¡Paren la violencia!

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Onda Local entrevistó Juan Carlos Arce, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Matagalpa, con relación a los hechos de violencia en el municipio de San Dionisio, departamento de Matagalpa. Arce manifestó que el Comisionado Mayor Martín Solórzano le confirmó, vía telefónica, que las personas detenidas en San Dionisio, fueron traslados al Chipote, cárcel de máxima seguridad ubicada en Managua.

Teódula Orozco Ocampo, madre de Elmer Pérez Orozco, de 26 años de edad; María Sánchez Acosta, esposa de Juan Pastor Orellana Flores y madre de Bismark Antonio Orellana Sánchez, de 58 y 17 años respectivamente; Martha Herenia Espinoza Ramos madre de Richard Alberto Espinoza de 24 años; confirmaron que un policía de San Dionisio les dijo que nada tenían que hacer allí porque los presos habían sido trasladados a las 5 de la mañana al Chipote.

Lo ocurrido el 31 de octubre en San Dionisio, durante el cierre de campaña del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), donde centenares de participantes llegaron hasta las instalaciones del Consejo Electoral Municipal (CEM) a protestar por las irregularidades en el proceso, como la negativa del Consejo Supremo Electoral (CSE) de acreditar a 13 miembros de centros de votación que serían sustituidos por suplentes de manera oficiosa, provocó la toma de dichop edificio, agresiones físicas a funcionarios públicos y violencia.

En la madrugada del día siguiente, 01 de noviembre, policías de las fuerzas especiales tumbaron puertas y apuntaron con sus armas de fuego en más de una decena de viviendas del caso urbano de San Dionisio con la finalidad de detener a miembros del PLC. Todo ocurrió sin orden judicial y fuera del horario establecido. Un equipo del CENIDH encabezado por Juan Carlos Arce recabó testimonios de familiares de los detenidos y entrevistó a miembros del PLC, así como a funcionarios policiales.    

Varias personas heridas en distintos niveles de gravedad, daños al edificio y mobiliario del CEM, son parte del saldo. Estos hechos reafirman lo planteado recientemente por el Cenidh, que no existen condiciones que garanticen que la ciudadanía elija libremente a sus alcaldes y concejales. Tampoco hay indicios de que se respetará la voluntad popular que se exprese en las votaciones. La falta de transparencia y  las pretensiones de control absoluto de los órganos electorales municipales constituye el acicate de la indignación popular que da cabida a estos hechos.

El Estado de Nicaragua debe asumir su responsabilidad y no seguir propiciando escenarios de violencia, precisó Juan Carlos Arce.

 

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