Siguen conflictos sociales por minería

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Siguen conflictos sociales por minería

Por Sayuri Nishime y Julio López

En el municipio de Santo Domingo, Chontales, la transnacional canadiense B2Gold ha solicitado permisos ambientales para la extracción de oro del tajo conocido como Jabalí Antena.

Ninguna exploración ni explotación podrá ser ejecutada a menos de cien metros de  propiedades cercadas, pueblos, pozos, edificios religiosos, sin autorización de sus dueños o de autoridades correspondientes, y dictamen favorable del Ministro de Energía y Minas, señala la Ley de Exploración y Explotaciones de Minas.

El proyecto contempla la construcción de una urbanización para reubicar a cuarenta y  seis familias que serían afectadas. No obstante, habitantes del barrio Jabalí rechazan el traslado.

La B2Gold está urgida de lograr la aceptación de las y los ciudadanos del barrio Jabalí. Ha desplegado personal que realiza visitas casa a casa para convencer a las familias de la reubicación, en un proceso que la B2Gold ha dicho es “voluntario, ordenado y transparente”. 

Alejandra Madriz, declaró a La Prensa,             que ya recogieron el setenta por ciento de firmas para la aprobación de la obra. Onda Local, conversó con firmantes del acuerdo, quienes afirmaron haber firmado bajo engaño, presión y hostigamiento. 

 

Marvin Borge, del Movimiento Ambiental Salvemos Santo Domingo, puso en duda la transparencia de B2Gold ´para recabar firmas. “Me agarraron en una reunión en el campo con productores. Me dijeron que firmara una lista de asistencia y cuando me di cuenta, aparezco como que firmé el Estudio de Impacto Ambiental”.

Borge, expresó que esta es la manera de operar de las empresas transnacionales. Recogen las firmas con engaños, la llevan al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, y les aprueban los proyectos.

Raúl Martínez, del Movimiento Ambiental Contra las Exploraciones y Explotaciones Mineras (MACEEM), reafirmó lo expresado por Borge.

En San Lorenzo, se les invitó a una presentación del proyecto y a un almuerzo. La empresa para realizar la rendición de cuentas pidió firmas de asistencia, las que luego fueron presentadas como aprobación del proyecto por parte de la población. Otra forma de operar, es que conquistan a dos líderes comunitarios, quienes van de casa en casa diciendo que va a llegar un proyecto de agua o de energía. Luego venden las firmas a las empresas, relató.

Según Raúl Martínez, la minería se debería ver como un problema. “En Santo Domingo, la minería es un hecho histórico, tiene que ver con una actividad propia del municipio, pero se convierte en problema cuando llegan las transnacionales a explotar a diestra y siniestra y gastar los recursos. Lo que la transnacional gasta de agua en una hora, es lo que una familia necesitaría en 20 años”, expresó.

Las consecuencias de la explotación minera, se ven desde dos enfoques: ambiental y social. En lo ambiental, relató Tania Sosa, del Centro Humboldt, la minería industrial tiene implicaciones grandes en tema de destrucción de bosques y biodiversidad. El agua es contaminada por cianuros y rellenan los ríos con los desperdicios.

“La minería no es nada sostenible porque no deja las condiciones mejores para las futuras generaciones. La minería, es igual a destrucción ambiental. En Honduras, ha afectado a la salud. Todos tienen algún tipo de problema en la piel, se le cae el cabello y provoca cáncer en el estómago. Hay que tomar ejemplos y hacer consultas públicas”, afirmó Sosa.

Sosa, además expresó que la minería afecta distintos medios de vida: la forma de vida, la economía, el agua de producción y de consumo, los cultivos, el desplazamiento de poblaciones, entre otros.

Francisco Ramírez, habitante de la Comunidad Santa Pancha, León, ha vivido en carne propia el impacto de la minería. Su casa está “sobre el aire” ya que por debajo de ella pasan túneles. Las explosiones o voladuras han provocado grietas en las paredes de su casa. Además, afirma que “el agua es bien crítica para beber”. Constantemente recibe propuestas de que venda sus propiedades. Accedió a vender seis manzanas y sólo le pagaron 35 mil córdobas El resto del terreno, no lo quiere vender, pues la casa a la que lo piensan trasladar, apenas mide 6 por 7, lugar, donde no podrá continuar criando su ganado.

Para Raúl Martínez, los gobiernos y las instituciones públicas, deberían estar a favor del pueblo, sin embargo, “lo que veo es que las instituciones públicas están casadas con la B2Gold”.

Por su parte, Marvin Borge, manifestó que  no saben adónde acudir, para que sus denuncias sean escuchadas. 

El Movimiento Ambiental Salvemos Santo Domingo interpuso un escrito ante el MARENA, Chontales, solicitando entre otras cosas, que no se otorgue el permiso ambiental para la explotación del tajo Jabalí Antena. De hacerlo, se destruiría el Túnel 900, que sirve de afluente de El Azul, fuente de abastecimiento de agua del municipio de Santo Domingo. Hasta la fecha, el MARENA no se ha pronunciado.

¿Desarrollo o control de internet?

Ante la iniciativa del proyecto de propuesta de “Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servidores de Telecomunicaciones de Banda Ancha”, se han abierto distintos puntos de debate. En el programa Onda Local, se conversó con dos comunicadores, quienes dieron sus respectivas opiniones.

Banda Ancha, según explicó Adrián Uriarte, director de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), hace referencia a la ampliación de una “pista de carriles”, con el fin de que el tráfico sea más fluido. Uriarte, considera como positiva la propuesta.

Por otro lado, para Juan Carlos Duarte, coordinador de la Asociación de Radios Comunitarias y director de Radio Camoapa, todavía hace falta mejorar la propuesta, ya que sólo hace referencias a términos técnicos y económicos. “Cuando salió la propuesta de este anteproyecto los discursos de las empresas privadas, eran estrictamente mercantiles no por el derecho a la comunicación”, afirmó.

El fin de la iniciativa, es regular cualquier tipo de relación que pueda establecerse entre personas naturales, jurídicas etc. afirmó Duarte. Las normas son necesarias, pero hace falta insertar elementos que permitan garantizar los derechos de la ciudadanía, no sólo para los operadores. Se requiere que se aborde este anteproyecto desde la ciudadanía, garantizando el acceso de contenidos y evitando las restricciones, agregó.

Uriarte valora como positiva la propuesta, pero “se debería escoger a una instancia central, descentralizada, no hija del Ejecutivo, que no sea el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor)”.

El artículo tres, inciso dos de la ley establece que se debe: “Implementar políticas de efectiva competencia y atracción del capital privado, con el fin de incentivar su participación en la comercialización de la Banda Ancha”. Para Uriarte, de manera implícita, el ente regulador está reconociendo que ha sido incapaz de promover la libre competencia de servicios de internet, está claro del monopolio existente.

El anteproyecto de ley, según Uriarte, podría regular los precios de la tarifa de internet, que es la más alta, obligar que las empresas salgan de Managua y tengan un verdadero plan de inversión en infraestructura. Pero hablando de tarifa, Duarte afirmó que el pago del 1.5 por ciento por “servicios de regulación”, saldrá de las y los clientes.

Adrián Uriarte agregó que los medios sólo están viendo “el árbol y no las hojas”. Deberían tratar el tema desde diferentes enfoques, “dar la bienvenida a este proyecto”, considerar la importancia de la regulación que la ley permitirá hacer a los monopolios. Duarte considera que desde que se dispuso una sola empresa desde el estado es monopolio, es decir, “control estatal”.

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