Reglamento Ley 779: ¿Y los derechos de las mujeres?

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El reglamento a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, emitido por Ortega, es un femicidio contra esta Ley.

La presidencia de Nicaragua emitió el Reglamento a la Ley 779, mediante el  Decreto No 42 – 2014, que reforma la tipificación del delito de femicidio, reduciéndolo al ámbito privado.

“Femicidio: delito cometido por un hombre en contra de una mujer en el marco de la relaciones interpersonales de pareja y que como resultado diere muerte a la mujer, en las circunstancias que la ley establece”, conceptualiza el Reglamento.   

Brenda Rojas, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) se le da a la figura de femicidio  el enfoque desde el ámbito privado, cuando la Lay Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, establece que puede ocurrir el ámbito público y privado.  

Según la Ley 779 “comete el delito de femicidio, el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado”.

Para el constitucionalista Oscar Castillo, el reglamento de la Ley 779, es inconstitucional. Explicó que  la reglamentación de una Ley es competencia del Presidente de la República, según lo establecido en el artículo 150 inciso 10 de la Constitución. Sin embargo, Daniel  Ortega incumplió el plazo de sesenta días que le confiere la Ley, después de haber sido aprobada. Ortega, también pasó por encima de la Asamblea Nacional, ya que al no haber reglamentado la Ley, en tiempo y forma, esa facultad se traslada al poder legislativo. “La Junta Directiva de la Asamblea Nacional encomendará la reglamentación de las leyes a la Comisión respectiva para su aprobación en el Plenario, cuando el Presidente de la República no lo hiciere en el plazo establecido”, según el artículo 142 de la constitución Política, párrafo 10.

Castillo también advirtió que quienes han sido juzgados conforme la Ley 779, podrían reclamar la retroactividad de la Ley y solicitar que se les juzgue con el Reglamento de la misma.

De acuerdo al reglamento, la nueva ruta para que las mujeres violentadas puedan acceder a la justicia inicia desde la comunidad. El artículo 8 crea las “Consejerías Familiares” cuyo fin es “fortalecer los valores de respeto, amor y solidaridad en las familias y la comunidad”.

El artículo 9 dispone la Consejería Familiar Comunitaria, conformada por líderes religiosos, promotores familiares y Gabinetes de la Familia. Las víctimas tendrán que arreglar sus “conflictos” a este nivel, y en caso de no solucionarlo, tendrán  la opción de acudir a las Comisarías de la Mujer o al Ministerio Público.

Las organizaciones de mujeres han coincidido en señalar que este reglamento, terminó de acabar con la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Por ello, han protestado y marchado en silencio.    

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