Policía Nacional protege capital minero

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Por Julio López

Esta mañana, organizaciones ambientalistas de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá realizaron una caminata contra la minería metálica, convocada por el Centro Humboldt.

Tania Soza del Centro Humboldt dijo que la caminata es para “demostrarle al gobierno y a las empresas mineras que hay gente en las comunidades de Rancho Grande, Santo Domingo que no están de acuerdo en tener minerías extractivas-destructivas en sus municipios, ya que la vocación de sus territorios es la agricultura y la ganadería. Más bien, lo que se necesita son incentivos, de parte del gobierno, para mejorar la producción y no proyectos mineros que nada que ver con sus estilos de vida”.   

Ciudadanas y ciudadanos provenientes de varias comunidades de los municipios de Rancho Grande y Santo Domingo no pudieron sumarse a esta caminata porque la Policía Nacional y el personal de seguridad de la minera B2GOLD retuvieron los medios de transporte en que se movilizaban y les quitaron sus documentos.

“Venían cuatro camiones y tres camionetas, fueron retenidos en La Dalia, en los alrededores de Peñas Blancas. Simplemente les dijeron que no podían movilizarse, no les dieron permiso, por parte de la policía y después los retuvieron en esta zona de la Dalia, sin ninguna razón. Les quitaron la licencia, la circulación y no les permitieron venir hasta acá. Venían unas quinientas personas. Otras quinientas estaban listas, con tres camiones y una camioneta en Santo Domingo e igualmente no le dieron permiso para salir del municipio, los retuvieron y no los dejaron salir “, expresó Soza.

Agregó que la actuación policial deja en evidencia dos cosas: primero, que son personas de municipios donde hay proyectos de la empresa B2Gold; segundo, que en efecto, hay una alianza entre esta empresa y el gobierno para promover la minería metálica, sin importarles la opinión de las poblaciones de estos municipios.

Norwin Solano, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), manifestó que esta es “otra violación más al derecho a la libre manifestación en este país, en atención y en protección a los intereses del gran capital, y en este caso, a los intereses del capital minero”.

Añadió que el gobierno está tratando de tapar el disgusto, la inconformidad, la protesta social de la personas hacia actos impositivos, hacia actos autoritarios como el hecho de imponer una mina en sus comunidades, que únicamente les ofrece empleos precarios, sin resolver las necesidades diarias de estas comunidades.

Para Solano, la Policía Nacional deja de ser cómplice para convertirse en actores directos. “Está actuando de una manera deliberada, pensada, con el propósito específico de obstruir el derecho a la libertad de manifestación”. 

Tania Soza, aseguró que el primer Congreso Internacional de Minería Nicaragua 2014, convocado por la Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC) con apoyo del Ministerio de Energía y Minas, PRONICARAGUA y otras entidades públicas y privadas, sirve únicamente para seguir vendiendo al país o para que sea concesionado a empresas mineras. “Es realmente contradictorio con la realidad del país, que tiene suficientes recursos para desarrollarse por vías más sostenibles, que el gobierno esté promoviendo abiertamente a través de un congreso, una actividad que no es sostenible, que destruye el ambiente. Demandamos que el gobierno desarrolle políticas de desarrollo sostenibles reales y no proyectos mineros”.

Las y los participantes de la caminata se detuvieron frente al Hotel Crown Plaza donde se realiza el Congreso Internacional de Minería y gritaban consignas “Fuera el capitalismo salvaje”, “No sean loros, el agua vale más que el oro” “Los recursos naturales y la vida valen más que el oro".

 

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