GIEI propone Fiscalía Especial ante falta de independencia del sistema penal

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó su segundo informe en marco del "Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Nicaragua para la investigación de los hechos de violencia acaecidos en el periodo del 18 de abril".

El informe señala que durante estos cuatro meses el trabajo del GIEI ha sido complejo y difícil, ya que el hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación del GIEI y continúe a la fecha, es una seria limitación para el trabajo que le ha sido encomendado, así como el miedo reinante entre las víctimas, sus familiares y personas de la sociedad en general a sufrir represalias y criminalización por expresarse y ejercer sus derechos. 

                                

Ante la falta de cooperación de parte del Estado de Nicaragua con el GIEI, la metodología de trabajo tuvo que adecuarse. “El GIEI no recibió ni la colaboración, ni la facilitación de las autoridades nicaragüenses, especialmente del Ministerio Público. Frente a ello, tuvieron que implementar una metodología basada en la recopilación de información de fuentes abiertas y en el análisis de la documentación oficial provista por víctimas y familiares y otras fuentes reservadas”, dice el informe.

El GIEI examinó documentos, videos, fotografías, artículos periodísticos, material de los medios y de las redes sociales. La información fue recopilada por el GIEI en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México y España, entre otros países, mediante entrevistas directas a víctimas, familiares y otras personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes indicó que para analizar la respuesta y el alcance de la responsabilidad del Estado y elaborar un plan integral de reparaciones, invitaron al gobierno para presentarle los contenidos, pero no respondió la invitación ni se presentó a las reuniones. Aun así, el GIEI presentará al Estado nicaragüense una propuesta de Plan Integral de Reparaciones.

El GIEI lamentó el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y añadió que esto se agrava por la negativa del gobierno de reconocer su condición de víctima y estigmatizarlas. Igualmente, expresa su preocupación por el reclamo de muchas de las personas consultadas, a las cuales el gobierno ofreció "reparaciones" a cambio de que los familiares de la víctima no presenten denuncias ante el sistema de justicia. Tampoco se puede dejar de mencionar el sufrimiento de miles de personas que han tenido que abandonar el país, separarse de sus familias y enfrentar las penurias de vivir en precariedad, señala el informe.  

El GIEI resaltó el impacto de la violencia en los niños y niñas e identificó entre las principales secuelas el miedo que los paraliza, les impide continuar estudiando, salir a la calle, y les produce problemas para conciliar el sueño.

El GIEI también constató la falta de acceso de muchas personas heridas a una debida y oportuna asistencia médica por parte de profesionales e instituciones públicas de salud. Igualmente, constató un gran número de casos en los que el Estado no cumplió con su deber de realizar autopsias, medida fundamental para esclarecer los hechos. “Muchas familias fueron obligadas a firmar actas renunciando a la investigación como condición para entregarles los restos de sus seres queridos”, expresa el informe del GIEI.  

La desconfianza de las víctimas y familiares en las autoridades encargadas de las investigaciones y el juzgamiento de los responsables de los graves hechos de violencia evidencian la falta de transparencia, independencia y autonomía de las instituciones encargadas de restablecer la justicia. Muchas familias ni siquiera han interpuesto denuncias porque desconfían del sistema judicial. Otras, que se han acercado al Ministerio Público no han recibido respuestas acordes a su calidad de víctimas y en muchos casos, se les ha indicado que ellos debían traer las pruebas.

“Los operativos policiales incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza que puso en serio riesgo la vida y la integridad física de gran número de personas, muchos de los cuales resultaron muertos o heridos”, concluye el GIEI. El informe señala que se ha probado que las fuerzas policiales actuaron en confabulación con grupos para-estatales para controlar, dispersar y reprimir las protestas. “A pesar de las numerosas imágenes que dan cuenta del abuso de la fuerza por parte del Estado, no se ha informado que exista ninguna investigación o sentencia contra policías o contra personas que hayan actuado de manera coordinada con la policía”.

El GIEI denunció que ha avanzado en la implementación de su mandato sin contar con el apoyo del Estado nicaragüense, el cual no ha facilitado información oficial a los distintos requerimientos.  El Estado ha obstaculizado y prohibido el acceso a instituciones públicas en violación al acuerdo firmado entre las partes. Igualmente, no ha dado curso a la solicitud del GIEI de facilitar el acceso a entrevistas con familiares de policías asesinados o con policías heridos.

El pasado 17 de octubre el GIEI remitió una comunicación a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Gobierno de Nicaragua y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde dejó asentada "la falta de disposición por parte del Gobierno de Nicaragua en relación con los compromisos adquiridos en el citado Acuerdo, al evidenciar que el Gobierno: no ha colaborado con el GIEI a los efectos de dar acceso a los expedientes; no ha brindado ninguna respuesta a las comunicaciones enviadas; no le ha permitido reunirse con las instituciones del Estado con competencia en las investigaciones y causas penales con motivos de los hechos comprendidos en el mandato del GIEI; no ha podido reunirse con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua; no se le otorgó copias ni se ofreció un mecanismo alternativo para acceder a los expedientes judiciales. El Gobierno de Nicaragua, tampoco ha entregado información sobre Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018".

El GIEI consideró que, ante la demostrada ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia. La Fiscalía Especial debería ser creada mediante una ley o conforme lo contempla el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, como forma de "garantizar la independencia de los Fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal". Para el GIEI, la Fiscalía Especial debe reunir las condiciones de autonomía e independencia conforme los estándares internacionales y ser dotada de fiscales debidamente seleccionados que gocen de un prestigio indudable y del consenso de la mayor parte de los sectores de la sociedad civil nicaragüense. El GIEI ofreció su disponibilidad y asesoría técnica para facilitar la creación de esta Fiscalía Especial.

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