Policía no autoriza marcha del 25 y acusa a organizadores

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La policía nicaragüense, al servicio del régimen Ortega-Murillo, no autorizó la movilización convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco y Movimientos de Mujeres para este domingo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

Un comunicado, firmado por el Jefe de Seguridad Pública de la Policía, Comisionado General Luis Fernando Barrantes Jiménez, señala que en el grupo de cinco personas que llevaron la carta, notificando la realización de la marcha, identificaron a “quienes realizan prácticas vandálicas en centros comerciales con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas y a reactivar los tranques con propósitos golpistas, tendiendo entre sus planes inmediatos afectar a las familias en las celebraciones de la purísima, navidad y año nuevo”, lo cual constituye acusaciones graves y sin fundamento.

Alegó que la Unidad Nacional Azul y Blanco carece de personalidad jurídica, por lo que no puede ejercer derechos ni contraer obligaciones conforme el ordenamiento jurídico del país; y que “la simple comunicación de realización de movilización o manifestación no se considera como solicitud de permiso”.

La Policía dejó claro que “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado, que ha dejado secuelas de trauma, luto, dolor, a las familias nicaragüenses, 198 personas asesinadas, entre ellos 22 policías, 1,240 lesionados, de ellos 401 policías heridos por armas de fuego, provocaron daños  por 205,4 millones de dólares en el sector público y dejaron a 119,567 sin empleo.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado que el Estado de Nicaragua ha adoptado una estrategia de impedimento de toda forma de manifestación o protesta social.

La CIDH hace referencia a una nota de prensa de la Policía, en la cual responsabiliza a quienes convocaran a manifestaciones públicas por los hechos violentos ocurridos en ellas y, posteriormente, declararon ilegal toda manifestación que no contara con autorización previa. En ese sentido, el MESENI identificó limitaciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos.

La CIDH agrega que el desproporcionado despliegue preventivo de personal policial antimotines, así como de otras unidades policiales en lugares en que tradicionalmente se protestaba, se unió a la ocupación de establecimientos comerciales en que se habían realizado pequeños actos de protesta. Así, dicho patrón de extrema limitación del derecho a protestar se manifestó más concretamente.

De manera insistente la CIDH ha dicho al Estado de Nicaragua que la protesta social y la libertad de expresión no pueden ser vistas como amenaza en sociedades democráticas. La protesta social y la libertad de expresión son herramientas que contribuirán a explorar mecanismos de diálogo que aseguren la paz, la reconciliación y garanticen verdad, justicia y la reparación a que tienen derecho las víctimas, especialmente los cientos de familias que han perdido a sus seres queridos.  

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