Ley de Reconciliación y Paz de Nicaragua, lejos de estándares internacionales según CIDH

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la “Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”, aprobada el pasado 24 de enero de 2019 por el parlamento nicaragüense, “no se ajusta a los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”.

 



 

Al respecto, la Comisión advirtió hoy, en nota de prensa, su preocupación ya que la referida Ley se distancia de los objetivos sugeridos en su propio nombre, y de los estándares internacionales, pues se omiten elementos trascendentales como procesos de esclarecimiento de la verdad en violaciones de derechos humanos, causas y consecuencias.

 

La Ley tampoco se refiere procesos penales imparciales que permitan identificar, enjuiciar, y o sancionar a los responsables de las trasgresiones a los derechos. La CIDH señala además, que la normativa no contempla programas integrales de reparaciones y garantías de no repetición, que incluyan acciones como reformas que corrijan el grave deterioro institucional que ha permitido el ataque generalizado y sistemático a la población civil en Nicaragua.

 

En la nota también se expresa inquietud porque uno de los efectos de la aprobación de la Ley sea el de dificultar el esclarecimiento de la verdad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018; y en particular, dejar en el olvido a las víctimas de la represión estatal, a sus familiares y a las más de 500 personas presas políticas.

 

A juicio de Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH para Nicaragua y Encargada de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia, ninguna política estatal sobre diálogo, paz y reconciliación puede omitir a las víctimas, sin incumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos. “Las políticas de reconciliación deben garantizar la participación de todos los actores involucrados, incluyendo a la sociedad civil, y en especial a las víctimas y sus familiares”, añadió.

 

 



 

Por su parte, la Presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, sostuvo que Nicaragua enfrenta el “desafío urgente” de superar la impunidad de los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país, por lo que la ley en cuestión, no contribuye con este fin. “Las autoridades del Estado están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso de las víctimas a recursos adecuados y efectivos tanto para denunciar estas violaciones, así como para lograr la reparación del daño sufrido y de esa forma contribuir a prevenir su repetición”, manifestó.

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