GIEI recomienda crear una Fiscalía Especial de Justicia

Guillermo Cortés Domínguez

Especial para Onda Local.- La justicia puede tardar, pero llegará. Esta es una de las ideas que quedaron esta mañana tras la conferencia de prensa de los integrantes  del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, cuatro funcionarios de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en Derechos Humanos, que en un hotel de esta capital comparecieron ante periodistas nacionales y extranjeros, con sencillez pero revestidos de una gran dignidad.

“¿Qué esperanza tenemos?”, preguntó Graciela Martínez, hermana de una víctima. Su voz no tiene nada de especial, pero se escuchó como si hubiera detonado una bomba en la sala. La emoción se apoderó de muchas de las personas presentes, delatadas por sus miradas llorosas. Quizás alguien lloró. La inesperada pregunta “¿Qué esperanza tenemos?”, se convirtió en la pregunta de la mañana.

El gigantón argentino Pablo Parenti inició su respuesta conservadoramente: “… esperanzas, es difícil de pronosticar”. Pero luego agarró ánimo: “Pero hay esperanzas, deben tenerla ustedes porque han estado luchando y el mundo está mirando a los nicaragüenses”. Graciela Martínez lo escuchó con un torozón en la garganta. “Es cuestión de tiempo, la justicia llegará”, concluyó.

Sofía Macher, una señora de hablar sosegado que contradice con su muy serio rostro, le echó segunda a Parenti: “Se puede notar la fuerza y claridad de las demandas de los nicaragüenses que hemos entrevistado y esto tendrá un final correcto, de acuerdo a lo que están exigiendo”.

Fiscalía Especial llevará tiempo pero se creará

El GIEI hizo dos propuestas de alto impacto: un Plan Integral de Reparaciones, que incluye programas y políticas públicas;  y crear una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia, que sea autónoma e independiente conforme los estándares internacionales, con fiscales que gocen de un prestigio indudable y del consenso de la mayor parte de la sociedad civil.

Pablo Parenti admitió que es muy difícil que a lo inmediato se establezca en Nicaragua una Fiscalía Especial y destacó la importancia de crear un marco institucional, de crear herramientas. “Lleva tiempo, pero se hará”. Añadió se podrían incorporar fiscales internacionales. Recordó que en su natal Argentina este tema implica una gran lucha social. Actualmente hay 900 personas detenidas y el mismo número en juicios, no solo perpetradoras directas, sino también quienes dieron órdenes, así como jueces y fiscales. Se trata de delitos cometidos en la época de las dictaduras militares.

Sofía Macher dijo que el Plan Integral de Reparaciones fue validado en más de 20 reuniones con diferentes sectores sociales que hicieron “una contribución muy importante”, en relación a violaciones y afectaciones sufridas en este contexto y antes del mismo. Agregó Macher: “Se han reactivado duelos del pasado. Esta es una sociedad profundamente afectada y dividida, que debe ser atendida”.

Amerigo Incalcatera es optimista: “Tenemos tiempo, ojalá que el Estado de Nicaragua establezca la Fiscalía Especial porque los reclamos por justicia son diarios “y hay que darles respuesta”. Y advirtió: “Si no hay justicia, no hay armonía”.

El GIEI dejará un archivo que será un legado

También el GIE anunció que ha logrado construir un importante archivo que es útil hoy y que lo será mañana, mediante la recopilación de información de fuentes abiertas y el análisis de información oficial provista por víctimas y familiares y otras fuentes que calificó como “reservadas”. Los expertos analizaron documentos, videos, fotografías, artículos periodísticos, y material de los medios y redes sociales, recolectados en seis países: España, México, EE.UU, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Al respecto, Incalcaterra expresó: “El GIE dejará un legado importante que estará vigente para las víctimas y sus familiares. Es un archivo construido con independencia y autonomía”.

Pese al acuerdo de colaboración suscrito el 30 de mayo pasado, el gobierno de Nicaragua no ha apoyado al GIEI, no le dio acceso a los expedientes que lleva el Ministerio Público, tampoco a las autopsias, ni entrada a los juicios ni a las cárceles. Así mismo, no respondió a ninguno de los requerimientos del Grupo ni a las invitaciones a reuniones. Diecinueve instituciones estatales no asistieron a un encuentro informativo sobre reparaciones, estándares internacionales y prácticas comparadas sobre la materia. Tampoco les permitieron entrevistar a familiares de policías muertos o con policías heridos.

Adicionalmente, la labor del GIE fue obstaculizada por la continuidad de la violencia institucional que ha causado que las víctimas, familiares y otras personas de la sociedad, tengan miedo a sufrir represalias y criminalización. Muchas familias fueron obligadas a firmar actas renunciando a la investigación como condición para entregarles los restos de sus seres queridos.

De acuerdo al GIEI, la violencia institucional ha obligado a muchas personas a salir del país, y las secuelas de la misma han afectado significativamente la vida cotidiana de las víctimas y sus familiares. Resalta especialmente el impacto en los niños y niñas, quienes además de sentir un miedo que los paraliza, les impide continuar estudiando, salir a la calle y les obstaculiza el sueño.

Prevalece la desconfianza hacia el Estado entre familiares de las víctimas

Señala el GIE que existe desconfianza de las víctimas y familiares en los encargados de las investigaciones y el juzgamiento de los responsables de la violencia, por lo que muchas familias ni siquiera han denunciado porque no creen en el sistema judicial. Otras personas que se han acercado al Ministerio Público, son requeridas de pruebas.

Los expertos reiteran que existe un uso desproporcionado de la fuerza por lo cual muchas personas resultaron muertas o heridas; y que está demostrado que las fuerzas policiales actuaron en connivencia con grupos para-estatales para reprimir las protestas. Pese a las pruebas de ello, no hay ninguna información ni sentencia contra policías o personas que hayan actuado en coordinación con la policía.

El convenio de permanencia en Nicaragua del GIEI finaliza en diciembre y aunque es necesario que continúe su trabajo, no se avizora que el gobierno se lo renueve, en vista de su aversión a los organismos internacionales de Derechos Humanos. Se recuerda que el personal en Managua de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (Oacnudh), prácticamente fue sacado del país. ¿Pasará lo mismo con el GIEI después de este informe igualmente devastador para la dictadura Ortega-Murillo?