CIDH instala Sala de Coordinación para monitorear la situación de Nicaragua

Frente a los graves hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en el 168 Período de Sesiones en República Dominicana, anunció la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para dar especial atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua, informó el organismo.

La CIDH mostró su preocupación por la respuesta estatal a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas, así como la respuesta del Estado en relación con las manifestaciones. En este sentido, la CIDH reiteró de manera urgente su solicitud de anuencia al Estado para la realización de una visita a Nicaragua.  

El Estado respondió a través de una misiva del 1 de mayo de 2018, en la cual solicitó a la CIDH aguardar el avance de los procesos internos. El Estado informó que el Presidente ha realizado una convocatoria a un Diálogo Nacional abierto a todos los sectores sociales, y que la Asamblea Nacional ha dispuesto la creación de una “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”.

La CIDH manifestó que ha recibido información acerca de la solicitud de los estudiantes de que la Comisión de la Verdad sea establecida en forma independiente y autónoma, y no en el marco del Poder Legislativo. La Comisión expresó su preocupación por la falta de credibilidad que la ciudadanía nicaragüense tiene en la Comisión de la Verdad y en la conducción de las investigaciones. Asimismo, enfatizó la importancia de que el diálogo que se establezca sea inclusivo y creíble por parte de todos los sectores, y reiteró su disposición a apoyar el proceso, en el marco de su mandato y funciones.

En cuanto a la investigación y sanción de los responsables, el Estado nicaragüense informó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha conformado un Comité de Víctimas para recibir las denuncias, investigar, determinar responsabilidades y establecer los castigos y las reparaciones que establece la ley. Asimismo, el Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre los hechos relacionados a la muerte de estudiantes, policías y civiles, así como otros delitos, dijo la CIDH.

A la luz del reclamo que la sociedad civil y los estudiantes han manifestado ante las propuestas del Estado, y en cumplimiento de su mandato, la CIDH reitera de manera categórica y urgente su  solicitud de anuencia para la conducción de una visita de trabajo con el fin de verificar los hechos acontecidos, así como las medidas adoptadas para la protección y garantía de los derechos humanos en el país. De acuerdo con su mandato, la CIDH observa que Nicaragua se ha cerrado al escrutinio internacional en materia de derechos humanos desde hace años. En el sistema interamericano, se ha ausentado de las audiencias públicas desde el 2016, y en diciembre de 2017, el Gobierno nicaragüense no autorizó el viaje de una integrante de la Comisión para realizar una visita de carácter promocional.  Frente a las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente en materia de derechos humanos, la CIDH hace un llamado al Estado de Nicaragua a abrirse al escrutinio internacional, lo cual contribuirá al establecimiento de un diálogo constructivo en Nicaragua. 

La CIDH da cuenta de al menos 43 personas asesinadas, cientos de personas heridas, y varias detenidas, en un contexto de ataques de supuestos grupos simpatizantes del gobierno y del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional. La nota de prensa agrega que la CIDH recibió información que algunos de los familiares de las personas fallecidas durante las protestas fueron obligados a no presentar denuncias a cambio de entregarles los cuerpos.  

El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo: “La CIDH recibió información que indica que en este contexto las personas defensoras de derechos humanos están siendo objeto de agresiones, amenazas y hostigamientos. La CIDH recuerda que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción y fortalecimiento de una sociedad democrática sólida y duradera. De allí que el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático dependa, en gran medida, de las garantías efectivas y adecuadas que gocen las defensoras y defensores para realizar libremente sus actividades”.