Múltiples violaciones de derechos a presos políticos

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El Comité Pro Liberación de Presos Políticos y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunciaron múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los Sistemas Penitenciarios La Modelo y La Esperanza.

Un total de 558 personas están privadas de libertad, de las cuales 512 son hombres y 43 mujeres. 375 personas están siendo procesadas, 345 hombres y 27 mujeres. Hay 36 personas condenadas, 31 hombres y cinco mujeres; 13 personas tienen casa por cárcel, detalló Azahalea Solís, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.  

En la denuncia, las personas del Comité Pro Liberación de Presos Políticos detallan que no se les ha permitido la hora recreativa en el sol, sólo les dan visitas de 45 minutos una vez al mes, a través de un cristal y por bocina telefónica intervenida, lo cual impide la privacidad.

También describieron las pésimas condiciones de las celdas, ya que no poseen camas, ventilación ni iluminación y se encuentran húmedas debido a las lluvias.

Asimismo, las personas privadas de libertad han sido sometidas a aislamientos, no se les permite hablar con otros privados de libertad, además de las constantes amenazas y torturas psicológicas y físicas.

“El agua y los alimentos  proporcionados por el sistema penitenciario son insalubres. El ingreso de alimentos y líquidos es limitado y los medicamentos que ingresamos con receta médica no son entregados, esto impacta directamente en la salud de nuestros familiares, que se ha visto seriamente deteriorada”, señala el pronunciamiento.  

También explicaron que varias de las personas privadas de libertad padecen diabetes, presión arterial, infecciones renales y en la piel, gastritis, hongos en los pies, ataques epilépticos, ansiedad, depresión, insomnio e incluso se han documentado casos de aborto a causa de las condiciones precarias en las que se encuentran.

El movimiento “Facultades Organizadas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua)”, denunció recientemente que María Alejandra Castillo García sufrió un aborto cuando estuvo la cárcel. La joven fue presentada como “terrorista” a finales de septiembre y la acusaron de participar en el incendio del CDI y preescolar Arlen Siú. El jueves 20 de octubre de 2018, fue llevada de emergencia a un hospital de Managua, luego de 15 días de sufrir sangrado en la cárcel, la Policía se opuso a la realización del legrado.

Cuando María Alejandra llegó al hospital “fue diagnosticada con un aborto incompleto y le programaron para el día 19 de octubre, un legrado, que no fue realizado porque la Policía obligó a Alejandra a dejar el hospital, y se negaron a que recibiera la atención de salud pertinente”, indicaron los estudiantes.

Posteriormente, María Alejandra fue liberada por temor de las autoridades a que se muriera en la cárcel, denunció el Comité Proliferación de Presos Políticos.

El pasado 05 de octubre la estudiante de Comunicación Elsa Valle denunció que fue obligada a abortar mientras estuvo prisionera. No obstante, el aborto en Nicaragua está totalmente penalizado desde 2006, con los votos de los diputados del régimen Ortega-Murillo. Ortega ha mantenido una feroz persecución contra las mujeres que han decidido abortar y contra el personal médico que las atienda, pero ha callado ante las denuncias de las prisioneras políticas obligadas a abortar.   

El infiernillo de La Modelo

Familiares de los presos políticos alertaron que en la cárcel del Infiernillo, a tres kilómetros de las celdas comunes de La Modelo, están recluidas alrededor de 16 personas en condiciones infrahumanas, atados con grilletes, cadenas con esposas que unen manos, cintura y pies, un calor insoportable y condiciones de salud deplorables.

“Demandamos a las autoridades del sistema penitenciario que Medardo Mairena, Pedro Mena, Christian Fajardo, Yubrank Suazo, Rodrigo Espinoza, Carlos Bonilla, Carlos Brenes, entre otros,  sean sacados de ese lugar y se les respete sus derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha observado con preocupación la persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social, así como la criminalización de personas que participaron en las diversas formas de manifestación pacífica contra el Gobierno de Nicaragua, desde el pasado 18 de abril.

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos y la Alianza Cívica exigieron se respeten sus derechos humanos y sean valorados por personal médico especializado, se cumplan los dictámenes médicos y se les brinde la atención necesaria. Añadieron que seguirán exigiendo la libertad de los presos políticos y trabajando para que se respeten sus derechos humanos, hasta que pare la criminalización, la captura, la judialización arbitraria contra manifestantes.

“Tener una cantidad de personas como presas políticas, como presas de conciencia, no ayuda para nada a tener un ambiente de paz y seguridad”, manifestó Azahalea Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

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