Libertades de prensa y expresión están en retroceso según la SIP y RSF

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Las libertades de prensa y expresión están en retroceso en Nicaragua, como consecuencia de una campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. Es la conclusión de una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), dada a conocer en una conferencia de prensa presidida por el presidente la SIP Gustavo Mohme, director del periódico La República, Lima, Perú; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal de noticias La Silla Rota, Ciudad de México; el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, Miami, Florida, Estados Unidos y por Emmanuel Colombié, director del Despacho de América Latina de RSF, Río de Janeiro, Brasil.

La libertad de prensa está bajo un claro acoso por parte de autoridades y agentes de la policía, coinciden la SIP y RSF. Añaden que la responsabilidad política y jurídica de esta regresión corresponde en términos políticos, jurídicos e históricos al gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La delegación recalcó que la política represiva del gobierno contra la prensa independiente no es novedosa, pero se ha incrementado y agravado a través de los años, particularmente desde el 18 de abril cuando las autoridades optaron por dirigir una represión violenta y letal contra movimientos populares autoconvocados.  

La misión se mostró alarmada ante las denuncias recibidas por periodistas y medios de comunicación sobre los altos niveles de represión, incluso letal, por parte de las fuerzas policiales en contra de participantes de protestas sociales y de periodistas que dan cobertura.

Las prácticas de agresión en contra de periodistas independientes, para la SIP y RSF, están representadas por amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación, en especial en casos que involucran a periodistas en el interior de país, la quema de Radio Darío y el asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefields, entre otros casos graves.

La SIP y RSF también denunciaron las prácticas oficiales de asfixia económica en contra de los medios a través del uso de la publicidad estatal y el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, restricciones a la importación de insumos y equipos periodísticos, periódicas investigaciones impositivas, provisionales y laborales y presión a anunciantes privados para que retiren la pauta de los medios independientes.

La misión de la SIP y RSF también constató la imposición de una política de comunicación de discurso único y de propaganda que incluye campañas masivas de desinformación a través de medios de comunicación, una cultura de secreto permanente sobre la información oficial que viola la ley de acceso a la información pública y la puesta en vigencia de una ley sobre financiamiento al terrorismo que podría ser utilizada para acallar a los medios críticos y a la ciudadanía que no concuerda con el relato único oficial.

Igualmente es preocupante que periodistas y ciudadanos agredidos carezcan de espacios donde poner las denuncias ya que la policía y el sistema judicial no tiene la debida autonomía e independencia para realizar las investigaciones.

Este clima de violencia, descrito por la SIP y RSF, ha generado autocensura, la renuncia de periodistas a los medios en los que trabajaban y la salida del país.

La misión demandó al gobierno de Daniel Ortega el cese inmediato de toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generadas por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como de cibermilitantes que actúan para difamar e insultar a los periodistas independientes en las redes sociales. Asimismo, requirieron una investigación profunda de todos los actos violentos en contra de periodistas y medios de comunicación y la aplicación severa de la ley a todos los responsables, para evitar que la impunidad genere mayor violencia.

La SIP y RSF sostuvieron más de 30 reuniones con representantes de medios de comunicación y periodistas independientes de varios departamentos del país, así como con agrupaciones estudiantiles, campesinas y empresariales que forman parte de la Alianza, con el expresidente Enrique Bolaños, con miembros de la iglesia católica y con diplomáticos destacados en el país.

La misión tuvo la oportunidad de expresar in situ su solidaridad con los periodistas y medios de comunicación independientes que mantienen su misión a favor del derecho del público a la información, pese al clima de represión y persecución.   

La SIP solicitó una audiencia al Poder Ejecutivo, mediante una carta enviada  el 02 de agosto a la vicepresidenta y coordinadora del Consejo de Comunicación Social y Ciudadanía del gobierno, Rosario Murillo y al presidente Daniel Ortega. No obstante, el gobierno no respondió.

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