Represión y sentencias de las fuerzas armadas, a la orden del día

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Según Oscar Castillo, un gobierno que tiene miedo, utiliza el  miedo como política de represión

Por Julio López / Edición 13-03-2015

En los últimos cuatro años se ha producido un resurgimiento de conflictos sociales y de la violencia política en el país, afirmó Elvira Cuadra del Instituto de  Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, en la edición del pasado viernes 13 de marzo de 2015.

Según Cuadra, Nicaragua ha pasado por varios ciclos de violencia política. El primero se produjo a inicios de 1990 con los conflictos generados por la transición -entrada al poder de la Unión Nacional Opositora, que derrotó al Frente Sandinista en las elecciones del 90- produciendo enfrentamientos y espirales de violencia entre fuerzas armadas, principalmente con la policía, y la ciudadanía que no estaba contenta. Un segundo ciclo, resurgió a partir de 2008, el cual ha sido el más intenso en contextos electorales. En los últimos dos años, el nivel de conflictos sociales se ha incrementado, y con ello, el nivel de violencia política.

 “La violencia aparece cuando el conflicto no es manejado, no es gestionado por mecanismos pacíficos e institucionales, usando el diálogo. Cuando el conflicto se intenta eliminar por la fuerza aparece la violencia… en la visión que ha prevalecido en los gobiernos, y  particularmente en los últimos años, el manejo del conflicto está muy relacionado con el manejo de la fuerza”, dijo Cuadra.      

Las represiones de la policía hacia las y los mineros de Santo Domingo, Rancho Grande, así como a campesinas y campesinos de El Tule en San Miguelito, que se han manifestado en contra de la expropiación de sus tierras, por El Canal Interoceánico, indican que se ha criminalizado la protesta social en Nicaragua, a criterio de Denis Báez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Para Báez, el valor de la movilización de las y los campesinos en defensa de sus tierras es que ha sido  autentica y espontánea. “Se autofinancian su lucha, hacen recolectas, dan cien, doscientos córdobas, ponen una vaca… si hay algo que moviliza a los campesinos, es que le toquen sus tierras ya que es su forma de vida”, expresó.

Históricamente la demanda por la tierra ha sido generadora de conflictos con el poder, agrega Elvira Cuadra. Ante el resurgimiento de estos conflictos sociales el gobierno ha intentado eliminarlos en lugar de reconocerlos y establecer canales de diálogos que busquen soluciones. Generalmente, el primer recurso utilizado es el uso de la fuerza representada en la policía y el ejército, cuando deberían mandar a personal civil para negociar, explicó.  

Por otra parte, Denis Báez comentó que recibió una llamada la semana pasada, de pobladores del barrio Jabalí Central, quienes denunciaron que pende sobre ellos un desalojo masivo para dar paso a la explotación minera de parte de la B2Gold. 

Todo lo anterior, a criterio del constitucionalista Oscar Castillo, evidencia la línea del gobierno nicaragüense de irradiar miedo, utilizando las fuerzas armadas. “Las instituciones armadas evidentemente, a cualquier ciudadano en todo el mundo, cuando estás frente a una autoridad armada siempre te da un temor natural, ya no se diga en momentos tan expresivos como son las manifestaciones o las protestas que comunidades como las de El Tule en San Miguelito hacen en función de proteger sus tierras. Un gobierno que tiene miedo, utiliza el  miedo como política de represión. Te pongo a la policía en la primera avanzada, luego te pongo al ejército. Se quiere coartar con la cultura del miedo la libertad de expresión, movilización y organización”.  

Para Elvira Cuadra, se ha venido construyendo una serie de casos que buscan generar un estado de temor, sobre todo para quienes  tienen algún descontento con el gobierno. El temor se manifiesta con la presencia de la policía y el ejército en las calles y con el tratamiento parcial de las  investigaciones. 

Ante una reacción social tan grande, como la de El Tule y de Santo Domingo, el miedo es la estrategia utilizada para frenarla, reiteró Báez. Recordó que en Nicaragua la Policía Nacional es la institución más denunciada por abuso de autoridad. El año pasado de cuarenta y cinco quejas que recibió la filial Chontales del CENDIH contra la policía, no se obtuvo ninguna respuesta.

Elvira Cuadra manifestó que no escuchar los reclamos de la gente ha llevado al país a una espiral de violencia, que en Nicaragua ninguna persona quiere que se repita. Además, la represión contra las y los campesinos no se corresponde con la vocación pacífica de miles de campesinos que han salido a las calles a demandar ser escuchados y obtener una respuesta de las autoridades civiles.  

Condenan a militar para que lo entiendan los demás

En el caso del Teniente Primero, Yáder Nicolás Montiel Meza, sentenciado por faltar al decoro militar, es preocupante no sólo para los demás militares sino para toda la sociedad nicaragüense, ya que genera un estado de control social. “Ya tenemos miedo de expresarnos hasta en nuestra propia casa por ese control social”, dijo Castillo.

“No basta tener buenas leyes sino que en la práctica tengamos buenos gobiernos, buenas instituciones y quienes las integran sean respetuosas de las leyes. De qué me sirve tener leyes con tantas declaraciones si en la práctica se mueven por intereses totalmente ajenos a sus principios no funciona”, agregó Castillo.

Denis Báez coincidió con el análisis de Castillo. A su criterio, el Código Penal Militar y el Código Procesal Militar son modernos. Sin embargo, se está haciendo una interpretación en detrimento de los derechos del Teniente Primero Yáder Montiel por una acción o conducta que ni siquiera está tipificada como delito. De qué sirve que tengamos un Código de lo más moderno en Centroamérica, si en la práctica se está manipulando de la manera más burda su contenido, haciendo ver como que efectivamente el militar violentó una conducta de un Código que ni siquiera la tipifica como delito.  

“Yáder Montiel sólo estaba ejerciendo su derecho a opinar. Por eso se le abrió un proceso penal. Con esto se busca intimidar y callar a la gente que opina diferente y proteger a los allegados al poder. El mensaje es, quien se atreva a pensar en el ejército le podría pasar lo mismo que a Yáder”, advirtió el defensor de derechos humanos. 

Hacer un comentario de los hechos acontecidos en el Tule ¿es indecente, es inmoral, es indecoroso? se preguntó Báez, ante lo que considera una sentencia abusiva. Recordó que las y los nicaragüenses tienen derecho a la libertad de pensamiento y esto prima sobre cualquier código.

Por expresar su pensamiento, nadie puede ser objeto de medidas coercitivas. La Constitución Política de Nicaragua no dice que los soldados están inhibidos de este derecho. Los soldados no tienen vedados sus derechos civiles y políticos, prueba de ello es que pueden votar, agregó Báez.  

Oscar Castillo,  aseguró que detrás de la sentencia, lo que se está diciendo es que en Nicaragua pensar se ha convertido en delito. “Sentencian a Yáder para que lo entiendan los demás militares”.  

El caso mochila bomba

Castillo señaló también que el objetivo de la nación debe ser la permanente construcción del Estado de Derecho, pero en los últimos años se está construyendo un Estado de Poder donde todo radica en el poder de una persona o de un poder del Estado. 

“Un 19 de julio se da una masacre y vemos ahí una policía buena y activa, un ejército bueno. Por otro lado, vemos una bomba y un crimen en el municipio de Pantasma, el cual se circunscribe como si estuviéramos en una guerra convencional y no en un estado de paz, y ahí no tenemos una policía buena sino una policía que calla, no investiga y un Ejército que se atreve a descalificar una investigación del CENIDH. Dónde está la investigación, dónde están las pruebas que determinen que efectivamente se trató de bandas de narcotraficantes y si son narcotraficantes, vos policía cuál ha sido tu misión para encontrar al delincuente y castigarlo. No debe la policía actuar bajo un sistema de un estado de poder”, cuestionó el constitucionalista.

Ante la descalificación del Ejército de Nicaragua de la investigación del CENIDH, en el caso de la mochila bomba en Pantasma, Denis Báez, retó: “Aunque han intentado descalificarnos, no han logrado asumir el reto que la Doctora Vilma Núñez les pidió, y es que, si creen que no tenemos razón que presenten las pruebas y hasta el momento el Ejército no se ha pronunciado”.

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