La violencia institucional imposibilita la salud de las mujeres

En menos de dos días supimos que Víctor Moisés Ortiz Moraga de 19 años, mató, violó y enterró en la letrina de su casa a Diana Gutiérrez Hernández de 12 años, habitante del Barrio La Primavera, en Managua. La policía poco esfuerzo hizo para investigar su desaparición desde hace un año.  Víctor confesó el crimen en una rueda de tragos.

En Jalapa, Nueva Segovia, Gabriela Jiménez Montenegro, de 24 años de edad, fue encontrada sin vida en el potrero de una finca. 24 femicidios (asesinatos de mujeres por ser mujeres) se registra en el país en lo que va del 2019, 31 femicidios en grado de frustración.

Por ellos, la Red de Mujeres Contra la Violencia denunció en Conferencia de Prensa que la violencia institucional que continúa ejerciendo el Estado de Nicaragua contra las mujeres, aumentan las condiciones para que las adultas, las adolescentes y las niñas sean víctimas de violencias.

Recordaron que las constantes violaciones a los derechos y libertades de las mujeres de todas las edades, no empezaron en abril 2018. “Las constantes reformas a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779. El cierre de las Comisarias de la Mujer y la Niñez” son algunos ejemplos.  

Asimismo, expresaron que la penalización total del aborto y que Nicaragua siga siendo el segundo país con adolescentes y niñas embarazadas, la mayoría producto de violaciones, también reflejan la falta de derechos y libertades.

Exigimos la renuncia de las y los funcionarios públicos, policías y fiscales que no cumplen con sus responsabilidades, expresó Eveling Flores, Enlace Nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. Además, refirió que en Nicaragua no puede declarar avances en la salud de las mujeres, al contrario, el incremento de la represión y la violación a los derechos humanos de parte del Estado, ha deteriorado la salud y el bienestar integral de las mujeres.

Las integrantes de la Red revelaron también que en los territorios han recibido denuncias que las autoridades policiales no están atendiendo los casos de violencia a adultas, adolescentes y niñas. “Les dicen que ahorita “eso no es prioridad”.

Felicita Laínez, de Villa el Carmen, señaló que urge un plan de prevención de la violencia. “Si ustedes ven, aquí para todo hay planes. La Ley 779 está vigente, por tanto exigimos su cumplimiento, tiene en su contenido que se tiene que trabajar en la prevención, involucrarse toda la comunidad, las instituciones, pero eso no está pasando en los territorios”.  

Agregó que el Estado de Nicaragua no se ocupa de la prevención de la violencia, son las organizaciones quienes lo están haciendo. “Hacemos una gran contribución para que las mujeres no sean asesinadas. Las defensoras hemos dado la cara en la prevención de la violencia”.

En Condega, Estelí, las mujeres son víctimas de amenazas, acoso y persecución de  parte de la misma institución policial, refirió Luisa Centeno de la Red de Mujeres de ese municipio. “En este país hace falta institucionalidad. Que las instituciones del Estado respondan a los intereses de las mujeres y los ciudadanos”.

Perla Wilson, de Voces Caribeñas de Bilwi, aseguró que hay violadores que están saliendo libres, a pesar de tener sentencias.

Refirieron el caso de Johana Flores de León. Sus familiares denunciaron su desaparición y la respuesta de las autoridades fue que tenían que esperar 72 horas para proceder a investigar. Johana fue encontrada muerta en su casa de habitación cinco días después. Así como el de Atanasia Flores, del municipio de Palacagüina, quien públicamente pidió ayuda a las autoridades para que capturaran a su pareja que amenazaba con matarla. “No nos metemos con bolos”, fue la respuesta de la policía.  

De qué salud para las mujeres podemos hablar en Nicaragua, se preguntaron las participantes de la Conferencia de Prensa.