La orden era matarlos

Compartir: Descargar audio

El asesinato de seis personas, incluyendo a Rafael Dávila (Comandante Colocho), en la comunidad de San Pablo, municipio de La Desembocadura de Río Grande, Costa Caribe Sur, fue un operativo militar planificado por el ejército nicaragüense, aseguró Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Dávila se había declarado alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega.

El jefe del Sexto Comando Militar Regional, Marvin Antonio Paniagua, citado por La Prensa, informó que el operativo se desarrolló luego de múltiples denuncias de productores por supuestos desmanes de los integrantes del grupo. El jefe militar dijo que los fallecidos eran delincuentes que cultivaban y comercializaban marihuana; además de robar, cometer abigeato, extorsionar y violar a mujeres. 

“En esas comunidades el estado de opinión es bueno, todos los productores de esa zona están contentos porque ya ellos dicen que van a descansar que no les estén violando a sus mujeres, que no les estén pidiendo más dinero”, declaró Paniagua al diario nicaragüense.  

No obstante para Carrión, el ejército trató de justificar el operativo diciendo que era persecución a un grupo delictivo. Pero sigue dejando interrogantes y no respuestas. ¿Se constituyó el instituto de medicina forense para el levantamiento y reconocimiento de cadáveres? ¿Por qué los enterraron en una fosa común? ¿Si eran delincuentes por qué no se los entregaron a sus familiares? ¿Por qué tratar el caso como secreto de Estado? ¿Por qué no presentan los expedientes de los asesinados donde evidencian por qué los acusan?

El director jurídico del Cenidh, agregó que en el caso y otros similares, hay muchos cuestionamientos que son de lógica de derechos humanos. “Si hay una acción delictiva para cada supuesto delincuente debe haber un expediente de investigación, orden de captura y una acusación de la fiscalía”, mencionó.   

El operativo tiene dimensiones graves, según Carrión. “La Policía Nacional, por mandato constitucional, tiene por misión prevenir el delito y capturar a los presuntos delincuentes; y en este caso, ni siquiera hablan de un operativo combinado, fue una operación eminentemente militar, de emboscar a esas personas, quien debía perseguirlos era la policía”.  

Te puede interesar: Cenidh denuncia muerte de campesino

Otro detalle que llama la atención es que los asesinatos fueron perpetrados siete días después de las votaciones municipales. “Esas muertes, a tan solo siete días de unas elecciones cuestionadas, tiene un mensaje, y es cómo van a hacer para quienes tengan insatisfacción de este proceso fraudulento, quien se proclame alzado, ya saben lo que les espera, ese es el mensaje” aseguró Carrión.

El defensor de derechos humanos agregó que si el gobierno nicaragüense no reconoce a estos grupos como alzados en armas, el ejército no tiene pito que tocar y debería ser la policía quien les dé persecución, los capture y los ponga a la orden de las autoridades correspondientes. “Fue una operación eminentemente militar y la orden era matarlos”, dijo.

Suscríbete a nuestras noticias

Ingresa