Cortesía de Artículo 66

OEA: Alteración al orden constitucional en Nicaragua

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La Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua (OEA), concluyó en su informe que en Nicaragua se ha producido una grave alteración al orden constitucional de Nicaragua. Por lo tanto, consideró iniciar un nuevo período de sesiones en la Asamblea General para debatir y analizar el tema de crisis que enfrenta el país.

 El informe de la OEA se divide en tres secciones que describen los objetivos y los enfoques que conforman la serie de violaciones de derechos humanos, que el régimen Ortega- Murillo ha realizado en sus periodos presidenciales, resaltando los delitos de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018.

Dicho informe declara que la Comisión tiene como objetivo realizar las gestiones diplomáticas necesarias para consensuar una vía pacífica que libere de la crisis al país; No obstante, el gobierno nicaragüense rechazó la creación de esta comisión y se negó  a entablar conversaciones y negó la el ingreso al país a integrantes de la Comisión.

“Las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, detalla el informe.

La Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua, menciona que parte del proceso de análisis de la situación que enfrenta el país, implicó la reunión en países como El Salvador y Estados Unidos con organizaciones, testigos, grupos involucrados y afectados de los crímenes realizados por el régimen, para sostener entrevistas y recaudar pruebas que constatan las violaciones de derechos civiles y humanos.

La Comisión aseveró que el gobierno orteguista ha evidenciado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos tales como el acoso e intimidación a cualquier tipo de oposición, violación de derechos políticos, violación a la libertad de prensa y expresión, trato inhumano y detención arbitraria, subordinaciones de los poderes del Estado y las omisiones a los estatutos de la Constitución Política del país.

 

Dentro de las conclusiones establecidas en el informe, se asegura que:

  • Nicaragua enfrenta una grave crisis de derechos humanos
  • Que el control del gobierno ejercido hacia los poderes Legislativo, Judicial y Electoral hace inviable el funcionamiento democrático del país, haciéndolo incompatible a un Estado de derecho
  • Es imprescindible y urgente realizar reformas institucionales, comenzando por una reforma integral del sistema electoral que permita la realización de unas elecciones justas y transparentes.
  • Es de importancia reestablecer los derechos y libertades que un ciudadano deber tener y realizar, tales como: libertad de expresión, de reunión y de protestar
  • Las garantías de no repetición de violaciones de derechos aportaran a la estabilidad y seguridad de la sociedad
  • Que las acciones efectuadas por el gobierno incluyendo las violaciones de derechos humanos discrepan con los estatutos y principios de la Constitución Política promulgada en 1987 que aseguran defender.

Asimismo, el informe recomienda que el Consejo Permanente de la OEA acepte las conclusiones que la Comisión emitió, que declare la alteración del orden constitucional que Nicaragua presenta y convocar a un nuevo periodo de sesiones en la Asamblea General para examinar la situación.

Con fundamento en los testimonios recibidos considera que la solución pacífica a la crisis de Nicaragua debe incluir: fin de la represión, restauración de derechos humanos, un esfuerzo por ambas partes para volver a una mesa de diálogo y el regreso al país de los mecanismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y los equipos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

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