Demandan ley contra la trata de personas

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Julio López

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) presentó los resultados del estudio “Análisis comparado de los ordenamientos jurídicos del delito de trata de personas en Centroamérica”.

Según nota de prensa del IEEPP, es necesario que el país cuente con “un marco normativo y jurídico que garantice la prevención, judicialización y atención a las víctimas de trata de personas”.

Añade que “las legislaciones centroamericanas han tenido importantes modificaciones y reformas en esta década, en relación a este delito vinculado al crimen organizado, como se observa en Guatemala, Belice, Panamá y Costa Rica con la emisión de leyes especiales o la formulación continúa de políticas nacionales en el caso de El Salvador".

En el caso de Nicaragua, la Asamblea Nacional no ha aprobado el proyecto de ley especial contra la trata de personas. Según Gerardo Bravo, autor del estudio, el proyecto de ley estipula la realización del anticipo jurisdiccional de la prueba o declaraciones de la víctima, testigos o peritos; la tramitación compleja en la concurrencia de varios delitos relacionados al de trata de personas y medidas de protección a las víctimas.

El “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, conocido como Protocolo de Palermo, define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de  la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder  o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o  beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.” Además de la explotación sexual, incluye el trabajo forzado, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Este protocolo exhorta a los Estados a diseñar un marco jurídico y administrativo para garantizar la atención a las víctimas de trata, su protección y la de sus familias. Asimismo, recomienda la implementación de políticas migratorias que garanticen la seguridad de las personas afectadas por este delito.    

El artículo 182, del Código Penal de Nicaragua, estipula el delito de trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción. “Quien en ejercicio de poder o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños, promueva, facilite, induzca o ejecute la captación, reclutamiento, contratación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción de personas, con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, para que la misma sea ejercida dentro y fuera del territorio nacional, aun con el consentimiento de la víctima será sancionado con pena de prisión de siete a diez años”.

También existen algunos agravantes, de acuerdo al  mismo artículo: Si la víctima es menor de dieciocho años, si presenta alguna discapacidad, cuando el delito es cometido por algún familiar, tutor o persona encargada de la educación, guarda o custodia de la víctima; guía espiritual o cuando medie una relación de confianza. En estos casos, la pena puede ser de diez a catorce años de prisión.

“Quien venda, ofrezca, entregue, trasfiera o acepte a una niña, niño o adolescente en la que medio o no, pago o recompensa con fines de explotación sexual, será sancionado con penas de ocho a doce años de prisión”, añade el mencionado artículo.      

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