Canasta básica, transporte y energía no bajan

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Por Cristopher Mendoza Jirón

En los últimos seis meses, el barril de petróleo ha disminuido su precio hasta caer por debajo de los US$ 50 dólares, su punto más bajo desde febrero de 2009 cuando se registró la impresionante cifra de los 39.82 dólares.

Si bien en la actualidad, el precio del petróleo y sus derivados ha descendido a niveles que muy pocas personas sospechaban, en Nicaragua, el abaratamiento de los combustibles aún no se traduce en beneficios directos para la ciudadanía. Datos del Banco Central de Nicaragua indican que en 2007, el precio de los alimentos básicos era de 4,493.70 córdobas, y en diciembre de 2014, la entidad confirma un aumento de casi el 100% en el precio de los alimentos, con 8,216.70 córdobas. A lo anterior se suma que servicios altamente demandados por la ciudadanía, como el transporte y la energía, no han bajado sus costos.

A juicio del economista Ricardo Osejo, de la Organización por la Defensa de los Consumidores, ODC, el Estado es el encargado de proteger y regular los derechos de los consumidores, “indefensos ante el mercado libre, abusivo y especulativo”, pero los agentes económicos estatales, quienes manejan el tema de la importación del petróleo, la venta y distribución, no le han bajado al precio. Más bien, afirma Osejo, el Estado en vez de intervenir para hacer un equilibrio en el mercado, está vinculado a empresas privadas, lo que dificulta el desarrollo de un mercado libre y fomenta un mercado monopólico.

Por su parte, Brenda Ayerdis, de la Liga de Defensa del Consumidor en Nicaragua, LIDECONIC, considera que la responsabilidad no sólo debe recaer en el Estado, sino en la población, que a juicio de Ayerdis, es también parte del Estado. “Todos los implicados tenemos que estar en una convocatoria, los productores, los comerciantes y hablar de los problemas y las soluciones”.

“Estamos claros que los pobladores somos parte del Estado”, reaccionó Osejo, quien mencionó que a la hora de negociar los grandes intereses, el que se sienta no es el pueblo, sino el COSEP, el gobierno como institución y otros agentes, siendo las y los consumidores, los grandes perdedores.

Durante la edición de este viernes en Onda Local, ciudadanía consultada en la calle, taxistas y oyentes, opinaron que si bien el combustible es un beneficio en sí, no se ha visto que esa rebaja se traduzca en el abaratamiento de los productos de consumo básico, el transporte y  energía.

Sobre el tema de la energía, recientemente el Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor presentó un proyecto de Ley Marco de Estabilidad Energética, el cual, según la explicación de Juan Carlos López, miembro de esta organización, se plantea un estudio pormenorizado de la tarifa energética. Particularmente se pide revisar el costo de la generación de energía, los contratos de compra de potencia (PPA) entre otros aspectos, dijo.

Por su parte, el MRS y la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (BAPLI), presentaron ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, un Proyecto de Ley de Protección a los Consumidores de Energía Eléctrica. En resumen, dicha iniciativa establece que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), coordinado con el Ministerio de Energía y Minas, debe bajar la tarifa de energía eléctrica en correspondencia con la disminución en los precios del petróleo, en un plazo no mayor de 15 días.

Juan Carlos López, quien afirmó la existencia de otra iniciativa elaborada por el Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor, se mostró muy confiado de que de su propuesta o alguna de las tres mencionadas “va a salir algo, porque al gobierno también, queramos o no, le conviene que disminuya la tarifa energética. Acordate que estamos en un año pre electoral y hay que darle un poco de respiro a la población”, concluyó López.

 

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