Reformas tributarias y a la seguridad social impactan a la gente

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Por Duyerling Ríos 

El gobierno anunció esta semana la Iniciativa de Reformas a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, a la vez que el Consejo Nacional del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprobó una reforma al Reglamento de la Ley de Seguridad Social, el cual contempla un aumento del aporte de las y los trabajadores, que pasará del 6.25% al 7% sobre sus salarios.

                             

La edición 94 de Onda Local, la dedicamos a conversar acerca del impacto que tiene en la ciudadanía la reforma tributaria y a la seguridad social. Nos acompañaron en el debate en vivo Gissella Canales Ewest, Periodista especializada en economía y quien publica en http://www.delepesoasuspesos.com Johana Arce, abogada y Leonardo Labarca, economista.

Los panelista coincidieron en que no es el mejor momento para hacer una reforma tributaria porque aumenta los costos de producción y ambas reformas afectan directamente el bolsillo de las y los nicaragüenses.

Algunas salidas propuestas fueron revisar el salarios de funcionarios que laboran en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, así como revisar las contrataciones públicas y transparentar la información de las mismas. 

Labarca compartió que se la reforma busca retomar lo que pretendían hacer en 2019, cuando se propuso quitar un sin número de exoneración al sector privado. “Era proporcionalmente quien ganara más, pagara más, para de esa manera elevar los ingresos. Como ahora el sector privado está peleado con el gobierno, éste retoma las medidas, pero en el peor momento.”, explicó.

Agregó que en el país el 3% de las empresas inscritas en la seguridad social son las grandes empresas, que tienen a su vez el 52.6% de trabajadores. “Quienes están sosteniendo el empleo en Nicaragua son las grandes empresas. Y vienen a ponerles otras trabas, además de la poca liquidez del sistema financiero, todo eso le resta liquidez a las empresas”.

 Por su parte Guissella Canales comentó que la propuesta afecta productos de la canasta básica  como los que se producen a base de cereales como la avena. También se verán afectados los productos de aseo personal, entre ellos el jabón de baño, de lavar ropa y la pasta dental.

Guissella es de la idea que con esta reforma en vez de cumplir con la meta de recaudación, más bien van a tener fuga de personas aseguradas.

Johana Arce puso al debate la alianza que existe entre las clínicas médicas provisionales y las empresas, al señalar enfermedades laborales que son diagnosticadas como enfermedades comunes. Por eso, hay que promover que los consumidores sean demandantes de servicios médicos de calidad, agregó Canales. “Dejamos que aleatoriamente se nos afilie a un hospital, pero recuerden que pueden hacer el cambio. Estoy esperando el  anuario 2018 del INSS, porque el año pasado de afiliados por hospital,  70 mil recibían atención en el hospital Militar, 15 mil en otros”.  

Johana Arce comentó que una práctica que se suma a está problemática es que las empresas tienen sus propias clínicas médicas. “Sirven como el colador para despedir. Cuando la remiten a la provisional lleva el récord de subsidios y la despiden. No tenemos que ver por separado los derechos de la seguridad social con los derechos laborales.”

Se planteó la afectaciones particulares a las mujeres.  “Las braches de desigualdad han estado a la orden del día. A las primeras que despiden es a las mujeres porque tiene hijos, los mejores cargos lo ocupan los varones, seguimos luchando con la division sexual del trabajo y las brechas de desigualdad”.

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