No más defensoras asesinadas ni agredidas

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En más de una ocasión les han llegado a dejar papeles debajo de la puerta advirtiéndoles. Más de algún fanático partidario les ha llamado agentes del imperio, vagas o infiltradas. Pero hay una cosa clara, “si tocan a una, responden todas”.    

Durante el II Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, realizado los días 02 y 03 de febrero del 2018 en Matagalpa, Nicaragua, compartieron sus experiencias, analizaron el contexto de país y los obstáculos y avances de su trabajo en los diferentes municipios.

“El acceso a la justicia para la población afro es difícil y es ahí donde la población afro ha decidido no seguir con los procesos”, cuenta Perla Wilson, enlace territorial de la Red de Mujeres Afro en Bluefields. Ella tiene doce años en la defensoría. Además del acompañamiento a víctimas de violencia, da seguimiento a casos de mujeres y chavalos afro que han sufrido discriminación racial.

Perla Wilson lamenta que cuando han querido coordinar actividades con algunos integrantes del concejo municipal, se difícil.

“Nos hicimos rebeldes como nos dicen, porque no fuimos tomados en cuenta para una concesión minería en San Albino”, narra Luisa Rodríguez quien llegó de la Comunidad de San Albino, municipio de El Jícaro, Nueva Segovia. Su bandera de lucha es que su territorio esté libre de minería industrial. “Nosotros defendemos agua, territorio, tierra y todo lo que es bosque”.

Rodríguez no está sola en esa lucha, en el municipio minero de Santo Domingo, Chontales, Sara Margarita Zavala Hernández, denuncia activamente los problemas que ocasiona a su territorio la minería industrial. “Nuestra lucha ha sido con las empresas que se han venido a posesionar del territorio dejando graves consecuencias tanto en el ambiente como en las familias, nos está dejando despalado los cerros, los ríos están secos y las familias más pobres porque se llevan la riqueza”.

Margarita menciona con ironía. “Hace quince días la empresa hizo una consulta, pero ellos ya hicieron el túnel y hasta después viene con la consulta, consulta que no se dio porque la población los sacó y no dieron el aval de legalidad”.

Entre las más de noventa defensoras que participaron en el II Encuentro estaba Zenelia Sequeira de la colonia La Fonseca, Nueva Guinea. A su juicio, mientras no se derogue la Ley 840 continuará defendiendo la tierra donde cosecha para la sobrevivencia. Su compañera de lucha, Marina de Jesús Castillo Castillo de La Fonseca, Comarca Nuevo Delirio, agrega que la lucha por la derogación de dicha ley corresponde a todas las personas.

El informe “Situación de las Defensoras de los Derechos Humanos en Nicaragua” revela que desde el 2015 al 2017 se han registrado más de 389 agresiones hacia defensoras. 

“El órgano que más nos reprime es la policía, cuando nosotros queremos manifestarnos ante estas situaciones socioeconómicas y ambientales, somos reprimidas, nos están esperando en los tranques para que no participemos de una marcha”, explica Margarita Zavala.  

A la policía, se suma la familia de los victimarios, el gobierno que vende concesiones y los alcaldes municipales, como órganos represores, dice Luisa Rodríguez. “Las empresas transnacionales llegan a dañar nuestros territorios porque se lo permiten”.

Las defensoras del territorio han enfrentado no solamente la criminalización de su labor sino que han sido asesinadas, tal es el caso de Zeledonia Salazar Point originaria de Waspam en la Costa Caribe Norte, quien había recibido medidas cautelares junto a su comunidad por parte dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Entre los resultados del II Encuentro, se publicó un comunicado donde denuncian la campaña de desprestigio y difamación, emprendida contra las defensoras de la tierra, el lago y la soberanía, Francisca Ramírez y Mónica López Baltodano; las acciones policiales contra el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI) en Santo Domingo, Rancho Grande, San Albino y La India, que pretenden impedir el derecho a la movilización; y la ausencia de respuestas del Estado ante las demandas de pueblos indígenas y afrodescendientes por el saneamiento de sus territorios.

Asimismo, demandan el cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Naciones Unidas sobre Protección de las Defensoras de los Derechos Humanos y las personas defensoras de los derechos de las mujeres.

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