Cenidh confirma 45 personas asesinadas durante protestas en Nicaragua

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En conferencia de prensa, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció las graves violaciones a los derechos humanos por parte de grupos afines al gobierno nicaragüense y la Policía Nacional. El Cenidh confirmó la muerte de 45 personas, además de  400 personas lesionadas, detenciones ilegales y desapariciones.      

                           

El Cenidh valoró que Nicaragua enfrenta una situación de gravísimas violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, violación del derecho a la integridad física, libertad individual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, constitutivos de tortura, física y psicológica; derecho a la manifestación, a la libertad de movilización, derecho de petición, a la libertad de expresión, derecho a informar y recibir información y el derecho a defender derechos.

El CENIDH condenó enérgicamente las agresiones y asesinatos y exigió que no queden en la impunidad, puesto que los principales autores materiales e intelectuales están plenamente identificados. “Ellos son: El Presidente Daniel Ortega y su esposa, la Vice Presidenta Rosario Murillo, quienes impulsaron y orientaron la represión y forma de actuar de las fuerzas de choque, compuestas por jóvenes de la Juventud Sandinista, miembros del partido FSLN, motorizados, específicamente organizados con el fin de reprimir y que en su conjunto actúan como fuerzas paraestatales con métodos paramilitares, consentidos, apoyados y secundados por diferentes unidades de la Policía, que actuaron al margen de la Ley en la forma ya descrita. La cadena de mandos comenzando por la Primera Comisionada Aminta Granera y el Comisionado Francisco Díaz, Segundo jefe de dicha institución, son también directamente responsables de estos crímenes, cuyas consecuencias letales aún están por cuantificar, teniendo en cuenta que aún hay heridos graves en los hospitales y personas desaparecidas”.

El Cenidh agrega que al utilizar armas de fuego en contra de los manifestantes desarmados, incurrieron en “ejecuciones ilegales” como lo valoró en su primer comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Para el Cenidh, el gobierno con su actuar represivo ha acumulado malestar y rechazo en la población debido a los intentos precipitados de cerrar los espacios de participación y la imposición de políticas inconsultas como lo fue la reforma a la seguridad social, donde ni siquiera tomaron en cuenta a los empresarios privados, principales interlocutores del Gobierno.

Entre otras acciones precipitadas y provocativas destacan: el anuncio de control de redes sociales y consulta amañada para reforma de las leyes de familia; atención tardía al incendio forestal de la reserva Indio Maíz y criminalización de la protesta derivada de este hecho.

Los hechos mencionados por el Cenidh fueron los detonantes que revivieron los históricos reclamos encabezados por estudiantes universitarios y de otros centros de estudios que supieron dar forma a los legítimos reclamos de una población cansada de tantos abusos de poder, en todas sus formas.

Ante esa realidad, el Cenidh consideró que la ampliación de las demandas y la generalización de las protestas, están legitimadas con un generalizado rechazo social a la forma autoritaria de gobernar del Presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la que ha sido durante más de 10 años claramente violenta y represiva, valiéndose de las fuerzas policiales y de la fuerza militar.

“Tardíamente y con los subterfugios y mentiras que le caracterizan, Daniel Ortega se ha visto obligado a atender el histórico llamado a un diálogo nacional que desde el 21 de mayo de 2014 le plantearon los señores Obispos de la Conferencia Episcopal. Dicha demanda, ha sido también sentida y planteada por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense; pero lejos de escuchar, Ortega sigue en su afán de querer controlarlo todo y limitar los alcances del contenido del actual diálogo que se ha visto obligado a aceptar, sin dar la más mínima señal de rectificar; por el contrario, sigue impulsando y manteniendo una atmosfera de zozobra y desconfianza, tratando de ganar tiempo y arriesgando la posibilidad de que el mismo dé los resultados esperados”.

Además del diálogo, el Cendih considera que Daniel Ortega debe tomar otras medidas inmediatas y complementarias frente a la crisis a la que ha llevado al país, siendo difícil avizorar soluciones institucionales inmediatas porque ha destruido la institucionalidad.

Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, descartó que haya una salida jurídica  y  tampoco el adelanto de las elecciones generales representa una solución de la crisis.  “Quienes podrán presentar una salida sucesoria: Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República y Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, son igual de responsables de todo lo que ha ocurrido. Adicionalmente, no es viable pensar en anticipar las elecciones como solución del problema, pues ninguna garantía ofrece el actual sistema electoral”, dijo Núñez, con un tono contundente.  

El Cenidh ve con agrado que, “la CIDH haya emitido un comunicado el pasado 24 de abril condenando la violencia y haciendo un llamado a la investigación pronta y exhaustiva de los responsables, además expresando su voluntad de realizar una visita formal al país”.

También reiteró la petición que han formulado a la CIDH: “realizar una investigación independiente e imparcial de los asesinatos, desapariciones, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos, y que los responsables materiales e intelectuales sean juzgados y sancionados. Para tales efectos les pedimos que impulsen, con otros órganos del sistema universal de derechos humanos una Comisión de la Verdad que cuente con participación de actores internacionales y nacionales independientes”.

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