Opinión | La Distorsión Electoral en Nicaragua

La Distorsión Electoral en Nicaragua

Cortesía / Haydée Castillo

Foto: Bismarcck Picado / Archivo END

Un año antes de la Rebelión de Abril, el Consorcio Panorama Electoral, espacio de sociedad civil de observación electoral liderado por Ética y Transparencia e integrado por otras organizaciones como la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, publicó junto con la Universidad Internacional de Florida (FIU) un estudio llamado “Participación Electoral en Nicaragua Concepciones, comportamientos y actitudes políticas de la ciudadanía.

Este estudio arrojó importantes hallazgos que marcan el devenir histórico de la cultura política en Nicaragua, a mi juicio reforzada con el Pacto Alemán Ortega de 1999 y que a partir de 2007 hemos visto en su máxima expresión.

En relación a la participación de la población en los procesos electorales de la historia reciente y según datos del Instituto para la Democracia (IPADE), el mayor porcentaje de votantes sobre ciudadanos inscritos (86%) se obtuvo en las elecciones de 1990 así como el menor porcentaje de abstención que fue del 14%, con lo que el pueblo expresó su demanda de poner un alto a la guerra que ya cobraba más de 50,000 vidas.

Después de las elecciones del 90, la ciudadanía ha perdido progresivamente la confianza en las elecciones y en las instituciones del Estado manifestada en un descenso en la participación que va desde 86% en 1990, hasta una caída estrepitosa, a como lo señala Urnas Abiertas, de un 19% aproximado el 7 de noviembre recién pasado.

Los principales hallazgos del estudio del Consorcio Panorama Electoral y de la FIU muestran que no necesariamente un alto nivel del involucramiento cívico se tradujo en la participación electoral, sino en la abstención como mecanismo al que se recurre para protestar contra las practicas viciadas del sistema político.

La población argumenta en este estudio que recurre a la abstención porque “El voto no afecta los resultados electorales ni las políticas públicas derivadas de ellos” y que “El país está plagado de instituciones cargadas de altos niveles de corrupción e impunidad.” De allí que “Las votaciones son usadas como medio de denuncia, sin acusar directamente a las entidades oficiales competentes por miedo a represalias”.

El colapso del sistema de partidos políticos es también percibido por la ciudadanía quien expresa que “Todos los políticos están comprados y los partidos son sucios porque participan en varias practicas ilegales.”

Sobre la desconfianza en el Consejo Supremo Electoral, las personas consultadas consideran que “El sufragio es innecesario porque ya se sabe que el FSLN se declarará como vencedor.” Un señalamiento importante es que reconocen también que “Los partidos de oposición… no logran articular propuestas programáticas que sean atractivas para la población,” un mal del que está padeciendo la oposición también en este momento.

No obstante, la población consultada desde antes de 2018 reconocía que el actual régimen carece de legitimidad ya que su “vigencia electoral está… vinculada a su capacidad para establecer relaciones transaccionales con prácticamente cualquier persona, actor y sector de la sociedad nicaragüense” y en “la capacidad de retribuir y premiar cualquier comportamiento que ayude a su sostenimiento en el poder usando la formalidad de las instituciones electorales.”

En parte, la Rebelión Ciudadana de Abril se explica porque mucho antes de abril de 2018 la población percibía que el actual régimen se sustenta en “Castigar, de diversas formas, los comportamientos que no permiten su consolidación en el poder a través de las elecciones.” Situación que hoy la palpamos con la presencia de más de 165 presas y presos políticos, más de 100,000 exiliados, los crímenes cometidos y la existencia de un marco jurídico que “legaliza” la criminalidad y el terrorismo de Estado en el que se sostiene la dictadura.

La ciudadanía ve con claridad en este estudio que la política y las elecciones fueron convertidas en “Una oportunidad para obtener beneficios directos en la forma de prebendas ocasionales… y en alternativas para escalar rápidamente en el ámbito socioeconómico”.

La mayor perversidad, a mi juicio, es que producto de las políticas clientelares, asistencialistas y de la mendicidad que solo proveen regalías, se crean altas capas de la población a quienes se les impide decidir con autonomía quien gobierne el país.

Más del 70% de la Población Económicamente Activa sobrevive en el sector informal ante la presencia de un modelo económico que lejos de tratarles como ciudadanos con capacidades y sujetos políticos les reparte migajas y les despoja de oportunidades que les permitan dejar de depender y crear su propia riqueza y sustento que derive en su capacidad de no depender de la voluntad de otros.

Es en estos sectores de la población que la clase política tradicional se ensaña hasta llegar a convertir, como dice este estudio, “La actividad política en una estrategia de supervivencia vital más que en un ejercicio de delegación del poder y de autoridad.”

Ejemplos claros son este 7 de noviembre cuando la Dictadura OrtegaMurillo violentó los derechos humanos y laborales de trabajadores hombres y mujeres del Estado, que bajo amenaza de perder su empleo se vieron obligados a asistir a la farsa electoral.

Igual situación viven miles de personas en vulnerabilidad económica que para sobrevivir dependen de regalías, de un paquete de comida, del bono productivo (cerdos, gallinas, vacas), de una beca de parte de un diputado, que en realidad son “Pan para hoy y hambre para mañana” y que a la larga termina comprometiendo hasta su dignidad ante quienes ejercen la política sin escrúpulos. El FSLN es el mejor representante de este modelo, pero del que también son parte otros partidos políticos convertidos en un modus vivendus de grupos familiares y sus allegados, mas que en entes de servicio para la ciudadanía.

La sociedad nicaragüense está ante el enorme reto de transformar el actual sistema político económico que lejos de ser “Cristiano, socialista y solidario,” esclaviza, empobrece y divide, especialmente a quienes tienen que pelear y competir entre ellos mismos por el sustento al que solo se puede acceder si se rinde pleitesía a quienes se han apoderado del erario público.

Trabajar en una institución del Estado se convirtió en esclavitud ante la clase política, desvirtuando y transformando lo que son derechos en favores que se pagan renunciando en ocasiones y de forma obligada hasta de su propia dignidad humana.

Toca a quienes lideren el no retorno al pasado tomar nota de la señal que envió el pueblo, de que, a pesar del terror de Estado, de la presencia de parapoliciales y motorizados, de secuestros y amenazas, el 7 de noviembre desafió el sistema clientelar y prebendarlo asumiendo las consecuencias de no presentarse a las urnas de la farsa electoral.

Allí esta el mandato y la esperanza de que se debe crear una nueva manera de ejercer el poder, y de hacer la política y la economía en Nicaragua.

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