voluntarios.

El argumento de Daniel Ortega resulta ilógico, según Avendaño. “No he encontrado un lugar donde diga que la policía voluntaria tenga que ir encapuchada y con armas de guerra. La Policía Voluntaria, según la Ley, tiene sus especificidades claras, definidas, concretas. Por esencia, naturaleza y espíritu de la Ley, es para colaboración comunitaria, para la seguridad, la prevención, el acompañamiento y no pueden hacer tareas de orden militar, mucho menos asumir acciones con armamento de guerra, porque no están entrenados. Cuando llegasen a ser portadores de armas, es para cuido de bienes públicos, no cabe el policía voluntario en una acción de este tipo”.            

Para Avendaño está claro que la Policía hizo uso excesivo y desproporcional  de la fuerza. “No eran terroristas los que estaban en las calles, eran jóvenes con morteros y eso no se asemeja ni siquiera a una arma de 22. Nosotros ocupábamos los morteros ni siquiera como un arma sino como un símbolo de sonido para una manifestación.  El efecto del mortero es el sonido de agitación para estar en la calle”.  

Julio Montenegro, abogado de los auto-convocados, explicó cómo la Policía ha violado los derechos de presas y presos políticos, desde el inicio de la investigación. Ser exhibidos públicamente como “terroristas” o “delincuentes golpistas”, a tono con el lenguaje de la dictadura Ortega-Murillo, de entrada les condena públicamente, violentando la presunción de inocencia y deja al descubierto la parcialización y falta de profesionalización de la policía.    

Montenegro destacó que durante los juicios contra los presos políticos se ha abusado de los llamados policías encubiertos. “Lo más irrisorio es que cuando yo he hecho preguntas a los famosos agentes encubiertos, estos no saben qué ley los rige, cuál fue el mecanismo que siguieron, únicamente siguieron la dirección de su jefe.  No me pueden hablar qué día y a qué hora realizaron determinadas indagaciones; desde ahí tenemos una situación sospechosa”. 

Otro ejemplo, citado por Julio Montenegro, es lo ocurrido en la audiencia de Medardo Mairena y Pedro Mena.

“Pusieron a leer,  en una pantalla grande, en el auditorio de los Juzgados al famoso agente encubierto, línea por línea, incluso hubo una parte en la que se equivocó y yo pedí que volviera a leer porque se había saltado una línea”, ironizó el defensor de derechos humanos.  

Medardo Mairena y Pedro Mena, estaban advertidos, sabían que era un juicio político y que estaban en la indefensión jurídica.  “Esta sentencia es la más irrisoria contra los auto-convocados.  Se nota la saña contra los campesinos, porque el juez impuso penas más allá de las solicitadas por el Ministerio Público. Son ilegales totalmente, este es un juez inquisidor”, declaró Julio Montenegro.

 “Ninguno de ellos ha firmado el fallo de responsabilidad, ni la sentencia. No están obligados porque no son responsables de ese hecho. Yo me veo obligado porque tengo que hacer el conteo y hacer uso de la apelación o de los mecanismos que la ley me establezca, de acuerdo al artículo 17 del Código Procesal Penal”, agregó.  

El defensor explicó que durante el juicio hubo manipulación de pruebas: “La imagen que se presentó como prueba contra Medardo Mairena era un empalme de tres imágenes distintas. En la primera, Medardo ni siquiera sale al frente, sale dentro de un grupo, van con bandera azul y blanco, marchando sobre una calle adoquinada. La otra imagen, con otro plano, es de gente que está en cruces de calle, con banderas rojinegras de diferentes tamaños y una tercera imagen, donde se mira una batalla campal a punta de piedras entre policías, funcionarios del Estado y gente que estaba en algunos tranques”.

El abogado Montenegro, también denunció que un paramilitar sirvió como testigo el juicio contra Cristian Fajardo.  “Después de que declaró, le pidieron que se acercara ante el juez, agachó la cabeza y le dijo: mire, esta es la cicatriz que me dejó en la cabeza y casi ni se notaba. Esta persona es quien ejerce la tarea de jefe de vigilancia en la Alcaldía de Masaya.  Yo le pregunté ¿usted ha estado en la Policía?- nunca he pertenecido a la Policía. ¿Usted ha estado en el Ejército? –No, nunca he estado. Sucede que esa persona fue identificada como paramilitar. Se llama Roberto José Raúdez, sale en primera plana de los periódicos nacionales, con un arma con mira telescópica, plenamente identificado. Ni siquiera son policías voluntarios, se trata de civiles armados”.

Fanor Avendaño, dijo que aun siendo policías encubiertos, deben tener límites. “Policía encubierto no es policía impune. Un policía usa la capucha para proteger su integridad física, la de su familia y la de su comunidad y para evitar ser blanco del crimen organizado. No obstante, las circunstancias de Nicaragua eran manifestaciones populares, cívicas. Había alteración del orden público, pero atacarlas no tiene lógica jurídica, ni de orden público, menos militar”.     

El abogado Avendaño, dijo que se debe replantear la institucionalidad de la Policía y volver a la policía que tenía como cultura, los derechos humanos. “Requerimos que en esta transición que viene en el país, se requiera un mando civil en la Policía”.

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