“¿Quiénes están mandando a matar a nuestros indígenas?”

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Por Sayuri Nishime
En la Costa Caribe de Nicaragua, los derechos de las comunidades étnicas se ven vulnerados, en especial el derecho a la vida, a la integridad física y la propiedad colectiva, provocado mayormente por la invasión de colonos a los territorios indígenas.
Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), afirma que en lo que va del 2016, se han registrado 30 asesinatos y más de 40 heridos graves, con manos o pies amputados; otros con perforaciones en el hígado y los pulmones, a causa del conflicto de tierras.
“¿Quiénes son los cerebros que están mandando a matar a nuestros indígenas?”, se pregunta Lottie. “Creemos que detrás de los colonos hay algunos poderes políticos y económicos, porque las personas que están usurpando las tierras indígenas no tienen ese entendimiento que es un delito estar en las tierras indígenas”, agrega.
Lottie relata que cada vez que asesinan o emboscan a las y los comunitarios, así como a líderes indígenas, los colonos dejan mensajes incomprensibles, escritos en papel. Ejemplo de ello, fue lo ocurrido en Esperanza, Río Coco, donde dos comunitarios fueron asesinados.
Cerca de sus cuerpos, se encontró una nota que decía: “Estimados cámara, espero estén bien. Después de estos saludos, quiero decir que ya están los dos aquí con nosotros, sólo falta uno para que empate el partido. Sólo faltan los machos, y la pistola blanca y la calibre 33, respeten y respeten el carril. El próximo año siembren yuca”.
Para Lottie, urge una investigación de los conflictos que están ocurriendo. “No es un conflicto entre indígenas y mestizos. Por muchos años los indígenas han vivido con campesinos pobres, han convivido, han respetado las autoridades comunales, las formas de nuestra tenencia de territorio. Sin embargo, después de que el Estado de Nicaragua entregó los títulos, comenzó una invasión masiva”.

Por su parte, María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), asegura que las y los indígenas “tienen más de un año de estar siendo perseguidos” y es el Estado quien tiene la obligación de garantizar la integridad física de las personas.

Sin embargo, Lottie considera que en la Costa Caribe, hay un sentimiento de abandono por parte del Estado. “Aquí (Pacífico de Nicaragua), hay un temblor de 4.5 y automáticamente todas las instancias de las autoridades están alerta. Sin embargo, a nosotros (Costa Caribe) nos están asesinando, están matando a la gente y estamos pidiendo que se haga una investigación”.

La ausencia del Estado, también se evidencia con el cierre de escuelas en zonas donde más conflicto hay, asegura Lottie. Asimismo, considera que no se ha avanzado ni en materia de salud, ni en la educación bilingüe.

A Lottie le parece irónico que después de que se hayan entregado los títulos a los territorios indígenas, se produjera una invasión masiva.  

“Se está cometiendo un genocidio”

De las 12 comunidades en más alto riesgo por el conflicto de tierras, “cuatro están prácticamente desplazadas”, afirma Lottie. El desplazamiento ocurre hacia Honduras y en su mayoría, son niñas y niños refugiados, quienes no están activos escolarmente.

En la zona de Waspuk, Caribe Norte de Nicaragua, las comunidades están en condiciones precarias. “No tiene escuela… no hay salud, niños fallecidos por la desnutrición y el Silais ha orientado que esas comunidades están en zonas rojas. No pueden entrar las brigadas de salud”.

Según Lottie, el desplazamiento de indígenas provoca un rompimiento del vínculo con la tierra, y de acuerdo a la cosmovisión indígena, eso crea un genocidio, puesto que cambian de cultura y pierden su identidad.

Autonomía desplazada por la política partidaria

Para la directora de CEJUDHCAN, los desplazamientos de indígenas no sólo ocurren por los conflictos de tierras, sino por concesiones otorgadas sin consentimiento de las comunidades étnicas de la Costa Caribe, tales como el Canal Interoceánico, concesiones mineras, hidroeléctricas y madereras en el norte. “Han expropiado la propiedad de las personas que viven en esas áreas”, afirma.

El otorgamiento de dichas concesiones, en parte se debe a que “las personas que nos representan en la Asamblea Nacional, de alguna y otra forma toman decisiones en nombre de las poblaciones, sin consentimiento”, agrega Lottie. Ejemplo de ello, es que las autoridades regionales no se han pronunciado respecto a los conflictos, asesinatos y desplazamiento de indígenas.

“El Consejo Regional dice que no tiene autorización de Managua para pronunciarse, porque el Consejo Regional es una autonomía institucionalizada partidariamente. Lo lamentamos, porque no tiene una autonomía indígena. No tiene una visión indígena, sino que la autonomía está secuestrada por la  política partidaria que no vela por los intereses de las comunidades”, manifiesta Lottie.

La falta de autonomía en el Consejo Regional, según Lottie, vulnera el derecho a la autodeterminación, ya que no se reconocen las autoridades electas en las asambleas comunales y territoriales. “Más bien… han creado autoridades paralelas para fraccionar las familias, la comunidad y debilitar los procesos organizativos que ya existen desde nuestros ancestros”, agrega.

Tanto para Lottie como para María Luisa Acosta, los acontecimientos en la Costa Caribe, ameritan establecer un diálogo urgente entre autoridades del Estado central y los pueblos indígenas y afrodescendientes, para establecer medidas de seguridad a la vida de las y los comunitarios, en especial a la integridad física de las mujeres y la niñez. Además, es necesario diseñar un plan para que la gente desplazada pueda retornar. 

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