Dayra Valle, Coordinadora de la iniciativa Transparencia Nicaragua
Wilmer Madrigal / Onda Local

Acceso a la información pública sufre creciente deterioro

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Un creciente deterioro del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública en el país, fue identificado por la reciente investigación de Onda Local y Transparencia Nicaragua- titulada “Situación actual del derecho humano de acceso a la información pública”.

Dayra Valle, coordinadora de la iniciativa Transparencia Nicaragua e investigadora de este estudio,  explicó que “existe un deterioro sustancial del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública en los últimos años, mismo que se acrecentó más a partir de abril del 2018”.

Mediante la revisión del marco normativo, nacional e internacional, relacionado con el derecho de acceso a la información pública, a políticas públicas en el tema, la consulta a expertos, la revisión de 64 sitios web de instituciones del Estado y sitios y fanpage de los 153 gobiernos municipales; además de realizar ejercicios de solicitud de información a ciertas instancias, Valle logró presentar una síntesis del estado de este derecho y obtuvo los siguientes resultados:

“De las 64 instituciones revisadas, 3 (5%) cumplen con la mitad de los requerimientos de información estipulados en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621); del total, 21 de ellas (33%) publican un tercio de la información requerida; 10 de las 64 instituciones (17%) no publican ningún tipo de información de obligatorio cumplimiento por este marco jurídico”, detalló.

Agregó que las instituciones que publican cierta información,  lo hacen en relación a: “Servicios que prestan y normas jurídicas.: 43(67%); su estructura orgánica: 38 (59%); las convocatorias a licitaciones u compras: 27 (41%); programas que ofrecen: 26 (40%);y, trámites y requisitos: 24 (37%) propios de cada una”.

Valle destacó que además esta información que se encuentra en los espacio en línea, la mayoría se encontró desactualizada, incompleta o poco desglosada, “no hay detalle sobre algunos de informes de gestión que antes se publicaban e incluso se ha eliminado información estadística que se encontraba disponible”.

Sobre a la información que disponen los gobiernos municipales a su ciudadanía, 100 de los 153 municipios en sus cuentas de facebook expresó que “la mayoría de publicaciones son de carácter político-partidario como mensajes y propaganda en pro del gobierno central, por lo que el contenido carece de relevancia para poder conocer y aportar a la gestión de estas localidades”.

Valle realizó solicitudes de acceso a la información para constatar el cumplimiento correcto del procedimiento indicado por la Ley, sin embargo encontró que: a) existe una negativa de recepción de solicitudes de información pública, en especial si se identifica con una OSC o medio de comunicación; b) en los casos que sí se recepcionó la solicitud, la información no fue brindada y las respuestas fueron: “no estar autorizado para hacerlo”, “que requería de autorización de ministro (a)” o “que no estaba la persona responsable”; c) algunos de los funcionarios, además, indagaron  sobre el porqué de la solicitud.

En conclusión, de acuerdo a los hallazgos, existe una política de secretismo que ha ido aumentando y es por esto que la información pública está centralizada y se utilizan canales rigurosos de control que van desde los niveles inferiores, pasando por los ministros hasta la vice presidencia.

La investigadora señaló que ¨hay un claro incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621) y su reglamento, por ejemplo, en el art. 6 sobre la obligatoriedad de la creación y el funcionamiento de las OAIP, el art. 20 que se refiere a la obligatoriedad de la publicación de la información a través de medios virtuales y el art. 22 sobre la actualización de la información que se debe publicar, entre otros ¨. Además destacó que “No es posible pensar en  verdad, justicia y reparación sino se cuenta con el ejercicio de este derecho que permite el goce de otros derechos fundamentales”.

Parte de las recomendaciones consideradas para aportar al acceso y disponibilidad de la información son:

  1. Dar cumplimiento del marco legal que respalda el derecho,
  2. Acercar la información a la ciudadanía mediante diferentes medios y distintos formatos,
  3. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública que se realicen y,
  4. Publicar información: veraz, oportuna  y pertinente.

 

 

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