Disparar a matar, concluye Amnistía Internacional

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Disparar a matar es el título del informe presentado esta mañana por Amnistía Internacional, que en pocas palabras, resume la represión del Gobierno de Nicaragua y de sus fuerzas paramilitares contra la ciudadanía, que se manifestaba pacíficamente ante las reformas al seguro social y de un cúmulo de insatisfacciones sociales. Según la organización internacional, la represión ha cobrado la vida de 83 personas.      

Amnistía internacional (AI) concluye que ante el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, manifestado mediante protestas de personas en diferentes partes del país, la respuesta del gobierno ha sido básicamente ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos e, incluso, crímenes de derecho internacional.

Asimismo, Amnistía considera que la estrategia elegida por las autoridades nicaragüenses tenía la finalidad de castigar las voces disidentes, desincentivar la continuidad de la crítica ciudadana y encubrir las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Onda Local comparte las conclusiones del informe de Amnistía Internacional, que resume los elementos de la estrategia represiva del Gobierno de Nicaragua.

Discurso oficial de negación

El informe señala que a través de diversos medios de comunicación, el presidente Daniel Ortega y la vice-presidenta Rosario Murillo, promovieron un discurso de “negación de la realidad”, de omisión y negación de los hechos.

Este discurso no sólo negaba e ignoraba la realidad de violencia que estaba ocurriendo, sino que pudo haber incitado a la confrontación, debido a que tanto Ortega como su esposa Murillo, calificaron a los grupos de “violentos”, “criminales”, o “vampiros reclamando sangre”, estigmatizándoles como promotores de violencia.

Para Amnistía Internacional, pese a que el presidente de la República debió haber tomado medidas concretas y efectivas para poner fin a las violaciones y crímenes que se estaban cometiendo por agentes de la fuerza pública o particulares que contaban con su anuencia, no lo hizo, y más bien justificó su actuación con un discurso criminalizador de las personas manifestantes.

Utilización de grupos parapoliciales

La organización internacional concluye que las autoridades nicaragüenses utilizaron grupos parapoliciales, conformados por simpatizantes del gobierno, para atacar, incitar a la violencia, multiplicar su represión y operar impunemente.

Uso excesivo de la fuerza

El alarmante número de muertes (83), así como de personas lesionadas, es un indicio que el gobierno empleó la fuerza de manera desproporcionada, y en algunos casos innecesaria.

Ejecuciones extrajudiciales

Ocho de nueve casos investigados por Amnistía Internacional las personas fallecieron por armas de fuego, pese a que el uso de este tipo de armas sólo debe estar autorizado en situaciones extremas de amenaza para la vida.

Además, se identificó que los orificios de entrada de los proyectiles, en numerosos casos, estaban localizados en zonas de alta letalidad del cuerpo, lo cual indica la intencionalidad de los disparos.

En ocho casos documentados por AI, los disparos fueron en la cabeza, el cuello o el tórax. En cuatro casos, la trayectoria de la bala era de arriba hacia abajo, lo que sugiere la posibilidad de francotiradores o disparos desde una posición privilegiada. Estos elementos, junto con el uso de grupos parapoliciales, parecen señalar el propósito de ejercer una política represiva de naturaleza letal.

Irregularidades en la investigación

El organismo también identificó, desde el inicio del proceso de investigación, una cadena de irregularidades que impactan en el futuro éxito de la investigación y por tanto en el acceso a la verdad y a la justicia.

Agrega que el Estado, al negarse a realizar autopsias en algunos casos, trató de evitar que los cuerpos de las personas fallecidas fueran examinados por personal médico forense que pudiera determinar aspectos clave para las investigaciones.

Asimismo, el organismo de derechos humanos recabó testimonios de familiares que indicaron haber recibido presión de las autoridades para que firmaran “actas de desistimiento de denuncia”. Agentes estatales trataron de evitar que las familias acudieran a la Fiscalía para solicitar el inicio de una investigación, y por tanto dar inicio a un proceso para llevar a los responsables a la justicia.

La falta de debida diligencia en el levantamiento de evidencias, la inadecuada protección al escenario del crimen, la falta de garantía de la cadena de custodia, fueron irregularidades que afectan la exhaustividad de la investigación, señala AI.

Denegación de atención médica

El sistema de salud nicaragüense también fue responsable de violaciones de derechos humanos. Según AI, varios hospitales públicos negaron el acceso a personas lesionadas en el marco de la protesta. Esta decisión habría sido tomada con el ánimo de afectar la integridad personal de quienes se manifestaron. En uno de los casos documentados por Amnistía Internacional, la falta de atención médica habría contribuido significativamente a la muerte de una persona.

Intento de control de la prensa

Los ataques contra la libertad de prensa se dieron a través del bloqueo de transmisión a varios canales que reportaron sobre los hechos, y del ataque directo  a periodistas por medio de grupos parapoliciales y Policía, el Estado trató de ocultar o minimizar las demandas ciudadanas, así como encubrir los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por la Policía Nacional, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales que actuaban con su aquiescencia.

Amnistía Internacional documentó varios casos de periodistas agredidas en el marco de la protesta y considera que el control y hostigamiento a la prensa en este tipo de contextos, es frecuentemente utilizado como una forma de imponer el discurso oficial, restringir el acceso a la información y limitar la libertad de expresión.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Al presidente Daniel Ortega

  • Garantizar y respetar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pública y pacífica de quienes utilizan la protesta para denunciar y pronunciarse sobre las políticas públicas.
  • Implementar medidas efectivas para asegurar que las fuerzas policiales detengan inmediatamente el uso excesivo de la fuerza e iniciar una investigación interna de aquellos episodios de represión violenta de manifestaciones públicas, en los que ha sido denunciado el uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales.
  • Asegurar que la corporación policial se abstenga de realizar actos que constituyan intimidación, hostigamiento y represalias contra las familias de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos.
  • Detener el discurso estigmatizador y criminalizador de las personas que protestan en contra de las políticas públicas, y garantizar la protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

Al Ministerio Público

  • Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen aquellas presuntamente cometidas por grupos parapoliciales. Dichas investigaciones deben incluir no sólo a quienes cometieron los crímenes o los ordenaron, sino también a sus cómplices. Es decir, las investigaciones judiciales, deben incluir a aquellos funcionarios que sabiendo o debiendo haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo tales actos no hicieron nada por impedirlos o reprimirlos. En el caso de hechos atribuibles a agentes de la Policía, la investigación debe referirse a cualquier jefatura policial u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas policiales estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes, directamente o a través de terceros, y que no hizo nada para impedir ese crimen ni para someter a los presuntos responsables bajo el conocimiento de las autoridades.
  • Asegurar la debida diligencia en el levantamiento de evidencia, la adecuada protección al escenario del crimen, así como garantizar la cadena de custodia.
  • Garantizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias en las diligencias de investigación, en cumplimiento con los estándares internacionales.

Al Institutito de Medicina Legal

  • Asegurar que las y los médicos forenses que participen en las investigaciones actúen con independencia e imparcialidad y en cumplimiento de las mejores prácticas forenses, entre otras, aquellas detalladas en el Protocolo de Minnesota.  
  • En el caso de muertes arbitrarias o de ejecuciones extrajudiciales, el Instituto de Medicina Legal deberá realizar las autopsias y emitir los respectivos informes.

A las autoridades judiciales

  • Garantizar la independencia e imparcialidad de las juezas y los jueces, de manera que sus funciones sean ejercidas libres de toda injerencia, presión o influencia indebida.

Al Estado de Nicaragua

  • Cumplir con las recomendaciones emitidas por la CIDH en el marco de su reciente visita de trabajo e instaurar, junto con la CIDH, un mecanismo de seguimiento de dichas recomendaciones.
  • En algunas circunstancias los Estados recurren a mecanismos especiales para el cumplimiento de su deber de investigar hechos criminales. Luego de evidenciar serios obstáculos en las investigaciones documentadas en este reporte, Amnistía Internacional insta al Estado de Nicaragua a dar cumplimiento con celeridad a la creación de un mecanismo de investigación sobre los hechos de violencia ocurridos, tal y como lo recomienda la CIDH.

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