Diálogo sí, pero con garantes internacionales independientes

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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia manifestó que el diálogo nacional sigue siendo una vía para encontrar una salida pacífica a la crisis actual que vive Nicaragua, pero después de los últimos acontecimientos, seguir dialogando sólo será posible si se cumplen las condiciones planteadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN y si se cuenta con garantes internacionales independientes.  

                       

El comunicado, transmitido por Facebook Live, señala que las movilizaciones multitudinarias en Managua y otras ciudades del país, en el día de las madres, refleja el clamor de miles de nicaragüenses por el restablecimiento de la justicia y la democracia.

La alianza llamó a intensificar las protestas cívicas y pacíficas, intensificar y organizar la lucha por la autonomía universitaria, reforzar y aumentar los tranques y plantones, así como denunciar los tranques organizados por el régimen Ortega-Murillo y reforzar los centros de acopio de medicamentos, donaciones de sangre y alimentos.

Recibieron con beneplácito la resolución del parlamento europeo y del congreso de Costa Rica que condenan los actos de represión. Asimismo, exigieron que se permita la presencia del alto mando de las Naciones Unidas para la Relatoría de Derechos Humanos y asegurar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH), programar el calendario de visitas y cesar inmediatamente la represión.

Integrantes de la Alianza reconocieron que en su momento aceptaron ir al diálogo nacional, a pesar de que no había condiciones ni voluntad política del régimen, lo cual se expresa en el tiempo perdido en discusiones estériles sin entrar a los temas torales del diálogo como es la justicia y la democratización del país.  

“Estas protestas surgieron y tienen como único objetivo construir un país de verdad con paz, democracia y justicia, sin mentiras, sin engaños, sin manipulación y sin represión. El intento del régimen de deslegitimar y criminalizar esta protesta es una clara violación a los derechos de libertad de expresión y libre movilización y hacemos responsable al Gobierno por cualquier acto de represión que tenga su origen en dichas amenazas”.  

Este deseo de cambio y de construir un país democrático por la vía pacífica y mediante el diálogo han tenido como respuesta de parte del régimen la peor masacre en tiempos de paz, que ha dejado más de 100 muertos, más de 1000 mil heridos, miles de detenidos, cientos de torturados y desaparecidos, censura a medios de comunicación y de otros actos de intimidación y acoso.

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