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Multimedia: Acceso a información pública, tarea pendiente

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Acceso y disponibilidad de información pública en Nicaragua: una tarea más que pendiente en tiempo de crisis, se denomina el estudio elaborado recientemente por el Colectivo Transparencia Nicaragua y Onda Local.

Se pretende que la ciudadanía conozca la importancia de la información pública y participe en las decisiones de su municipio, como en proyectos de inversión local, si éstos responden a las necesidades de la comunidad, cuántos son los recursos destinados a ello, quiénes los ejecutarán.

Contar con información ayuda a ciudadanas y ciudadanos a hacer suyo lo que dice la Ley de Participación Ciudadana (Ley 475) en cuanto al derecho de participar efectiva y directamente, en igualdad de condiciones, en los asuntos públicos nacionales y la gestión local. Además, el acceso a la información les convierte en sujetos de derecho frente a la administración pública.

El acceso a la información pública es un derecho reconocido internacionalmente. Los instrumentos interamericanos que reconocen este derecho son:

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de los instrumentos internacionales.

Nicaragua cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública la cual establece que toda la información en posesión de las entidades del Estado, incluyendo las municipalidades, es de carácter público y de libre acceso a la población, salvo excepciones que la misma ley contempla.

El actual gobierno, pese a que fue quien promulgó dicha Ley, la implementó parcialmente en sus inicios.

Tampoco se explican las razones de por qué se niegan solicitudes de acceso a la información, o no se cumple el plazo para notificarlo. 

Pese a ello, es importante estar al tanto de los principios que reconoce la Ley de Acceso a la Información Pública:

Fuente: Elaboración propia a partir del Arto. 3 de la Ley 621.

Dichos principios, lamentablemente, no parecen expresarse en la realidad cotidiana de las y los periodistas independientes.

Nicaragua firmó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa mundial para enfrentar graves problemas como la pobreza. El Objetivo 16 señala que debe promoverse sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, y ha establecido como una de sus metas el acceso a la información pública.

No obstante, la experiencia del ejercicio del derecho a la información pública es negativa. Existe un deterioro, acrecentado a partir de abril del 2018.

La revisión efectuada en 64 instituciones públicas y las 153 municipalidades del país, indica que la mayoría incumple la Ley 621 en cuanto a la información básica que debe ser difundida en sus sitios web y el procedimiento para que el ejercicio del derecho de acceso a la información sea una realidad para la ciudadanía, así como para periodistas e investigadores independientes.

Sólo tres instituciones cumplen con el cincuenta por ciento de la información (Asamblea Nacional, Contraloría General de la República y la Super Intendencia de Bancos, SIBOIF. El 33% (21 entidades) dan a conocer un tercio de la información.

Un total de diez instituciones no divulgan ninguna información de la establecida en la Ley 621, entre las cuales están la Presidencia y la Vicepresidencia, el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Ministerio de Defensa MINDEF), entre otros.

Lo que menos se publica son las remuneraciones y salarios, los resultados de auditorías o de evaluaciones de entes controladores, los recursos interpuestos contra actos de la institución y sus resoluciones, así como adjudicaciones de licitaciones y contrataciones.

También se encontró información desactualizada, incompleta o poco desagregada. Asimismo, que se ha eliminado información de los sitios web o que hay datos que no se publican, entre otros.

El art. 20 de la Ley 621, establece que las entidades públicas obligadas al cumplimiento de esta Ley, además de divulgar la información que establecen las leyes y normas de su competencia, están obligadas a difundir de oficio, a través de la página WEB cierta información que el mismo artículo señala de manera puntual.

En el caso de las 153 municipalidades la situación del incumplimiento de la Ley es más dramática. Ver gráfico interactivo:

La información que más publican está relacionada con los servicios y su estructura orgánica. No informan de los salarios del funcionariado municipal, las contrataciones de personal, el resultado de convocatorias a licitaciones y compras, y los resultados de auditorías, manteniéndose la tendencia de las instituciones públicas nacionales.

Lo anterior evidencia el secretismo gubernamental y municipal de información que debe ser pública; y la centralización que se hace de la misma.

 

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