Más de cien nicas con medidas cautelares de la CIDH

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares para proteger los derechos de más de un centenar de mujeres y hombres nicaragüenses, en el marco de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

La CIDH ha emitido 23 resoluciones para proteger en forma directa a 114 personas que se encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos humanos, y en muchas de ellas, ha solicitado proteger a sus familiares.

Entre las últimas resoluciones de la CIDH a partir de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), destacan:

·         El 17 de julio de 2018 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rodrigo Alejandro Rodríguez Argüello, Katherine Manuela Estrada Téllez y sus familiares. La solicitud alega que los beneficiarios se encuentran en riesgo por sus labores desempeñadas en el seno del Movimiento 19 de Abril-Carazo y su participación en las protestas.

·         El 25 de julio de 2018 la CIDH brindó medidas cautelares en favor de María Nelly Rivas Blanco y su núcleo familiar. Se encuentran en riesgo por presuntas amenazas, seguimientos y hostigamientos de los que es objeto en el marco de su participación en el “Diálogo Nacional” por la empresa privada y por ser integrante de la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”.

·         El 25 de julio de 2018 la misma instancia adoptó medidas cautelares a favor de Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero (vicecoordinador Movimiento 19 de abril en Masaya), Yubrank Miguel Suazo Herrera (del Movimiento 19 de abril en Masaya), Daniery Emanuel Rodríguez Espinoza (del Movimiento 19 de abril en Matagalpa), Yaritzha Juddyth Roustrán Mairena (Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia), Joselyn Andrea Urbina Corea (Coordinadora Universitaria), Levis Josué Artola Rugama (vocería de la “UNAN” y de la Coordinación de Trabajos con Organismos de DDHH) e Inés Ramos López (sector laboral y miembro de la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” ante el Diálogo Nacional), y sus familiares. Las personas beneficiarias se encuentran en riesgo por presuntas amenazas de muerte, seguimientos y hostigamientos.

·         El 3 de agosto de 2018, la CIDH brindó medidas en favor de Michael Edwing Healy Lacayo, José Adán Aguerri Chamorro, Felipe Argüello Agüero, Álvaro Javier Vargas Duarte, Claudia Neira Bermúdez, Juan Sebastián Chamorro y Juan Carlos Gutiérrez Soto, así como sus familiares. La solicitud alega que son participantes por el Sector Privado de la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” y han sido objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y represalias, incluyendo en uno de los casos el incendio de su casa habitación y negocios.

·         El 8 de agosto de 2018, se dictó medidas en favor de Adelaida Sánchez Mercado, Braulio José Abarca Aguilar, Meyling Johana Gutiérrez Pérez, Glenda María Arteta Arauz, y Haydée Isabel Castillo Flores, así como sus núcleos familiares. Las personas beneficiarias están en riesgo por motivo de sus labores de defensa de los derechos humanos.

·         El 10 de agosto de 2018, la CIDH concedió medidas cautelares en favor de Daisy Reymunda George West, Juan Carlos Ocampo Zamora, Reverendo Marvin Hodgson, y sus núcleos familiares. La solicitud alega que están en riesgo por su participación en el Diálogo Nacional como delegación de la Costa Caribe y ser integrantes de la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”.

·         El 15 de agosto de 2018, la CIDH benefició con medidas cautelares a Nahomy Doris Urbina Marcenaro y su núcleo familiar.  La beneficiaria, conocida como “La Masha”, recibió amenazas contra ella y su familia a través de diversos medios de comunicación, siendo agredida en una oportunidad, como consecuencia de su participación en protestas.

·         El 23 de agosto de 2018, la CIDH aprobó medidas cautelares en favor de Cristian Ernesto Medina Sandino y los miembros de su núcleo familiar, en Nicaragua. Cristian Ernesto, rector de la Universidad Americana en Managua, se encuentra en riesgo por presuntas amenazas en su contra. Asimismo, por haber tenido un rol visible en el marco de la muerte de la estudiante brasileña Rayneia Lima, quien estudiaba medicina en la UAM.

·         El 7 de septiembre de 2018 la CIDH adoptó medidas a favor de Bismarck de Jesús Martínez Sánchez. La hija del beneficiario, luego de cincuenta días que hubiera sido secuestrado por un grupo armado, la solicitante vincula a un tranque en Jinotepe. Según la solicitud, tras haberse interpuesto una denuncia el 1 de julio de 2018 ante la policía, y habiendo una acusación fiscal, no se tendría información sobre su paradero. Previo a las medidas cautelares, la CIDH solicitó información al Estado de Nicaragua el 24 de agosto de 2018, sin recibir respuesta.

·         El 17 de septiembre de 2018 la CIDH adoptó en su Resolución 70/2018 medidas cautelares a favor de Yerling Marina Aguilera Espinoza, Jessica del Socorro Cisneros Poveda, Ana Otilia Quirós Víquez, Francisca Amanda Centeno Espinoza, María Elena Rivera Cáliz, Martha Eugenia Munguía Alvarado, Shakira Simmons Obando, María del Carmen Castillo Meneses, Petrona Pérez Varela, Leonila Amparo Arguello Chavarría, Orlenda Junieth Cruz Ruiz, Jennipher Diana Ellis Williams, Reyna Isabel Rodríguez Palacios, Juana Antonia Jiménez Martínez, Azahalea Isabel Solís Román, Maritza García Sevilla, y Juana Mercedes Reyes Pérez, así como sus núcleos familiares. Según la solicitud, las beneficiarias son defensoras de derechos humanos y son objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y actos de violencia en el marco de sus labores. La Comisión observó que los eventos de riesgo informados estarían relacionados con la condición de mujeres de las beneficiarias y en algunos casos estarían motivados en su orientación sexual.

La Comisión instó al Estado de Nicaragua a implementar de manera efectiva e inmediata las medidas cautelares otorgadas ante la información recibida por el MESENI, según la cual, personas beneficiarias de medidas cautelares continúan siendo objeto de actos de violencia y hostigamiento.

La CIDH ha sido informada que incluso algunas personas beneficiarias han tenido que desplazarse fuera del país en vista de su riesgo. La CIDH reiteró que tal y como ha sido indicado en las resoluciones adoptadas, el Estado debe asegurar tanto que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las y los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros.

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