Ortega hace caso omiso a recomendaciones de la CIDH

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó quince  recomendaciones al Estado de Nicaragua, tras culminar su visita el pasado 21 de mayo de 2018, la cual pretendía observar en el terreno, de manera preliminar, la situación de los derechos humanos con relación a los hechos violentos que se han dado en Nicaragua desde abril de 2018, documentarlos y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado.  

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Según la información que recibió la CIDH, desde el 18 de abril en Nicaragua hubo al menos 76 personas muertas y 868 resultaron heridas, la mayoría en el contexto de las protestas. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.

La CIDH condenó enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias registradas en el país desde el inicio de las protestas y que continúan a la fecha.

La Comisión urgió al Estado de Nicaragua cesar la represión de la protesta social. “En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política”.  

 

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Pero el Gobierno de Nicaragua ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la CIDH, lejos de que cesar la represión, ha provocado una nueva escalada, con dimensiones de terrorismo de Estado, dijo Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana (UAM). El informe preliminar de la CIDH ha sido un punto de inflexión en la lucha porque dejó claro ante la comunidad internacional el nivel de represión, agregó Medina. 

El régimen avanzó a medias en tres de las 15 recomendaciones:  Se creó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y se mantuvo el escrutinio internacional acerca de la crisis política y social del país. 

El 22 de junio de 2018, a un mes de haber presentado su informe preliminar, la CIDH presentó el informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que coincidió con la edición de Onda Local. 

Medina compartió con la audiencia de Onda Local, un fragmento del informe presentado por la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA. “La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia; de especial preocupación los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidas contra la población mayoritariamente joven”. 

Sandra Ramos, del Movimiento María Elena Cuadra e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), coincidió que el gobierno no acató la solicitud de la Comisión de cesar la represión. “Desde que se organiza alrededor de la Policía Nacional grupos paramilitares y grupos armados para ir por las noches a tocar las puertas de las viviendas y sustraer a los jóvenes que han participado de una y otra manera, es una grave violación a los derechos humanos. Además, que te encarcelen, torturen, no reporten tu nombre a tu familia y te den como desaparecido, te lleven herido y de repente aparecés en la morgue del hospital, es grave. El gobierno ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos y por eso es que el pueblo completo, se han levantado en protesta ante esta grave situación”, manifestó. 

                        

El informe de la CIDH da cuenta del deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), observó nuevas formas de represión y afectaciones particulares a la niñez y la adolescencia.

Antonia Urrejola, quien leyó el informe ante la CIDH, manifestó: “En sus observaciones al informe de la Comisión, el Gobierno afirma que existen grupos vandálicos y criminales que operan en el marco de las protestas y tomas de universidades y que han ocasionado daños a bienes públicos y privados, así por ejemplo, en la ciudad de León, los estudios de Radio Darío que transmitía las protestas, fueron incendiados por completo y dos de los atacantes perdieron la vida al tomar fuego el combustible que transportaban; en la misma ciudad también fue incendiado el centro universitario, en los hechos falleció una persona”.

Según Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, el 20 de abril un “comando del gobierno”, dirigido por el diputado Filiberto Rodríguez y Manuel de Jesús Alvarado quemó Radio Darío. Pese a la denuncia pública la policía no ha investigado el caso.  

En conferencia de prensa, en el Cenidh, Toruño denunció: “No solamente se trató de una destrucción, fue un atentado terrorista que pretendía terminar con la vida de su director y de quienes integraban la transmisión en vivo de Radio Darío”.

“Llegaron en dos camionetas, botaron la puerta de la entrada, encañonaron al cuidador, lo pusieron contra la pared y lo amenazaron que si se movía lo tiraban y procedieron a regar quince galones de combustible por todas las instalaciones y techo de la emisora. Mientras estábamos en la cabina, escuchamos un golpe y detonaron todo el combustible con un mortero, haciendo una explosión extraordinaria; quedamos encerrados, no sabíamos qué pasaba, todos corríamos hasta que logramos salir por otro lado. En la cabina tembló todo y luego había llama por todos lados y la población nos ayudó”, narró Toruño.

Apolonio Delgadillo y Jimmy Báez, dos de los atacantes, fueron atrapados por el fuego y fallecieron en el hospital de León. “Yo ya los perdoné porque son gente sencilla, humildes, les habían pagado 500 córdobas para matar, para destruir”, dijo Toruño.   

La Comisión también documentó un patrón de detenciones masivas y arbitrarias en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en las zonas de los incidentes. Según datos aportados por el Estado, 438 personas fueron aprehendidas por el uso de la fuerza y llevadas a unidades de policías como El Chipote, de los cuales 209 fueron trasladados a la Cárcel Modelo de Tipitapa y los restantes puestos en libertad. En muchos casos, agrega, los detenidos habrían sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Después de tres días de detención no fueron puestos a disposición de un juez ni se comunicaron con sus familiares.

La Comisión apreció que los manifestantes, quienes resguardaban tranques en diversas partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y religiosos fueron los más afectados por la represión del Estado.  

Las autoridades han justificado su actuación invocando el orden público y el mantenimiento de la paz. Pero, la Comisión advirtió que la magnitud de la violencia estatal y la estrategia implementada, evidencian acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales. “La información recibida da cuenta de un patrón en la cual agentes estatales, principalmente de la policía, grupos parapoliciales y terceros armados, actuando en aquiescencia con la policía han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disolver la participación social de los manifestantes. Este patrón se ha desarrollado a través del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de fuerza letal, realizada de manera deliberada”.  

La CIDH añade que la respuesta del Estado ha atravesado diferentes etapas y niveles de intensidad. El primer día de las protestas se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, a través de gases lacrimógenos, balas de gomas y perdigones por fuerzas antimotines. Entre el 19 y el 22 de abril, el Estado activó una estrategia más agresiva, también contra personas que no participaban de las protestas.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó su apoyo al informe de la CIDH y enfatizó que la violencia hace retroceder la democracia y reiteró las elecciones anticipadas como salida a la crisis. “Es la voluntad popular la que debe prevalecer, hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. El tiempo es importante para Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muertes. Hemos propuesto un camino a andar en materia de democracia, la realización de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias anticipadas, en un plazo mínimo de nueve meses dada la necesidad de hacer un registro electoral y un plazo máximo de 14 meses”.

El país se encuentra en una encrucijada, es necesario poner fin a la violencia y conseguir la paz social, es necesario que cese la represión. La sociedad tiene que replantear su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, señaló Almagro. Asimismo, dijo que resulta imprescindible investigar y esclarecer las muertes y las vulneraciones a los derechos fundamentales.

“Desde la Secretaría General de la OEA hemos negociado y firmado con el Gobierno de Nicaragua y la CIDH el acuerdo para la creación del Grupo Interdisciplinario Independiente para investigar y establecer la verdad para que se pueda hacer justicia en materia de derechos humanos. Los responsables de las muertes deberán comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes”, sentenció.

Para Almagro, la solución a la crisis que vive Nicaragua es urgente, debe ser institucional y conforme al Estado de Derecho y pasa por dos caminos insoslayables, el de la democracia con la celebración de elecciones en tiempos adecuados y el de la justicia, a través del trabajo del GIEI y la implementación de las recomendaciones de la CIDH.

Sandra Ramos agregó que el futuro de Nicaragua pertenece al pueblo que está alzado en defensa de la soberanía, de la vida. El pueblo ya dijo lo que quiere, justicia, democratización, para alcanzar la paz. “Que cese la represión como condición indispensable para dar garantía y seguir avanzando en la búsqueda de soluciones”.

“El soberano está diciendo que hay que dar garantías. Cómo ir a elecciones con un presidente que ha violado todos los derechos humanos. El problema no son las elecciones adelantadas, sino quien es al actor que va a conducir este proceso, la gente dice no queremos que sea este gobierno o este presidente”, sostuvo Sandra Ramos.  

Ernesto Medina coincidió con Ramos: “El pueblo ha expresado lo que quiere y siente. Las elecciones anticipadas pueden ser una salida, siempre y cuando se cumplan las otras exigencias: El cese total de la represión y garantías de que se va a hacer justicia, pero no ha ocurrido nada. No hemos visto a un policía, un paramilitar procesado, y hay miles de evidencias, más bien están buscando chivos expiatorios dentro de las filas del pueblo”.

Para Sandra, está claro que Ortega se va a ir, por la vía que sea. “La salida que estamos buscando es la vía institucional. Se nos pide trabajar con el marco institucional cuando el presidente junto con todos los poderes del Estado ha violentado la Constitución y la ha reformado a su imagen y semejanza”.  

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