Claman justicia y paz

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El 20 de enero de 2015 permanece intacto en la memoria de la población de El Portal, municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega. Ese día, la explosión de una mochila bomba mató al re-armado Víctor Manuel Cruz Lira (Sereno) y al productor y brigadista de salud, Modesto Duarte.

Han pasado dos años y el caso sigue en la impunidad, igual que otra decena de asesinatos. Los familiares de Modesto Duarte acusaron al Ejército de Nicaragua de ser el responsable del crimen.   

“Ya no queremos que el Ejército siga haciendo las atrocidades que han hecho. Le pedimos a los Derechos Humanos, que esto no se quede impune, queremos que se haga justicia. Si decimos con exactitud que es el Ejército, es porque nosotros tenemos ojos para ver”, dijo Gloria Silva Picado Rodríguez, durante una conferencia de prensa en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.  

El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional han desatado una feroz persecución contra lo que denominan “grupos delincuenciales o de narcotraficantes”, violando a su paso derechos humanos.  

“Consideramos una estrategia del Gobierno, la ejecución selectiva de dirigentes de la Resistencia que se alzan en armas, que ante el cierre de puertas y de espacios han decidido usar las armas. Pero, el  gobierno en vez de tratar este problema de conformidad con la Ley, que sería capturarlos y ponerlos a la orden de las autoridades, lo que hace es mandar al Ejército con métodos de carácter terrorista y mandarlos a ejecutar. Son muchos los casos que se dieron el año pasado y que vienen a engrosar este patrón de conducta que se ha venido dando desde hace tres años. En Nicaragua, hay prácticamente ejecuciones sumarias”, declaró Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Para Alberto Rosales, del Cenidh Estelí, no hay pruebas que sean grupos delincuenciales como señala el Ejército y la Policía. “No existen expedientes ni policiales, ni en la Fiscalía, ni judiciales, en contra de estas personas. Por ejemplo, en el caso del bombazo de Pantasma, a uno de los capturados se le mencionaba como delincuente común, pero en ninguna de estas instancias existía algún expediente investigativo o alguna acusación formalizada en su contra por delitos comunes…”.

La persecución a armados también ha generado hostigamiento del Ejército al campesinado. En marzo de 2016, el Ejército invadió la finca Serenidad, en Santa Rosa de Tapaskum, municipio de San José de Bocay, Jinotega.

“Empezaron las tropas a exigir alimentación que yo tenía prevista para mis trabajadores.  El Gobierno de Nicaragua se empecina en seguir negando que hay grupos armados, que no les podemos llamar Contras porque aquí no hay ninguna Revolución, sino que son grupos de rearmados, que desesperados ante la no respuesta a las demandas de justicia social que no está dando este actual gobierno, han decido optar por armarse…”, señaló Gustavo Villanueva, dueño de la finca Serenidad e integrante del Grupo de los 50.   

Esta situación ha generado incertidumbre, añade Villanueva. “Nadie puede determinar si el productor es colaborador del grupo armado o del Ejército, nos vemos entre la espada y la pared. Yo no comparto la lucha armada porque son los jerarcas de las cúpulas partidarias que lanzan a las poblaciones y a los humildes a que mueran”. 

 “El Ejército se ha dado a la tarea de presionarme, en el aspecto que se han venido a apostar a la finca, aduciendo que somos colaboradores de estos grupos armados, cuando en realidad, el grupo armado pasa por donde quiere y nadie lo va a detener…”, declaró al programa televisivo Esta Semana, el ganadero y cafetalero del municipio de Wiwilí, Edgar Montenegro.

La persecución militar a los armados deja al campesinado entre la espada y la pared, bajo un ambiente tenso y de inseguridad, aseguró Alberto Rosales.

“Lo que hacen es provocar un temor en la población, sienten que si en algún momento tienen contacto con grupos de rearmados van a ser hostigados y también perseguidos por el Ejército; y a la vez, sienten temor en alguna medida de la presencia de estos grupos de rearmados porque en algunos casos podrían andar también seleccionando personas vinculadas al partido de gobierno, como por ejemplo, el caso del secretario político de Siuna, de Coperna”.

Juan Carlos Arce, de Cenidh Matagalpa, agrega que se evidencia una creciente ola de inseguridad en las zonas rurales de Nicaragua, donde se han registrado operativos militares, dejando civiles fallecidos como el caso de Modesto Duarte.

En las zonas de conflicto, se revive el recuerdo de la guerra y se añora la paz, señala el alcalde de Santa María de Pantasma, Oscar Gadea. “Aquí se recuerdan los hechos lamentables de la guerra de la década del 80. Están vivos esos recuerdos y no queremos volver a esos tiempos, ojalá de que las cosas se tranquilicen, se normalicen y volvamos a la paz que todos deseamos”.

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